Al menos 20 abogados de diferentes barras, Federación y colegios de especialistas se reunieron con diputados locales para revisar la viabilidad de reformar el código penal. Quieren derogar el delito de ultrajes y que se revisen algunas detenciones que consideran arbitrarias.
Los litigantes acudieron este jueves para entrevistarse con los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de la 66 Legislatura, con la intención de explicar la viabilidad de adecuar el código penal y las sanciones que se impusieron al delito de ultrajes.
El 11 de marzo de 2021, la mayoría del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aprobó una paquete de cambios a dicho código. Entre las adecuaciones se sanciona el delito de extorsión, cobro de piso, ultrajes a la autoridad y delitos contra las instituciones de seguridad. Se establecieron penas que van de siete a 15 años.
El abogado penalista Tomás Mundo Arriasa explicó que el encuentro fue para “sugerir” a los legisladores cómo establecer delitos y sanciones de tipo penal relacionados con ultrajes a la autoridad.
Refirió que son varios los casos en los que se ha revertido lo hecho por los legisladores, por lo que consideró oportuno brindar asesoría legal para actualizar las leyes locales “y evitar litigios innecesarios”.
Recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a Veracruz derogar el delito y revisar los casos en los que se han detectado arbitrariedades al momento de detener a presuntos delincuentes y con ello obligar su salida de manera inmediata.
Adelantó que acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la semana próxima para revisar cómo va la acción de inconstitucionalidad que presentaron diputados y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Sin embargo, consideró que es necesario que antes de que se declare la inconstitucionalidad de la ley se debe excarcelar a todos los ciudadanos que fueron acusados por el delito de ultrajes, pues existen elementos que hacen presumir que se fue un abuso de autoridad.
“El 571 quinquies es plan B. Yo espero que ahí opere la sensibilidad política; ahí se va a quedar y se va a ver si no es la otra opción para los policías”.
A su vez, Marlon Ramírez Marín, integrante de la comisión camaral, explicó que la idea es analizar de manera conjunta con los abogados las iniciativas que presentaron el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, diputados del Partido del Trabajo y Acción Nacional.
Comentó que la idea es revisar todos los cambios que se dieron al código penal y que generan incertidumbre y violación a los derechos humanos.
“En este momento nosotros tenemos la posibilidad de escuchar la opinión de los abogados. A mí me parece que no se puede desaprovechar la posibilidad de perfeccionar la ley. Este es un trabajo colegiado, vamos a escuchar a poco más de 20 ponentes”.
