Agencias
El consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, advirtió que es lamentable que la izquierda que por muchos años luchó por condiciones de equidad en los comicios ahora no se quiera sujetar a las reglas electorales.
Lo anterior en relación al decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental que fue aprobado en la Cámara de Senadores la semana pasada para permitir que cualquier funcionario público promueva la consulta sobre la revocación de mandato.
“Es lamentable que la izquierda, que durante décadas luchó por tener condiciones de equidad, ahora que es mayoría no se sujete a esas mismas reglas”, dijo el consejero electoral.
De esta manera criticó que primero los diputados federales y luego los senadores hayan avalado estas modificaciones, pues afirma que resultan un despropósito de las reformas que tuvieron la intención de evitar la intervención de servidores públicos en las elecciones.
“Es una mala noticia y un despropósito, porque la reforma electoral de 2007-2008 fue muy clara en acotar la intervención de los servidores públicos en los procesos comiciales o electorales”.
Ruiz Saldaña consideró que es un grave retroceso, porque la historia de nuestro país ha enseñado que cuando no estaba esa prohibición era mucho el intervencionismo de los servidores públicos en los procesos electorales.
Hay que señalar que se hizo público el proyecto de sentencia a cargo del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, para anular el decreto por el que se interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones.
En el proyecto que se prevé pueda ser votado en la sesión de este miércoles, se declara la inconstitucionalidad del decreto de Interpretación auténtica, que permite a los funcionarios públicos promover las acciones de gobierno durante la veda electoral.
Cabe destacar que en el documento se advierte que los legisladores federales se excedieron con este decreto, porque no fue un ejercicio interpretativo sino una “excepción a la prohibición constitucional”, que desde el punto de vista del magistrado es inconstitucional.
Hay que recordar que los senadores determinaron con el decreto que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”, con la excepción de no hacer uso de los recursos públicos.
