La vinculación de más de 2 mil personas a penales del estado por el delito de ultrajes a la autoridad, encarece el gasto de la operación de los Centros de Readaptación Social en la entidad.
El presidente del Colegio de Abogados Juristas en Veracruz, Valentín Olmos Alfonso aseguró que el establecer prisión preventiva como medida cautelar aumenta el gasto de comida en los penales.
Aunque desde la Fiscalía se ha manifestado que se han vinculado a proceso a mil 33 personas, de esos 40 con jefes criminales y más de 500 lugartenientes, según lo dicho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el abogado insistió que la estadística que tiene el Colegio que representa, supera los 2 mil.
“Están dentro de los 17 Ceresos de los 212 municipios, esto es preocupante porque el nuevo sistema penal busca esas salidas alternas, para no saturar los penales, porque por cada preso se gastan 2 millones de alimentos diarios”.
Los 17 Ceresos deben erogar al menos 200 pesos por cada interno, lo que genera un gasto excesivo, es por lo que antes de meter a las personas a la cárcel, como una medida reactiva, hay que promover la cultura de la prevención.
Apuesta PRI por foros de consulta
El Partido Revolucionario Institucional se pronunció por organizar foros de consulta en la que expertos en derecho y sociedad civil revisen la viabilidad de derogar el delito de ultrajes, y revisar la permanencia del capítulo de delitos contra las instituciones de seguridad.
La secretaria de la Mesa Directiva, Arianna Ángeles Aguirre, explicó que es su responsabilidad como legisladores el analizar las leyes vigentes y adecuarlas acorde a la realidad del estado, procurando el respeto a los derechos humanos.
Puntualizó que es necesario atender y escuchar a todos quienes externen un punto de vista, pues sería irresponsable no atender la voz del gobernador y la de los senadores, pero más aún la de los ciudadanos, que son los afectados por leyes autoritarias que violan sus derechos humanos.
Llamó a sus compañeros legisladores a dictaminar las iniciativas presentadas en torno al delito de ultrajes a la autoridad, así como a sociedad y gobierno, a presentar propuestas y participar en los foros que se promoverán desde la legislatura para hacer de esta una reforma integral.
“Centremos el debate, en este país ni los gobernadores, ni los senadores son jueces para dictar sentencias condenatorias; pero no están exentos de la tentación de manipular la justicia tanto federal como estatal, y a eso se llama tráfico de influencias y está tipificado en el código penal por lo que se puede denunciar y castigar”, enfatizó.
La priista participó en la reunión de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad en Todo de la República Mexicana, Capítulo Veracruz, agrupación cuyo trabajo se concentra en la lucha por la igualdad sustantiva, la defensa y promoción de los derechos político-electorales de las mujeres y el impulso de la democracia paritaria en México.
