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Iniciativa de cobranza delegada vino del Senado

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Agencias

La reforma recién aprobada en la Cámara de Diputados que permite a los patrones descontar de los salarios de los trabajadores los créditos de nómina y pagarlos directamente a las entidades financieras, tuvo su origen en el Senado, donde parece que pasó de noche –el 18 de febrero del 2021– entre elogios de legisladores de la mayoría de partidos.

Más de un año la minuta permaneció en San Lázaro, donde los diputados le hicieron unos 130 cambios al articulado, luego de consultarlo con las autoridades hacendarias, la procuraduría fiscal y el Banco de México, ente otros, pero mantuvieron la disposición de embargar los salarios para el pago de los llamados créditos de nómina. En las últimas semanas el dictamen fue impulsado y apresurado por el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador del PVEM, Luis Armando Melgar, quien tiene fuertes nexos con Grupo Salinas, dueño de Banco Azteca.

La iniciativa, que reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, fue presentada el 20 de diciembre de 2018 por los entonces senadores Pedro Haces y Miguel Ángel Navarro Quintero –el primero salió al regresar el titular Germán Martínez y el segundo es ahora gobernador de Nayarit– y se aprobó casi tres años después.

Fue en una sesión realizada en medio de la emergencia sanitaria, con pocos legisladores en el salón de plenos, en la que el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el morenista Alejandro Armenta, sostuvo que se trataba de “una iniciativa social, en favor de los trabajadores”, que los protegería de abusos de las instituciones financieras.

Se impulsa, dijo, la inclusión financiera de las personas con menores recursos y se “establece por primera vez una regulación específica en materia de créditos de nómina que crean derechos y protección para los trabajadores”.

Armenta, quien impulsó otra controvertida reforma, que buscaba obligar al Banco de México a captar y cambiar dólares, presentó el dictamen, en el que se establece que se pretende “un cobro razonable y efectivo de los créditos de nómina”.

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