Agencias
De acuerdo con dictamen que se hizo circular a diputados locales, la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXVI Legislatura mantendrá el delito de ultrajes a la autoridad, incumpliendo la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pidió derogar este apartado.
Este domingo se citó a un periodo extraordinario por el que se votarían, entre otros temas, el dictamen por el que se reforma el delito de ultrajes a la autoridad.
El documento, del que se tiene una copia, solo busca derogar dos fracciones la que establece: se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima; y que se realice a través de cualquier otra circUltrajesunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del individuo pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.
No obstante, se mantendrá la penalidad de cárcel si se realiza por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; y que el individuo activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito.
Aunque la CNDH demandó derogar el delito, la mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) insiste en mantener el delito e imponer sanciones de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 40 veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas. Y se agravará, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen las anteriores causales.
El 31 de enero, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez remitió un documento en el que atendió la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que solicitó derogar el delito del código penal.
En la exposición de motivos se dio a conocer que desde el 21 de diciembre del 2021 la CNDH, derivado del expediente CNDH/2021/10689/Q emitió la recomendación 146/2021, en el que le pidió tomar acciones, mediante el accionar del proceso legislativo en el estado, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del código penal para el estado, a fin de prevenir nuevas violaciones o derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esta entidad federativa”, se expone en dicho documento.
Con la propuesta de García Jiménez se busca eliminar en la totalidad el delito, que ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
