Durante el confinamiento obligado por la pandemia de covid-19 se incrementaron los embarazos en niñas veracruzanas pues la estrategia “Quédate en casa” no previó la violencia sexual a la que son sometidas las menores de edad, señaló la vocera de la organización Equifonía AC, Araceli González Saavedra.
En el marco del Día del Niño, la activista dio a conocer que tan solo en el primer año de la pandemia, el 2020 en el estado de Veracruz se registraron 675 partos en niñas de 9 a 14 años de edad pero la cifra aumentó.
En 2021, cuando aún se mantenían las medidas de confinamiento y el cierre de escuelas ante la pandemia, se reportaron al menos 694 casos de niñas de entre 9 a 14 años de edad que dieron a luz en la entidad.
La cifra representa un aumento de la menos 19 casos más en este sector de la población, y la situación es aún más compleja en municipios como Xalapa, Veracruz, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Perote, entre otros, en donde se registran las cifras más altas en el estado.
A estas cifras se suma que en los primeros meses de este año en la entidad ya se han registro 156 nacimientos en menores de edad de entre 9 a 14 años, casi la mitad de lo que se reportó durante el primer semestre de 2021, cuando se reportaron 326 en el mismo periodo.
A la violencia sexual que viven las jóvenes, se suma que las autoridades ofrecen a las menores dar en adopción a sus hijos, en lugar de la interrupción legal de su embarazo, a pesar de estar contemplado en la ley. “El ‘Quédate en casa’ no fue acompañado de medidas urgentes para garantizar la protección de las niñas, hubo violencia contra ellas, además en los casos de menores de 15 años son productos de violencia sexual”.
González Saavedra agregó que este incremento puede estar relacionado con el hecho de que a pesar de la reforma al Código Penal de Veracruz que permite interrumpr el embarazo hasta la semana 12 de gestación y la existencia de protocolos para casos de embarazo infantil, la Secretaría de Salud sigue ofreciendo a las menores de edad la adopción como primera alternativa a su condición.
“Hay un punto que puede dificultar en la erradicación del embarazo infantil y tienen que ver con un protocolo por parte de la Secretaría de salud que ofrece como primera alternativa para embarazos en segundo trimestre, aun cuando sean producto de pederastia o de violación, la adopción. No tiene ningún fundamento legal, más bien obedece a posturas personales por parte de quienes diseñan este tipo de documentos”.
Dijo que en estos casos las autoridades están obligadas a dar aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque se está ante la probable comisión de un delito, además se le debe dar atención a la menor de edad en temas de salud contemplados desde la norma 046 y ofrecer la interrupción legal del embarazo. “Se le debe hacer saber que tiene derecho a esa interrupción. Una vez que se da aviso a la Fiscalía se debe notificar a la procuraduría municipal para la protección de niños, niñas y adolescentes”.
Lo anterior ya que dijo en la mayoría de los casos el agresor es alguien cercano a la niña y han ocurrido casos en donde los padres son cómplices y por ello la procuraduría municipal debe actuar como defensora de la menor. “La procuraduría puede coadyuvar o sustituir la función de los padres de proceder para la denuncia y para los servicios que se les deben dar a la niña. Además se debe hacer un diagnóstico de los derechos violentados a esta niña para continuar con un plan de restitución de estos derechos”.
De ahí que consideró vital que las procuradurías municipales y la estatal den seguimiento a los planes de restitución de derechos y eso implica que se realice un diagnóstico de cada caso a fin de elaborar, aplicar y dar seguimiento al plan de restitución de los derechos de la menor. “Es una problemática que no han considerado dentro de las medidas que se deben implementar en las procuradurías municipales”, dijo.
