La Fiscalía General de la República (FGR) empezó el proceso de publicación de documentos del caso Odebrecht –como le ordenó en noviembre pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)–, con la difusión de la lista de 22 funcionarios citados a declarar ante el Ministerio Público entre 2017 y 2018, incluido Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Aunque la orden del INAI es que la FGR publique como obligación de transparencia la carpeta de investigación íntegra y la actualice cada tres meses, la dependencia solo publicó en su portal lo concerniente a la dos solicitudes de información enviadas por particulares, y testó buena parte de los documentos revelados.
En lo que calificó como una resolución “sin precedentes”, el Pleno del INAI ordenó el año pasado a la Fiscalía que haga pública la carpeta de investigación de dicho caso en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La determinación de los comisionados fue adoptada en consideración de que este caso de corrupción ha generado numerosas solicitudes de información al grado que amerita que ya sea considerada una obligación de transparencia de la FGR.
Esa fue primera vez que el INAI ejerció la facultad de que lo dota la ley para convertir un asunto particular en una obligación de transparencia de una institución del Estado mexicano.
