Orizaba, Ver.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) dejó de ser un garante para atender quejas por presuntas violaciones a las garantías individuales; la excesiva lentitud con la que su personal trabaja provoca retrasos de hasta dos años en la atención a las quejas que se presentan. En la zona de Orizaba, existen un rezago de más de 20 trámites, interpuestos, algunos desde 2019. El hecho, se señala, genera impunidad y un halo de protección a las autoridades infractoras.
Las acusaciones provienen del colectivo Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba y de la Coordinadora Regional de Abogados zona centro, en la que ambas agrupaciones exhiben el lento trabajo que el organismo, a cargo de Namiko Matzumoto Benítez, dejó de realizar en favor de los afectados.
En el primero de los casos, el colectivo de búsqueda de víctimas de desaparición, en un documento fechado el 9 de marzo de 2019 y dirigido a la licenciada Fabiola Melo González, fiscal especializada en atención a familiares de personas desaparecidas, narra los hechos ocurridos el 8 de marzo de ese mismo año, según se lee en el documento, del cual La Jornada Veracruz tiene una copia digital.
En el mismo texto se lee: “El día 8 de marzo se continuaron labores en fosas clandestinas ubicadas en el cerro de Río Blanco, Veracruz, siendo las 9 horas nos agrupamos con representantes de distintas instituciones del orden federal como, la Comisión Nacional de Búsqueda, a cargo de la maestra Karla Quintana Osuna, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Fiscalía General de la República (FGR), peritos y tres binomios caninos de la Fiscalía General de la República, así como personal de la FGE (en ese entonces), a cargo del maestro Jorge Winckler Ortiz”, se señala.
“Con el primer cuadrante delimitado el día 7 de marzo, cuya medida fue de 20 m2 dio como positiva una fosa encontrándose indicios de una persona, pero dada la hora, aproximadamente a las 18 horas, el director de servicios periciales de Orizaba, dio indicaciones de terminar las labores alegando que ya no tendría luz natural para exhumar ese cuerpo, (y) procedió con su personal a tapar dicha fosa con un plástico negro. Los familiares de personas desaparecidos le puntualizaron a la fiscal Fabiola Melo que había animales carroñeros, por lo que se temía que pudieran carcomer el cuerpo ya visible, a lo que le restó importancia, fue evidente que no hubo la debida cadena de custodia para el resguardo de los restos de quien fue la víctima de desaparición y asesinato en ese lugar.
”El 8 de marzo, al iniciar personal de servicios periciales el acordonamiento de otra área más lejana, a la de su primer perímetro de trabajo para los observadores tanto de las dependencias como de familiares, nos percatamos que algo estaba sucediendo por lo que en representación de nuestro colectivo se decidió que la señora Araceli Salcedo, entrara con la fiscal Fabiola Melo, a comprobar lo que temíamos: el dorso de la víctima fue carcomido por algún animal de la zona. Esto generó el enojo y el coraje de los familiares, quienes hicieron un justo reclamo el personal de periciales, al grado de que uno de ellos confrontó a un familiar, todo esto ante la propia fiscal Fabiola Melo y demás personas ahí reunidas. Ante el gravísimo y lamentable suceso, se tomarán cartas en el asunto fincando responsabilidades”.
En entrevista, en torno a este hecho, la activista dijo: “En 2019 se interpuso una queja ante Derechos Humanos, por qué no hubo el resguardo correcto con ese cuerpo, el cual se comieron los animales carroñeros. Hasta ahorita no tenemos una resolución por parte de Derechos Humanos, nos han venido dando vueltas y vueltas, pero vamos a seguir contestando y yo creo que es algo indolente, (la Comisión Estatal) Derechos Humanos está ahí para apoyar tanto a las víctimas que desafortunadamente no tienen voz y yo creo que ellos ya deberían haber hecho algo en cuestión de ese tema. No puede ser posible qué nos digan que porque nosotros lo descubrimos o porque no nos quedamos nosotros a pernoctar, cuando nosotros no estamos acreditados para eso”.
En resumen, en este caso, reconoce Salcedo Jiménez, la Fiscalía General del Estado, en ese entonces, con su personal no quiso proteger de forma correcta el cuerpo encontrado, lo dejaron así y sobrevino lo que ahí se narra; la responsabilidad es de la FGE, pero aun cuando se pidió que la CEDH hiciera la recomendación respectiva, no se hizo, y en consecuencia no hubo sanciones a los responsables de los hechos. El cuerpo, carcomido, hasta el momento, a dos años de recuperado, no ha sido identificado.
Pero ese no es el único caso de letargo. La abogada Elizabeth Orozco Núñez, presidenta de la Coordinadora Regional de Abogados Veracruz zona centro, igual revela hechos en los que se exhibe el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En su caso, hay una queja que se interpuso, en ese organismo, desde 2020, es decir desde hace dos años, y hasta hace unas semanas le respondieron que su caso sería retomado, porque la persona que la había atendido en aquel momento ya no trabajaba con ellos y que apenas se reabrirá.
En este caso, la queja es contra el ayuntamiento de Mariano Escobedo, ubicado al norte de Orizaba, ahí, su clienta “fue objeto de intimidación y abuso por parte de la anterior administración municipal. En su momento, se desahogó un juicio en el juzgado ante el juez primero de primera instancia, quien es el órgano competente y otorgó la prescripción, en la posesión de un terreno, pero al momento de inscribir en el registro público la propiedad, con la sentencia emitida por el juez, piden que el ayuntamiento haga el cobro del impuesto predial”.
El ayuntamiento se niega a realizar ese cobro, relata, para regular la situación de un terreno, de hecho, dice, “mi clienta ha sido maltratada por el cabildo, porque en aras de pelear esa propiedad, ha metido máquinas, tiraron bardas, le robaron herramientas. Todo lo que había ahí se lo robaron, eso lo hizo el ayuntamiento”.
Por este hecho, asegura, “se presentó la queja ante la CEDH hace dos años y hasta apenas, hace unos días, nos notificaron que le van a dar continuidad, porque la persona que había recibido la queja, no le dio trámite y ya estaba despedida. En realidad, eso no sirvió de nada, porque también se le pidió que estuviera pendiente de que los órganos jurisdiccionales hicieran su trabajo y evitar que mi clienta no quedara en indefensión, pero en realidad nunca hicieron una recomendación. No hicieron nada, hasta apenas van a iniciar el trámite de esa queja, presentada hace dos años”.
Ya como colofón, revela que ella tiene conocimiento de al menos 20 quejas ante la CEDH a las que ese organismo no ha dado trámite correspondiente.
Estos dos ejemplos son la muestra de que ese organismo se convirtió en un ente que demora las quejas en contra de las autoridades estatales o municipales, aun cuando la reforma a la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para el Estado de Veracruz-Llave, realizada el 1 de abril de 2010, en el artículo tercero y disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Veracruz/wo77236.pdf, se señala:
“La Comisión de Derechos Humanos tiene competencia en todo el Estado de Veracruz para conocer y tramitar las peticiones o quejas que por presuntas violaciones a los derechos humanos se imputen a autoridades o servidores públicos estatales o municipales, o a ambos, por los actos u omisiones de naturaleza administrativa en que incurran”.
“Cuando en un mismo hecho se involucren autoridades o servidores públicos federales, estatales y municipales, la competencia se surtirá en favor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, salvo que puedan dividirse los hechos, sin que se divida la causa, de ser así, se hará el desglose correspondiente para su envío”.
