lunes, mayo 23, 2022
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15 años de persecución contra médico que certificó agresión sexual contra “Ernestina”

Orizaba, Ver.- Los pasados seis años han sido los más tortuosos en la vida profesional de Juan Pablo Mendizábal Pérez. Él es el médico legista que certificó el fallecimiento de la indígena nahua Ernestina Ascencio Crescencio quien, se presume sin afirmar, fue atacada sexualmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en febrero de 2007. El contradecir a Fidel Herrera, Felipe Calderón y luego a Javier Duarte sirvió para ser despedido de su trabajo en la hoy Fiscalía General del Estado (FGE). El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (Tejav) reconoció su antigüedad y que su despido, en efecto, fue injustificado.

Los acuerdos políticos del entonces gobernador Fidel Herrera con el presidente Felipe Calderón echaron para abajo el dictamen profesional que en ese momento emitió como el médico legista encargado de este caso. Desde su inicio, el doctor Mendizábal sostuvo que el cadáver de la indígena sí presentaba huellas de un ataque sexual, “pero no puedo afirmar que los soldados hayan sido los responsables”, sostiene.

Hace unos días la FGE admitió la recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en torno a este caso, pero hubo un cambio de postura de ese organismo con respecto a la anterior recomendación, “en la más reciente, dice, se señala la agresión sexual y todo lo demás que en su momento yo señalé. En los pasados 15 años me he sostenido en mi dictamen médico. Yo fui el primero, hice la primera autopsia. Luego participé en la exhumación y todo lo que yo presenté coincide con lo que dice la química forense, lo que dijo quien hizo la exhumación y todos los demás exámenes”, afirma.

En ese entonces, y una vez que se confirmó la agresión sexual en contra de la indígena, hubo una reacción oficial. Felipe Calderón salió al paso de los señalamientos en contra del Ejército como principales sospechosos de los hechos y declaró que la anciana había muerto a consecuencia de “gastritis crónica no atendida”. 

“Hubo convenios políticos y lo manejaron como gastritis y parasitosis que nadie se atrevió a desmentir. Desde hace 15 años he sufrido una persecución, desde Fidel Herrera y Javier Duarte. De hecho, por órdenes de Duarte me dieron de baja de mi puesto de trabajo. Fue una injusticia. Tan es así que ya hay un laudo favorable para mí y eso significa que hubo un despido injustificado”.

“Mi despido, hace seis años, fue una arbitrariedad. En ese entonces el gobierno de Duarte dijo que no había aprobado los exámenes de confiabilidad, si yo mismo solicité los exámenes. No me dieron el derecho de audiencia, no me dieron posibilidad de defenderme. Todo fue una irregularidad”. 

El cese de su cargo tuvo un autor material y ese fue el ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, “él se encargó de todo esto. El entonces fiscal, quien después fue detenido y estuvo en la cárcel, fue quien hizo todo. Él se dejó llevar por mucha gente que lo rodeaba y que me atacaron como el caso de Benito Carpinteyro, quien era su secretario particular y con quien tuve una diferencia en Orizaba cuando fue agente del Ministerio Público por una arbitrariedad que cometió en contra de un profesionista reconocido en Orizaba. De ahí tomó venganza de esa situación.

Las condiciones lo fueron acorralando, admite, y tuvo que presentar su demanda laboral, “tuve que hacerlo y afortunadamente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz me dio la razón. Mi despido fue injusto, no hubo fundamento. Ahora me tienen que pagar de acuerdo con la ley, pido lo que me dice la ley. Ahora hay que ver qué pasa”.

Refirió que en la recomendación más reciente que hace la CNDH “hizo una rectificación de su primer documento, se entrevistó con muchos de los que participamos. Lo hizo conmigo, con los peritos criminalistas, con el químico forense, con todos los protagonistas, de manera independiente y todos dieron la misma versión que coincide con la versión del doctor Mendizábal y ahora es que hacen la recomendación a la FGE. Las pruebas son contundentes”.

Por eso hacen la recomendación pero, agrega, “eso de que los soldados fueron los responsables ni yo ni nadie lo puede saber, porque nadie estuvo presente. Como médico legista puedo decir que sí hubo agresión sexual pero no puedo confirmar que el Ejército fue. Porque no sabemos quién fue; yo no estuve ahí”, afirma. 

“Ese dictamen que di se basó en pruebas químicas, encontré desgarres en la región anal y vaginal. Encontré semen, tengo fotografías de cómo escurre el semen. La señora tuvo golpes, fracturas en arcos costales derecho e izquierdo. Se hace una toma de muestra que se envió a Xalapa y nos confirma que hubo enzima prostática, que es exclusiva del hombre. En la exhumación se volvió a corroborar todo eso. La química forense lo hizo, se ratificó. Por lo menos fueron dos o tres personas las que accedieron –sexualmente– a la señora. 

No nada más fue mi dictamen, recalca, “el intérprete nahua confirmó lo que dijo doña Ernestina, que la habían atacado los ‘hombres de verde’, versión que en su momento la CNDH echó abajo todo eso, o sea que todos nos equivocamos, la química, los peritos, todos”.

Este tiempo, acusa, ha sido de zozobra, “han sido 15 años de persecución laboral y hostigamiento hasta que me corrieron, pero aun así seguimos sosteniendo el dictamen inicial: la señora Ernestina sí fue atacada sexualmente, pero no puedo afirmar que por los soldados. No estuve ahí, pero las pruebas indican que sí hubo ataque sexual, ¿quién o quiénes fueron los responsables? Eso no lo sé.

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