El 12 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el proyecto de sentencia del ministro José Luis Alcántara Carrancá Gutiérrez sobre la solicitud de amparo contra las obras de la ampliación del puerto de Veracruz, promovido por veracruzanos en 2016 por el impacto ambiental negativo que provoca en el sistema arrecifal veracruzano.
Ante ello, organizaciones internacionales y nacionales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) hicieron un llamado a los ministros de la primera sala para votar a favor del amparo que obligaría a un juez local a revisar el proyecto de manera integral, además de suspender las obras que estén causando daño al sistema arrecifal veracruzano y determinar medidas de mitigación y reparación del daño.
En conferencia de prensa, organizaciones como la Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) y Earthjustice, señalaron que en su momento el proyecto fue presentado de forma fragmentada y no se consideraron todos los arrecifes presentes en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), incluyendo los arrecifes sumergidos descubiertos recientemente en la zona, los cuales tienen un altísimo valor ambiental.
Consideran que la decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado. Resolver que esas personas sí pueden buscar protección judicial implicaría un avance importante para la defensa del medio ambiente como derecho humano.
Autoridades dispuestas a sacrificar ecosistemas: Cemda
El director operativo del Cemda, Xavier Martínez Esponda, señaló que la obra para la ampliación del puerto de Veracruz pone de manifiesto que las autoridades están dispuestas a sacrificar ecosistemas en pro de lo que ellos consideran proyectos de desarrollo.
“Nuestras autoridades tristemente están dispuestas a sacrificar regular y cotidianamente los ecosistemas y la biodiversidad en torno a lo que ello llaman proyectos de desarrollo. El caso es muy dramático porque la ampliación del puerto significó la modificación de la poligonal del parque nacional, sacar piedra de varios lugares de Veracruz, incluyendo autorización de explotación de roca basáltica de la reserva de la biosfera en Los Tuxtlas”.
El activista advierte que hay una “visión tristemente utilitaria” de las áreas naturales protegidas y que la lucha por este amparo tiene que ver con contrarrestar este paradigma, para que los ecosistemas de los cuales dependemos sean protegidos y se vuelvan el corazón de nuestra vida pública.
Al hacer uso de la voz, detalló los daños causados por la obra, entre los que destacan haber sepultado varios arrecifes collarines en la bahía de Vergara, ya que dijo “hubo un sacrificio de esos arrecifes, fue una medida indebida”.
Otro daño es que el nuevo puerto ha significado la modificación de la corrientes y con ello la sedimentación de los otros arrecifes en centro y sur del parque sistema arrecifal veracruzano.
“Hemos visto los bancos de extracción de material, hacia Actopan se pueden ver los cráteres que dejaron para poder hacer las escolleras del puerto. Hay sacrificio de arrecifes, modificación de las corrientes y sedimentación de arrecifes, extracción de materiales, hay muchos daños. Las consecuencias son difíciles de saber, ya que la evaluación de impacto ambiental no fue utilizada de acuerdo con el estándar”, señaló.
Agregó que el sistema ambiental regional en el que se inserta el proyecto se extiende dese la desembocadura del río Actopan en el norte hasta Los Tuxtlas, en el sur y tiene un gran valor cultural y biológico que no fue entendido ni tomado en cuenta por las autoridades en el proceso de toma de decisión de la autoridad ambiental.
Y advirtió que frente a las costas veracruzanos hay un corredor arrecifal de por lo menos 600 kilómetros de largo que no está siendo debidamente atendido por las autoridades y requiere de protección. “El objetivo del amparo no es detener la ampliación del puerto, es proteger el derecho al ambiente sano de las personas que viven alrededor”.
Ante ello hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que otorgue el amparo en este sentido de que poder evaluar el proyecto de manera completa, que se adopten las medidas necesarias para restaurar los servicios ambientales y se orden la reparación del daño.
Organizaciones entregan “amicus curiae” a ministros de la Corte
El abogado senior del Programa Internacional de Earth Justice, Guillermo Zúñiga, señaló que es necesario que la Corte reconozca el vínculo entre los servicios ambientales y la calidad de vida de las personas que son beneficiarias de los servicios por el simple hecho de vivir ahí.
Dijo que todos debemos tener amplio acceso a la protección del poder judicial en materia de medio ambiente y el clima, que son bienes públicos amplios que disfrutamos todos. Por ello, organizaciones internacionales de la sociedad civil hicieron llegar un amicus curiae (escritos legales) a los ministros de la Corte, ofreciendo datos relevantes que considerar en la sentencia.
Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW) presentó un amicus curiae donde se analizan varias decisiones emitidas por cortes de distintas jurisdicciones, que reconocen el derecho de cualquier persona, organización de la sociedad civil o al menos residentes de un lugar para presentar una demanda cuestionando proyectos y decisiones que pueden afectar negativamente el medio ambiente.
“Esto servirá como referencia para que la Primera Sala realice una interpretación amplia sobre el interés legítimo en el juicio de amparo, en consideración también de las obligaciones que ha adquirido México al ratificar el Acuerdo de Escazú”, señalaron.
El amicus presentado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y Earthjustice aporta elementos técnicos y jurídicos, solicitando el reconocimiento de los derechos humanos de acceso a la justicia y al medio ambiente sano consagrados en el derecho internacional. Estos derechos obligan al gobierno mexicano a permitir a toda persona, cuyos derechos fundamentales sean amenazados por el daño ambiental, acceder a recursos judiciales, incluso si su conexión con el ecosistema amenazado es indirecta o remota.
De esa forma, y de obtener una decisión favorable, la SCJN confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida.
¿Qué discutirá la SCJN?
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), Juan Luis González Alcántara Carrancá propondrá ordenar a un juez federal revisar el proyecto ante el posible impacto ambiental en el Sistema Arrecifal Veracruzano. El magistrado consideró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó un deficiente evaluación del MIA de las obras para la ampliación del puerto de Veracruz,
Esto dado que halló que en las evaluaciones ni siquiera fueron integrados todos los arrecifes de la zona y no se realizó un análisis acumulativo de los daños que generarían estas obras, que actualmente están por concluirse en su primera fase.
El proyecto de sentencia se desprende de una solicitud de amparo promovida en 2016 por dos veracruzanas que solicitaron el amparo contra la autorización de la Semarnat a la entonces Administración Portuaria Integral de Veracruz (API) para las obras de ampliación, pero el juez sobreseyó la demanda al señalar que ninguna tenía el interés jurídico para solicitarlo.
Ahora, el ministro de la Corte señaló que hay posibilidad de daños graves al sistema que van desde daños al arrecife, a los ecosistemas terrestres, contaminación del aire y del agua, degradación de los ríos principales en el área del proyecto, entre otros y es necesario una revisión integral del proyecto. “En las resoluciones reclamadas las autoridades responsables de la Semarnat realizaron una deficiente evaluación del manifiesto de impacto ambiental, pues no analizaron de manera integral el proyecto ampliación del Puerto de Veracruz, lo que constituye una vulneración a los principios de prevención y precaución que rigen en materia ambiental”, señala el proyecto de sentencia del amparo en revisión 54/2021.
Agrega que aunque la Semarnat debía realizar un análisis integral y holístico del proyecto, de acuerdo con su naturaleza, objetivos, características, distribución espacial de obras y/o actividades principales, de servicios y asociadas, las solicitudes fueron “analizadas de manera fragmentada por la autoridad ambiental, lo que implicó que no se evaluara de forma correcta la viabilidad ambiental de todo el proyecto”.
Dejaron fuera del análisis arrecifes que podrían ser dañados
El proyecto del ministro abunda en que de haberse llevado un análisis integral, las autoridades hubieran considerado los arrecifes que se encuentran en el sitio del proyecto y en su zona de influencia; sin embargo, en la autorización de Impacto Ambiental del proyecto no se hace mención de todos los arrecifes cercanos al sitio del proyecto, y se omitió mencionar el arrecife sumergido conocido como “La Loma”, en el que se podría ver una modificación de las corrientes marinas por la construcción de la escollera.
“Esta Primera Sala observa que la autoridad responsable no consideró la información más completa en cuanto a las posibilidades de todos los impactos asociados a la construcción de la ampliación del Puerto de Veracruz, pues al no analizar en su integridad el proyecto de ampliación y las obras sometidas a su autorización, fueron soslayados los elementos naturales y arrecifes existentes dentro del polígono decretado del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano”, señala.
El sitio en cuestión se ubica a 940 metros de distancia con respecto al punto más cercano al proyecto, forma parte del la poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal y su influencia abarca a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, lo cual fue advertido no solo por el perito de las promoventes del amparo desde 2015, sino incluso por el perito oficial.
El ministro considera que la omisión de analizar la posible afectación a ese ecosistema constituye “una franca violación al artículo 4° de la Constitución Federal y, en particular, a los principios de precaución y prevención que campean en materia del derecho humano al medio ambiente”, especialmente en cuanto a la protección de los humedales considerados como una prioridad nacional e internacional.
“Las omisiones en que incurrieron las autoridades responsables se corroboran con los dictámenes rendidos tanto por los peritos de la parte quejosa como por el perito oficial, destacando de este último, por su contundencia, los siguientes elementos: 2. Que diga el perito si en la autorización de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la autoridad responsable hace mención de todos y cada uno de los arrecifes cercanos al sitio del proyecto y/o en su zona de influencia. RESPUESTA.- No, al menos un arrecife sumergido conocido como la Loma no se menciona en los trabajos del Manifiesto de Impacto Ambiental, tampoco se hace mención de este arrecife en el documento “Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte”.
En los oficios analizados se advierte que si bien el arrecife “La Loma” es en general un banco de corales muertos, estos son refugio para los peces de la zona y que las escasas especies e individuos que habitan en el arrecife podrían tener menos posibilidades de sobrevivencia y mantenimiento a corto y mediano plazo al no tener un mecanismo de monitoreo de sus condiciones ambientales antes-durante y posterior a la construcción de la ampliación del puerto de Veracruz.
“La autoridad ambiental encargada de las autorizaciones (Semarnart) no tuvo la información más completa en cuanto a las posibilidades de todos los impactos asociados a la construcción de la ampliación de puerto de Veracruz. Por lo consiguiente no existe un esquema de mitigación de los posibles impactos ambientales hacia el arrecife la Loma”, agrega.
Sin estudios de impacto acumulativo
Los estudios deberían realizarse para evaluar los posibles impactos ambientales del proyecto sobre el arrecife como la ubicación geográfica y batimetría a detalle, inventarios de los diferentes los grupos animales como peces, corales, algas y equinodermos, estudios del origen y tasas de sedimentación, estudios de calidad de agua y determinación posibles causa por contaminación, estudios sobre la posibilidad de recuperación del arrecife a través de la intervención humana, pero nada de esto se hizo.
El proyecto de sentencia advierte que con base en la revisión de 15 documentos, se observaron que en la mayoría de los proyectos que comprenden la ampliación del puerto de Veracruz no se mención algún impacto acumulativo ni significativo, otros omiten describir el tipo de impacto y solo mencionan que se realizaron medidas de mitigación a los impactos directos ambientales causados por la realización del proyecto
En total, 13 autorizaciones indican impactos directos mas no acumulativos. Y con ello dejaron fuera el análisis que fue señalado por el perito al advertir que “en una línea de tiempo futura podrían aparecer los impactos acumulativos; las principales afectaciones en el PNSAV son a los elementos físicos y naturales sobre los sistemas arrecifales cercanos, como Punta Gorda, Gallega y Galleguita por obras que causarán alta sedimentación, turbiedad, estos impactos tendrán un efecto negativo sobre el turismo recreativo de buceo en los sistemas arrecifales cercanos lo cual son fuente de trabajo e ingreso a personas del puerto de Veracruz, sin contar con la creciente expansión poblacional que traerá la ampliación del puerto por la creación de empleos, lo cual se podría traducir a mayores descargas de drenaje doméstico al mar y la alta concentración de contaminantes biológicos y químicos que puedan entrar al PNSAV”.
Tendrían que volver a analizar el proyecto
El proyecto de sentencia señala que si como resultado del análisis integral del proyecto se llegara a la conclusión de que existe un riesgo de daño al ambiente significativo, entonces se podrían establecer inmediatamente medidas adicionales de prevención, mitigación o remediación que tengan por objeto evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos susceptibles de ser producidos en la zona impactada. Por ello se propone que las autoridades responsables dejen insubsistentes las resoluciones reclamadas y emitir otras en las que reiteren lo que no fue materia de la protección constitucional. Al emitir las nuevas resoluciones deberán tomar en cuenta el contenido y las obligaciones impuestas por el derecho a gozar de un medio ambiente sano desarrolladas en esta ejecutoria; y de manera integral examinar el proyecto relativo a la ampliación del Puerto de Veracruz, así como las obras puestas a su consideración que guardan relación con el mismo, considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia de dicho proyecto, entre ellos el arrecife conocido como La Loma.
Además, deberá pronunciarse en torno a los impactos ambientales y a la viabilidad o no de autorizar la continuación de las obras respectivas, en cuyo caso deberá instruir el despliegue de medidas de prevención y/o mitigación tendientes a evitar, revertir o paliar los eventuales daños al medio ambiente que las obras de ampliación del Puerto de Veracruz ya hayan causado, estén causando o puedan causar en el ecosistema impactado.
Como va la obra hasta ahora
El 5 de diciembre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que están por ser terminadas y entregadas las obras de la Primera Etapa del Nuevo Puerto de Veracruz, que le permitiría contar con una capacidad de movilizar hasta 66 millones de toneladas de carga y al terminar su segunda fase, más de 95 millones de toneladas.
La primera etapa contempló la construcción del rompeolas poniente, terminado al 100 por ciento, y alcanza 4 mil 245 kilómetros, el más largo de Latinoamérica; se utilizaron más de 8.3 millones de toneladas de roca y requirió 26 mil 582 elementos de concreto de 3, 9, 12 y 20 toneladas de peso para la coraza del rompeolas.
Además, concluyeron el dragado y la construcción del canal de navegación interno de 2.8 kilómetros, con dos dársenas de ciaboga de 600 y 550 metros de diámetro para las maniobras de los buques mercantes de la última generación. Cabe destacar que actualmente el puerto tiene una capacidad de operar 24 millones de toneladas de carga al año.
