Epílogo
Autor: Julián Loyo-Helo*
Abordar el sector energético, como se ha explicado de manera general implica diversas agendas. México tiene enorme potencial y vocación para la generación de energías. Incuestionablemente, sabemos que después de varias décadas en crisis, particularmente la crisis financiera internacional de 2008 las finanzas públicas del Estado mexicano eran frágiles, es decir, el dinero público era insuficiente, en otras palabras, los recursos económicos se agotaban, por lo tanto, era necesario buscar alternativas para resolver los problemas. La reforma del Estado y las reformas estructurales eran un pendiente en la agenda pública que se concretó durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto con un notable antecedente del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
La llegada disruptiva del presidente Andrés Manuel López Obrador, centro el debate público en la tradicional dicotomía Estado versus Mercado. Nos encontramos en un debate sobre la definición de la participación del Estado y el mercado en el sector energético.
Cada gobierno investido por el mandato popular legítimo tiene la oportunidad de provocar las transformaciones necesarias; por lo tanto, no hay mejor reforma constitucional que aquella que proviene del consenso político. Cualquier reforma constitucional tiene sus pro y contras.
Tratándose de elecciones públicas deben ser apegadas a los “principios de justicia que no dependan de idiosincrasia, e intereses de las personas o grupos involucrados. La justicia, a fin de cuentas, la entiende como imparcialidad, tras un velo de ignorancia” Coincidimos con el profesor Darin MacNabb que el principal argumento del neoliberalismo es la total libertad del mercado con mínima regulación por el gobierno.
Cuando el interés de los grupos prima sobre el interés público; se vulnera la Razón de Estado. Los primeros, favorecen una élite, el segundo, se guía por un principio de utilitarismo, es decir, el mayor beneficio para el mayor número de personas.
La llamada contrareforma es positiva, los retos institucionales saltan a la vista, si los insumos para la generación de energía eléctrica son: gas natural, carbón y combustóleo, es evidente. No obstante, el Estado tendrá como reto una política de Estado para el rediseño de la matriz energética, indudablemente el mundo va transitando hacia un modelo de energía limpias, lo cual no es cuestionable, lo cuestionable es el efecto de los mercados y su primigenia.
Una reforma que regula y hace más eficientes las fuerzas del mercado, si eso les parece poco, entonces, estamos ante un peligro mayor, el des patriotismo de los ciudadanos. La entrega total al mercado que significa el sometimiento del bienestar social de los mexicanos a una oligarquía económica dominante desprovista de todo principio democrático, justicia y equidad.
En el caso mexicano las tarifas eléctricas están relacionadas con la capacidad del gobierno para absorber los costos. El confinamiento, ha traído, indudablemente, incremento del consumo de energía eléctrica. Esta relacionado con las finanzas públicas del Estado.
Es preferible que los ciudadanos estén bajo la dominación legítima del Estado que sometidos a las fuerzas del mercado. El primero, tiene como fin último la felicidad de los individuos y la sociedad, mientras que, el segundo, además de no ser democrático, construye individuos en el extremo (individualismo) desprovistos de responsabilidades y obligaciones con la República.
Tan grave es el exceso del Estado como grave el exceso del mercado, puesto que, si el primero domina, nulifica las fuerzas del mercado, de modo inverso, el dominio del mercado genera grandes y profundas desigualdades, puesto que el mercado a diferencia del Estado, no es democrático.
Las fuerzas del mercado no son democráticas. Las fuerzas del Estado deben ser democráticas. El principal argumento sobre el que gira el debate de la reforma eléctrica es la capacidad que la Comisión Federal de Electricidad tiene para cubrir la demanda energética.
Mantener la reforma energética de 2013 pone en riesgo a las sociedades y más aún el riesgo de regresar a un modelo de Estado mínimo (minarquismo). La decisión política de la reforma en materia eléctrica se sustenta en el interés nacional y la estrategia de establecer un modelo de Estado democrático y bienestar.
La reforma energética del 2013 no tenía un propósito único, se puede afirmar que era una reforma concebida como es multipropósito. Es decir, en cada una de sus dimensiones cumple con un objetivo específico. Por ejemplo, la seguridad energética, el fortalecimiento de las finanzas públicas, el desarrollo de infraestructura, nuevo modelo de desarrollo…dinamizar los sectores productivo…
La Reforma Constitucional en materia de energía eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una iniciativa positiva porque mantiene el sentido social y democrático de la electricidad para las familias mexicanas. Restituye poder al Estado, mantiene su rectoría a través del fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad para garantiza la seguridad energética, por ende, la seguridad nacional.
Concluimos de manera parcial contestando a tres preguntas:
- ¿De dónde venimos? De un pasado reciente de crisis económica que experimentó los excesos del Estado y los efectos del mercado teniendo como saldo políticas diversificadas que ponen el acento en los criterios y prioridades en la agenda pública. También se experimentó, en el sector de hidrocarburos: la expropiación. En el eléctrico una simulada: nacionalización.
Uno de los problemas que alcanzó a la reforma energética fue la falta de Planeación estratégica de las entidades federativas y gobiernos locales. Al ser México un país federal, necesariamente, los gobiernos deben alinear sus políticas, programas y proyectos en un sólo sentido. El desarrollo del país. Otros de los problemas generados, fue la resistencia social, el deterioro al medio ambiente. - ¿Dónde estamos? En una coyuntura delicada en la cuál el mercado es sine qua non al Estado para alcanzar sus fines, pero no puede prevalecer el primero sobre el segundo. En ambiente crispado por la judicialización del sector eléctrico, en un contexto en el que la ideología política ha ocupado parte importante del debate y una seria falta de control directivo en la Comisión Federal de Electricidad como consecuencia de la fragmentación de sus Empresas Productivas Subsidiarias. Durante los primeros meses de 2022 se deberá debatir sobre el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional, la constitucionalidad y futuro de los contratos y permisos, así como el papel del Estado en materia de medio ambiente y transición energética.
Probablemente se tenga que pensar en mecanismos alternativos que se acerquen a la privatización sin llegar a ella o modelos de intervención del Estado sin que sean propiamente la nacionalización o expropiación. - ¿Hacía dónde vamos? En el futuro inmediato un aumento en la presión para el cumplimiento de las agendas y acuerdos internacionales. Una polémica de judicialización con altos umbrales de incertidumbre. En caso de aprobar la reforma constitucional, la Comisión Federal de Electricidad tendrá retos institucionales, adaptarse velozmente a las circunstancias, establecer un diálogo para comunicar a la sociedad y a los sectores productivos las estrategias para garantizar el abasto de la demanda energética del país. Mejorar sistemas de transparencia, rendir cuentas, fiscalización, incorporar normas anti-soborno y anti-corrupción y asumir los compromisos con el medio ambiente.
Por último, sí la política tiene sus espacios y sus tiempos. Entonces, estamos en el espacio y tiempo preciso; se sabe que la historia premia a quienes actúan en el momento precisos. Hoy México cruza por un momento preciso. La intervención y reinvindicación del Estado se encuentra justificada, es una fórmula que permite acreditar los criterios en la toma de decisiones. No obstante, la rectoría del Estado como razón de Estado no puede convertirse en un patrón para la toma de decisiones en otros sectores, pues de lo que se trata es de velar por el interés público en y no diseñar apologías que pongan en peligro a México; el reto histórico es: evadir con sabiduría los ismos políticos, pero sin cortapisas para transformar la vida pública de México.
La pluralidad de México no debe confundir la obstrucción de las reformas con la disrupción para lograr un Estado democrático. Pues la primera se fundamenta en un interés político electoral faccioso; mientras que la segunda, persigue un noble propósito: la democratización de la electricidad y el bienestar social.
Todo lo anterior es un esfuerzo para ofrecer al lector criterios para reflexionar sobre la trascedencia de una reforma ensombrecida con intereses que no corresponde al interés supremo del Estado.
*Politólogo, Administrador Público con especialidad en Derecho de la Energía por la Escuela Libre de Derecho. Miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto, México (RAGA MX) Miembro del Grupo Promotor de la Cámara Nacional de la Industria Energética. E-mail: juloyohe@gmail.com
