Como nunca antes la clase trabajadora y las familias mexicanas están de rodillas ante los abusos, fraudes, despojos y empobrecimiento que provocan tanto los agiotistas, como las instituciones de crédito usureras, pues ahora, gozando del apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueden operar vulnerando los derechos de las personas en situación de deuda.
La SCJN, en plena violación a los derechos humanos, ha resuelto limitar la obligación de los jueces de revisar las condiciones en que se hubiera dado un contrato abusivo, dejando esta tarea a los agraviados, quienes deberán alegar las condiciones abusivas y tasas excesivas en sus créditos desde el inicio del proceso judicial, y no se podrá denunciar usura en ningún otro momento del juicio. Ésta es una medida regresiva, pues limita las herramientas de defensa a las víctimas de cobros usureros.
A El Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz se reportan casos de este supuesto, como el de una mujer joven, trabajadora independiente de Xalapa que por el interés de crecer su negocio aceptó un préstamo de un agiotista, quien abusivamente provocó el crecimiento de la deuda con intereses desproporcionados.
Una vez que la emprendedora perdió posibilidad de pago, se vio hostigada para pagar una deuda que había pasado de los 400 mil pesos a un millón 700 mil, pues el criterio de interés sobre la deuda original estaba a discreción del agiotista. Mal asesorada admitió la deuda y firmó un acuerdo de pago dentro de juicio, sin embargo las mensualidades son impagables, lo que la llevó a buscar a El Barzón en solicitud de una defensa profesional.
Hoy los jueces se justifican diciendo que ella firmó un acuerdo sobre la deuda de un millón 700 mil pesos, sin tomar en cuenta las condiciones por las que se llegó a esa cifra cuando el préstamo original fue mucho menor y sin contar los pagos que realizó. Basados en la resolución de la Corte tesis de jurisprudencia 28/2017 se determinó eliminar la obligación de los jueces de analizar el monto de los intereses cobrados y mucho menos reducirlos a pesar de que la víctima de usura lo solicitó en su defensa.
Esto es un atentado más contra la economía de millones de familias que viven del crédito en México y la única forma de revertirlo es mediante la legislación. Por ello, hacemos un enérgico llamado a las diputadas y diputados federales, para que cumplan su compromiso de velar por los intereses de la ciudadanía y se discutan los recursos legislativos para devolver esta posibilidad de defensa al pueblo.
El Barzón indicó que continuarán luchando para que no se eliminen los recursos legales para la defensa justa, por lo que adelantó que promoverá una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de una decisión regresiva y que vulnera los derechos económicos de la población y contraviene los pactos firmados en materia internacional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 21.3 que prohíbe la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre.
