En Veracruz los penales enfrentan problemas de autogobierno y cogobierno, en la que los internos realizan actividades de seguridad y vigilancia; hay hacinamiento, son víctimas de violencia y corrupción que los lleva a pagar hasta por recibir medicamentos, y en muchos casos la espera de sentencia se prolonga por más de un año.
La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela las condiciones en dos penales considerados como “de interés”; se trata del Centro de Readaptación Social (Cereso) Dupont-Ostión en Coatzacoalcos y el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) en Villa Aldama, en donde los internos revelaron sentirse inseguros.
El Inegi señala que el 82 por ciento de los internos tiene más de un año esperando sentencia, lo que lo ubica en el quinto lugar a nivel nacional con los mayores periodos de espera. En el Cereso de Coatzacoalcos el 86.3 por ciento de su población está en esa condición y en el Cefereso de Villa Aldama es el 96.6 por ciento de sus internos.
En promedio, en los dos penales analizados el 63 por ciento de sus más de 8 mil internos afirmaron ser víctimas de violencia psicológica realizada o permitida por policías o autoridades tras su detención; el 49.4 por ciento sufrió agresiones físicas tras la detención y antes de llegar al Ministerio Público. La cifra es mayor al promedio nacional de 48.6 por ciento de los internos.
La encuesta, que se realizó este año, señala que apenas 58.2 por ciento de los internos fue informado sobre la acusación en su contra al momento de la detención. Y a nivel general, el 34,5 por ciento declaró haber sido engañado para echarse la culpa y aceptar hechos falsos ante el Ministerio Público.
El 22.3 por ciento fue golpeado o maltratado para inculpar a alguien más y el 18.2 por ciento rindió o firmó una declaración de culpabilidad por recibir presiones o amenazas.
Cabe destacar que en el caso de los dos penales en Veracruz, el 27.4 por ciento de sus internos afirmaron que recibieron presiones o maneras para declararse culpable; la cifra es mayor que el promedio nacional del 18.2 por ciento.
Además, a nivel nacional el 72 por ciento de los internos está sentenciado y de esa cifra el 39 por ciento tiene una condena mayor a los 21 años; en el caso de Veracruz, el 38 por ciento de las personas en Ceresos sigue todavía en el proceso judicial, a pesar de que el promedio nacional es del 27.8 por ciento.
Incluso, aunque hay ya personas sentenciadas en penales de Veracruz, la encuesta revela que el 63.5 por ciento tardaron más de un año en obtener sus sentencia; esto muestra que en Veracruz hay una mayor población con esperas mayores a un año, pues el promedio nacional fue de 48 por ciento.
A los penales en Veracruz tampoco les fue bien en el análisis de las condiciones de sus internos, pues al menos 33 por ciento señaló que comparte celda con más de cinco personas. A ello se suma que la separación entre internos sentenciados y procesados no se cumple a cabalidad, pues solo el 63 por incito de los internos afirmó que se realizaba.
De manera global el 5.8 por ciento de las mujeres internas en penales del país tienen menores de 12 años viviendo con ellas y al menos el 22 por ciento ha tenido que pagar por bienes o servicios al interior del penal, mayormente relacionados con la entrega de medicamentos.
En cuanto a la inseguridad en los penales de Veracruz, el Inegi advierte que al menos el 10 por ciento de los internos se siente inseguro en su celda y de manera general el 19 por ciento se siente inseguro en el Cereso.
Sobre este tema destaca el de Villa Aldama, pues casi el 20 por ciento de su población se siente insegura al interior de su celda y el 41 por ciento se siente inseguro dentro del penal.
Además, en los penales del estado de Veracruz el 25.3 por ciento de los internos han sido víctimas de delito al interior de estos, y el 33.7 por ciento fue víctima de algún acto de corrupción durante el proceso penal. La mayoría de los actos de corrupción ocurrieron durante la detención y ante el Ministerio Público. A nivel nacional el 36.7 por ciento de las personas privadas de su libertad señalaron que los mismos internos realiza actividades de seguridad, conocida como autogobierno o cogobierno, relacionados con el manejo de llaves de las celtas, la intervención en riñas entre grupos, la asignación de celdas, así como la vigilancia de esta e incluso el cobro por bienes y servicios.
En el caso de Veracruz, el 30.6 por incito de los internos afirmó que hay actividades de autogobierno o cogobierno al interior de los dos penales analizados. Y al menos el 2 por ciento de los encuestados dijo que es probable que cometa un delito al salir de prisión.
