El Poder Judicial del Estado se vería colapsado por las personas que están siendo procesadas o estén condenadas por el delito de ultrajes a la autoridad, ya que de derogarse podrían quedar en libertad y absueltas.
El abogado penalista Jorge Luis Lascano Pale detalló que el proceso a seguir, de aprobarse por el Pleno del Congreso local la desaparición de esta figura jurídica, es que se solicite una audiencia ante el juez de control o de ejecución, dependiendo de la etapa del proceso en que se encuentren y pidan el sobreseimiento.
“Es decir, se acabaría el procedimiento porque esa conducta que antes era un delito ahora ya no lo es (hipotéticamente). Eso está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 327, fracción séptima, y en el Código Penal del Estado en el artículo 14, último párrafo. Estos artículos señalan claramente que cuando un delito es derogado y que en ese momento cuando se cometió era un delito, queda sin efecto el procedimiento, si está en proceso, y la sentencia. Y ya está la persona condenada, en el primer caso, tendría el efecto de una sentencia absolutoria o de una libertad sin reservas de ley”, explicó.
Al estimarse que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) son más de mil 33 personas las detenidas por ultrajes a la autoridad, de derogarse ello haría colapsar al Poder Judicial ya que las audiencias para sobreseer el delito se estarían solicitando de manera urgente.
“Va a colapsar al Poder Judicial porque los jueces no solo llevan estos casos, llevan otros procesos. Tienen que fijar audiencia dentro de las primeras 48 horas para que se debata por el defensor o el imputado el sobreseimiento. Todos los colegas que sepan lo que establece el código van a pedir estas audiencias y lo que va a tener que hacer el Poder Judicial es hacerlas conforme a su personal y capacidad de jueces lo permita”.
Aunque la Ley no establece una fecha exacta o plazo para que quienes están siendo procesados bajo esta figura jurídica o tengan ya una sentencia puedan salir en libertad, ya que sería a petición expresa, el litigante especializado en Derecho Penal y Criminología insistió en que habría un colapso debido a que por las restricciones a causa de la pandemia o enfermedad de algunos jueces por covid, “se la va a ver complicada el Poder Judicial”.
Ultrajes a la autoridad como vulneración de derechos humanos
Es de recordar que la figura de ultrajes a la autoridad ya existía en el Código Penal de Veracruz. Sin embargo, en marzo de 2021 el Congreso del Estado avaló una propuesta enviada por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para agregar cuatro fracciones que elevó la pena y por consiguiente no podían obtener su libertad por una suspensión condicional, además.
“Esas fracciones sí atentan contra los derechos humanos porque tan solo la palabra ultrajes queda muy ambiguo y se permite una violación a los derechos de las personas. Por ejemplo, la fracción primera dice que actualmente los ultrajes serán agravados cuando se cometa por uno o más personas armadas o si portan un instrumento peligroso. Un instrumento peligroso puede ser hasta un lapicero”.
Por citar otro ejemplo, mencionó el caso del ex secretario de Gobierno Rogelio Franco, quien fue de los primeros detenidos bajo ultrajes a la autoridad al romper una camisa de un policía ministerial que iba a ejecutar una orden de aprehensión en su contra. Actualmente sigue en prisión.
“Con base en esa reforma se amplió la penalidad que fue de cinco a siete años (…) agregan fracciones totalmente inconstitucionales pues es un amplio margen de posibilidades. Cualquier acción pueden ser ultraje a la autoridad con medios violentos. Si tú le decías una grosería a un policía pues es violencia”, explicó.
Argumentó que debido a la ambigüedad de esta figura es que muchísima gente de 2021 a la fecha fue detenida.
Por último, consideró como un acierto que se derogue el delito y agregó que si se quiere proteger a los policías se pueden configurar otros delitos como lesiones, homicidio o daños.
Luego de recibir el Pleno del Congreso local la iniciativa del Gobernador para reformar el Código Penal, fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y posterior desahogo.
