La interrupción del embarazo –en tanto se practique en 12 semanas o antes– está garantizado como un derecho. Por eso Sofía debería haber podido interrumpir su embarazo sin problemas en un hospital de su zona, en cambio pasó malos momentos, tuvo que ir a Ciudad de México para hacer un procedimiento, y gastó su dinero, para algo que debería haber sido gratis.
Sofía, cuyo verdadero nombre se mantiene en el anonimato, fue a la jurisdicción sanitaria número 7 en Orizaba a preguntar cómo podía acceder a su derecho. Inicialmente la enfermera parecía que le brindaría la información pero enseguida el médico le quitó la palabra y le dijo que ese procedimiento no se llevaba a cabo allí y le negó la información sobre el lugar donde se podía hacer.
Ella no es la única que recibió malos tratos y trabas para acceder a su derecho. Perla (de quien también se cambió el nombre) también pasó por situaciones similares, aunque en su caso sí terminaron por entregarle las pastillas para llevar a cabo la interrupción.
Desde julio de 2021 a la fecha, que es legal el aborto en la entidad, se han practicado 108 interrupciones voluntarias del embarazo según una solicitud de información respondida por la Secretaría de Salud. La mayoría (99) han sido utilizando pastillas y cinco por aspiración manual (AMEU) (solicitud de información 301153822000634).
Para dar un paso a paso de lo que el personal médico debe realizar para las mujeres que llegan a pedir sus derechos, está el Programa de Aborto Seguro que fue emitido por la Secretaría de Salud el 11 de noviembre del 2021. Pero en muchos casos no se ha cumplido.
“El doctor me dice ‘no, aquí no hacemos eso’ y yo respondo pero sí pueden informarme o decirme a donde ir o donde se procede aquí y me dijo’“yo te recomiendo que para eso debes ir a una clínica particular porque aquí no hacemos eso’ y pues sí fue de una manera un poquito no ética porque no era en el tono de voz ni la manera de decir las cosas, yo entiendo que cada personas tiene sus opiniones al respecto pero trabaja para el Sector Salud que es parte del gobierno y es su obligación, su trabajo, resolver las dudas, cualquier tipo de dudas”, narró Sofía.
El protocolo en la materia establece que cuando una clínica no realice la Interruoción Legal del Embarazo (ILE), debe enviar a la usuaria de manera inmediata a un sitio donde sí se practique. No lo hicieron así.
En Veracruz hay una contradicción por parte de la propia Secretaría de Salud de la cantidad de sitios que pueden practicar un aborto pues mientras que en una solicitud de información enlista 42 hospitales (solicitud 301153822000627), en otra menciona que se trata de 56 (301153822000634). Pero además, indica que cuentan con médicos no objetores de conciencia (que por motivos personales pueden practicar el procedimiento) en únicamente 34 hospitales y se desconoce quién o cómo lo pueden practicar en el resto.
Sofía, acompañada de un colectivo feminista, decidió ir al Hospital Regional de Río Blanco donde ya la esperaba una doctora con quien se habían comunicado para informarle el problema
Al comunicarle a la enfermera la razón de acudir al hospital, ella lo gritó y todo el personal y los pacentes en la sala de espera se enteraron. “A nadie le gustaría que griten a los cuatro vientos pues su diagnóstico fue cáncer o alguna enfermedad terminal, pues simplemente el respeto y el profesionalismo”.
En el caso de Sofía se violaron los principios de privacidad, trato humanizado y confidencialidad que se supone rigen el protocolo que se debería aplicar.
Después de problemas con trámites administrativos que adjudica a su anterior trabajo, finalmente y tras la demora, Sofía habló con una amiga, quien le aconsejó que se fuera a la Ciudad de México donde le dijo tendría todas las facilidades. Así lo hizo, invirtiendo 6 mil pesos más los gastos del viaje. Solo porque su derecho no fue garantizado.
“Pediría que respeten su ética y se mantengan al margen porque son profesionales al también yo serlo pues hay una barrera entre lo personal y lo laboral, tus creencias, tus opiniones, en otras circunstancias tienes que mantenerte, tienes que guardarlas y reservarlas sin que afecten a tu trabajo”, expresó.
El personal que atendió mal a Sofía, tanto el que negó que existiera el servicio como la enfermera que la exhibió, no le dijeron si tenían alguna creencia personal que los hiciera ‘objetores de conciencia’ y que por lo tanto no pudieran realizar el procedimiento. En caso de haberlo sido, únicamente tendrían que haberle explicado que no eran las personas idóneas y canalizarlas con alguien que sí.
En Veracruz, de acuerdo con Sesver, hay tan solo 78 especialistas (ginecólogos y ginecólogas) que no son objetores de conciencia (según la solicitud de información 301153822000634); es decir son 78 personas para un total de 4 millones 190 mil 805 niñas y mujeres del estado que marca el Inegi.
Con Perla pasó algo parecido. También fue primero al Centro de Salud donde, al igual que a Sofía, le negaron toda información. Después decidió ir al Hospital de la zona. Fue recibida, pero lejos de lo que el personal médico tendría que haber hecho en el hospital que es brindarle atención seria, fidedigna, confiable y con criterios médicos, lo que hicieron fue intentar generarle miedo por la decisión que había tomado. Le aseguraban que tenía anemia sin haberle hecho prueba alguna y que se desangraría si continuaba adelante con el aborto.
“El personal de salud deberá proporcionar orientación, asesoría e información científica, objetiva, veraz, suficiente y oportuna sobre los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, así como de los apoyos y alternativas existentes, a la persona que solicite o requiera la interrupción del embarazo o la atención de la variante clínica de aborto, según corresponda”, señala el Protocolo. Eso fue justo lo que no hizo el personal.
“Siempre me trataron como si estuvieran enojados conmigo, me decían que estaba baja de presión, que era anémica, también me dijeron que si yo abortaba me iba a desangrar y que iba a ser todo un show (…) antes de hacerme los estudios me estaban diciendo que tenía la presión muy baja, que estaba anémica, que no podía abortar así que porque me iba a desangrar y pues podía perder la vida”, contó Perla.
Desde que se aprobó el ILE en el estado de Veracruz, se han dado charlas y cursos a 702 personas de la Secretaría de Salud que van de una a ocho horas para capacitar al personal sobre el derecho a la interrupción del embarazo y la forma en que debe proceder en estos casos (según la solicitud de información 301153822000623). Eso no evitó los malos tratos y las demoras en la atención a algunas usuarias.
Pero pese a estas quejas, hasta marzo la Secretaría no tenía registros de personal que haya sido sancionado por incumplir el Programa de Aborto Seguro para la entidad (solicitud de información 301153800036622).
Perla narró que estuvo cinco horas en el departamento de urgencias, esperando que le entregaran los resultados de sus análisis y por la forma de proceder del hospital no le permitían probar comida ni salir con quienes la acompañaban.
Finalmente, los análisis dieron la respuesta certera que necesitaban desde el inicio: Perla no tenía anemia y todo se encontraba en orden para proceder con el aborto, por lo que le dieron las pastillas y las instrucciones y al fin se pudo ir a casa.
“Me sentí muy mal por los tratos que estaban haciendo, muy extraño, la doctora que me atendió primero parecía que me regañaba, me hablaba como muy grosera a veces (…) que tuvieran un mejor trato hacia las pacientes en general porque de por sí estás pasando un momento difícil, que llegue el personal de salud y te espante y todavía te regañe pues no es muy agradable”, sentenció.
