Luego de un largo proceso diplomático y judicial que se extendió por casi tres años, México finalmente obtuvo del gobierno de Guatemala la autorización para cumplimentar una orden de aprehensión girada en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.
Dicha autorización era necesaria, ya que el país centroamericano extraditó en 2017 al exgobernador por delitos de corrupción, y de acuerdo con el tratado firmado entre las dos naciones, se requería obtener la luz verde para detenerlo u procesarlo por un delito distinto.
Sin embargo, pese a que ya transcurrieron ocho meses de que se obtuvo este permiso, el proceso penal en contra del exgobernador no se ha conseguido poner en marcha en México. La orden de detención no se ha cumplimentado y la audiencia inicial no se ha podido llevar a cabo. La defensa de Duarte adelantó que impugnará el proceso y que el caso se sustenta en pruebas falsas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó a Animal Político que las autorizaciones de parte del gobierno de Guatemala para proceder en contra de Javier Duarte por este delito se recibieron en dos momentos: una respuesta parcial el 18 de diciembre de 2020 y la definitiva el 17 de marzo de 2021.
En el oficio UDT-7573/2021 obtenido a través de una solicitud de transparencia, la SRE detalla que si bien el contenido de los documentos enviados por Guatemala se considera información reservada y clasificada por cinco años, es posible revelar que el sentido de la respuesta a la solicitud ha sido positiva.
“La Dirección General de Asuntos Jurídicos comunicó que las autoridades guatemaltecas correspondientes han otorgado al gobierno de México el consentimiento para a Excepción a la Regla de Especialidad que permite que el señor Javier Duarte de Ochoa pueda ser juzgado por un delito diferente al que ocasionó su extradición”, indica.
Relaciones Exteriores agregó que el 19 de marzo pasado comunicó oficialmente a la Fiscalía General de la República (FGR) la autorización del gobierno guatemalteco para que se procediera en consecuencia.
Sin embargo, y como dicho medio también pudo confirmar, hasta la fecha la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Veracruz no ha sido ejecutada por agentes federales ni del estado de Veracruz. Ello pese a que Duarte de Ochoa está plenamente localizable, ya que se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Norte compurgando una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de dinero y asociación delictuosa.
Animal Político publicó en octubre que el exgobernador de Veracruz podría recuperar su libertad de manera condicionada, luego de que ya cumplió la mitad de dicha sentencia, ya que no se ha puesto en marcha el proceso en su contra por desaparición forzada, el cual es un delito considerado grave y que amerita prisión preventiva automática.
Audiencias pospuestas
Cuestionadas sobre por qué no se ha puesto en marcha el proceso en contra de Duarte de Ochoa, autoridades de la FGR indicaron que si bien esta dependencia participó en el proceso de solicitud diplomática para la obtención de la autorización, la carpeta de investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz y esa es la autoridad responsable de ejecutar la orden de arresto y detonar el proceso.
Las autoridades federales indicaron que se notificó oportunamente a la referida Fiscalía estatal sobre la autorización de Guatemala. Refirieron que ya hubo un primer intento de audiencia inicial, pero la misma fue pospuesta.
El medio preguntó al área de comunicación social de la Fiscalía estatal sobre las acciones que se han tomado a partir de la notificación de la FGR, así como la razón por la cual no se ha cumplimentado la orden de aprehensión, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
