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Alertas por violencia de género, con resultados parciales, concluyen ONG

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Agencias

Las alertas de género en Veracruz decretadas en 2016 y 2017 por violencia feminicida y agravio comparado han dado resultados parciales sin mediciones concretas de su impacto, coincidieron en señalar las organizaciones feministas.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la asociación Equifonía fueron cuestionados en torno de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones y los pendientes que existen.

Y aunque con las anteriores no hay cumplimiento en 100 por ciento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Veracruz podría enfrentar una tercera alerta de violencia de género, ahora por desaparición de mujeres.

Desde que se decretó la alerta por violencia feminicida, Veracruz ha registrado 514 feminicidios y según la organización Equifonía apenas en 7 por ciento de los casos hay sentencias.

Además, el estado sigue en los primeros lugares de embarazo infantil. El año pasado cerró con 571 casos de niñas menores de 14 años que fueron madres. Y aunque la interrupción del embarazo está permitida hasta la semana 12, hay medidas que revictimizan a las menores.

Al revisar los resultados de ambas alertas de género, las organizaciones coincidieron en señalar que actualmente sigue evaluándose la implementación de algunas medidas y las reuniones eran virtuales y espaciadas sin seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones.

Araceli González señala que en cuanto a la alerta por agravio comparado, la Secretaría de Salud de Veracruz determinó de manera unilateral dar como primera alternativa la adopción en los casos de menores de edad que llegan con embarazos posterior al segundo trimestre, en vez de ofrecer la interrupción legal del embarazo, como una forma de presionar a las niñas y sus familias a llevarlo a término.

“Se debe revisar, evaluar y opinar por qué la Secretaría de Salud está dando la alternativa de la adopción a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y pederastia que acuden con un embarazo en el segundo trimestre. La reforma quitó la temporalidad de ese delito. Según nuestra experiencia, las familias muchas veces se dan cuenta de los embarazos en niñas cuando ya está avanzado, es decir, en el segundo trimestre. Un aborto es más seguro que un parto en niñas, ¿por qué la Secretaría de Salud se tomó la atribución de darles la alternativa de la adopción cuando es una manera de hacerlas desistir de interrumpir el embarazo”, cuestionó.

Y es que dijo que a raíz de ello toda niña o adolescente que acuda con un embarazo de segundo trimestre recibe la alternativa de la adopción, cuando eso no está establecido en ninguna normatividad, lo que consideró que se trata de la opinión de “alguien que no tiene conocimiento de derechos de las niñas, adolescentes ni de mujeres”.

“No sabemos en qué momento tomó esa decisión la Secretaría de Salud, pues no pueden ir en contra de lo que está establecido en la norma. Y lo están haciendo. Es una falta de coordinación entre instituciones. Ahí entraría la procuraduría para la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Sería interesante saber si la procuradora estatal tiene conocimiento de la medida, si han dado acompañamiento a niñas y adolescentes”.

Araceli González agregó que es urgente además que la procuraduría de protección para niños, niñas y adolescentes informe sobre los planes de restitución de derechos por parte de las procuradurías municipales, pues desde la procuraduría estatal tendrían que estar capacitando a los procuradores municipales porque son parte de administraciones que están iniciando y se trata de reducir la curva de aprendizaje.

“Nos parece que desde la Conavim y el GIM (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario) se debe establecer un mecanismo después de las alertas. Si las medidas están cumplidas se tendría que levantar esa alerta y establecer un mecanismo de seguimiento porque es algo que no ha ocurrido. Este mecanismo es un esfuerzo para el diseño, implementación y aplicación de políticas públicas para la atención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres y hay una experiencia que da resultados. Es necesario irnos más allá, levantar esa alerta y establecer un mecanismo de seguimiento porque no es suficiente cumplir las medidas de la alerta, se deben consolidar las medidas de cambio”.

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