René Montero Montano
Ni duda. Los juegos del lenguaje que Mijaíl Bajtín y Ludwig Wittgenstein nos advirtieron en su momento se concretizan en nuestra historia política inmediata, sobre todo en estos tiempos donde la legitimidad del discurso político-administrativo y las tácticas y estrategias de hacer política se presta a una descontextualización sin precedentes.
Dos verbos transitivos: revocación (dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición) y ratificación (confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente) son puestos en escena en el contexto político nacional en un montaje que se mezcla entre lo admnistrativo, lo jurídico y lo democrático.
Esto es, lo político, en el quehacer de la política del día a día, se retuerce en un tiempo lineal que pretende, por un lado, sentar las bases jurídico administrativas de leyes constitucionales -contingentes según el gobierno en turno- y junto con ello, supuestamente, desplegar y garantizar la participación en ese ejercicio democrático-administrativo, con la creencia que con ello se contribuye y sienta bases para aplicar la democracia como modo de vida. Creo que en general, esto es lo que circula en lo cotidiano como entramado para el asunto de revocación/ratificación de mandato presidencial.
Y aquí los juegos del lenguaje, me parece, se ponen en marcha como las tecnologías compartidas de poder y control del pensamiento del individuo/pueblo mexicano, para establecer la batalla institucional. Por un lado, la defensa por la instauración de una gobernanza hoy bien vista por un alto porcentaje de mexicanos y del otro su denostración rabiosamente manifiesta por los grupos que, a más de 70 años, administraron los recursos de la nación desde un partido político hegemónico y sus aliados.
Justicia y ley no son complementarias eso lo sabemos todos los veraruzanos y mexicanos de a pie, y no necesitamos para ello de un ejercicio teórico, pues pocos han escapado de experiencias que nos lo demuestran. En ese sentido, la ley que se instauró constitucionalmente no necesariamente garantiza la justicia si decidimos por una ratificación de presidente AMLO, es decir, la justicia administrada en legislar la consulta popular para decidir en votación por la continuidad o conclusión de un periodo de mandato presidencial, tampoco queda garantizada en un procedimiento legulello constitucional. Creo que en esta trampa se perdieron Morena y su militancia convencional, así como sus diputados y senadores. Y en ello pretenden arrastrar a quienes defendemos por convicción que AMLO debe seguir y concluir su gestión, más allá de un posible plan de futuro para evitar o restringir malos gobiernos. Todos sabemos desde hace muchisimos años que, de un periodo a otro, una camara baja o alta (diputados o senadores), dominada por sus mayorías respectivas puede derogar leyes según sus intereses de grupo.
La ley constitucional actualizada para ser ejercida en el estricto marco por las instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), no garantiza que dentro de seis años el pleibicito popular (administrativo) que pretendemos realizar hoy blinde -como un acto inevitable- que podamos revocar a un gobernante impopular por sus acciones de gobernanza, en tanto que la justicia y la ley, al no son complementarias por su existencia contingente dejan al “poblador del pueblo” en condición de desamparo.
Vemos entonces cómo, al jugar con dos verbos transitivos como revocación y ratificación en dos esferas de la política democrática (la procedimental y como modo de vida), que se tocan, pero que no necesariamente se complementan, se abren fisuras de interpretación que son aprovechadas por quienes se oponen al progresismo latinoamericano (versión mexicano) impulsado por AMLO.
Y aquí la confrontación discursiva y mediática de los diputados de Morena con la elite del Instituto Nacional Electoral, que en un indiscriminado uso de los conceptos de revocación/ratificación y la construcción de enunciados a modo, nos complican la distinción y la comprensión de la democracia como procedimiento y/o como modo de vida, de manera que ambas se desdibujan al intentar llevarnos a participar en un proceso que aparenta lucidez democrática -sobre todo para los que entendemos poco de los planes de futuro construidos desde las élites del poder partidista, sean estos Morena o Prian. Es decir, muchos somos involucrados en este contexto de confusión que, por más argumentos que se difundan, poco nos convencen como “poblador del pueblo”, y en ese sentido, creo que es importante que intentemos desenredarnos un poco- o quizá, enredarnos más.
Para ello, el presidente AMLO ha dado en el punto: si la confrontación administrativa entre el orden constitucional y el INE se entrampan, “el pueblo organizado” puede realizar el ejercicio sin recurrir a la estructura formal (después de esta intervención el presidente hablará de encuestas, pero esa discusión la dejaremos para más tarde, en tanto que se parece a más de lo mismo).
Esta primera propuesta del presidente me parece muy importante y fundamental para un ejercicio donde la democracia se desmarque, se descentre pues, de su versión procedimental, para pasar a ubicarse como modo de vida (tal como la enuncia en Art:3º Constitucional).
Más aquí hay un pero: obliga a quienes han tomado a Morena como un partido político convencional a efectual un despliegue como movimiento popular, como un ejercicio de participación de masas efectivo. Es volver a tomar las calles, los parques, los poblados, desde las bases, para demostrar a quienes se oponen la fuerza real que tiene el movimiento de renovación nacional de lo que las mayorías pueden lograr al margen de una ley contingente e incierta si las mayorías no se forman y muestran una sustancia democrática.
Ir al voto por voto, casilla por casilla popular, más allá de “lo vinculante” con la democracia administrativa, demuestra con acciones y prácticas políticas que estamos en camino. Que sabemos lo que queremos. Aquí el INE es innesesario, los berrinches de su Consejero Presidente son un exabrupto propio de una condición de frustración de intereses y deseos.
Además, esto nos permite reducir el abuso y errores en los juegos del lenguaje y quedarnos con una pregunta sencilla ¿queremos revocación o ratificación?
