martes, agosto 9, 2022
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Fracasó Buzbee con la estrategia de acusar a todo mexicano rico

“Terminas demandando a todas las personas asociadas con el presunto funcionario corrupto, a todas las entidades en las que están involucradas esas personas”, dijo en la entrevista de enero de 2021. “Revisas los registros del secretario de Estado. Terminas encontrando a mucha gente enojada”.

Pero los abogados de algunas personas a las que demandó afirman que la estrategia de Buzbee refirió erróneamente a varios empresarios de Veracruz en el área de Houston, que ha sido un refugio para las personas que huyen de la violencia de la guerra contra las drogas en México, como culpables por asociación. Dennis Sánchez, un abogado que representa a un cliente que contrademandó al estado de Veracruz, describió la estrategia indiscriminada de Buzbee y del Estado como: “Vamos a demandar a todos los mexicanos ricos que podamos encontrar. Esos tipos que hicieron algo mal llegarán a un arreglo”.

Arturo Bermúdez Zurita, ex funcionario de Veracruz, fue una de las muchas personas a las que Buzbee acusó de lavar dinero para Duarte en Texas, según demandas interrelacionadas presentadas en el condado de Harris en 2018.

En México, Bermúdez Zurita, un burócrata de carrera que se desempeñó como secretario de Seguridad Pública durante el mandato de Duarte como gobernador, ha sido acusado por las autoridades estatales y por grupos de derechos humanos de estar involucrado en desapariciones forzadas como el “hombre fuerte” de Duarte, según El Universal y otros medios de prensa. Durante el tiempo que ambos ocuparon el cargo, la deuda pública de Veracruz y las tasas de secuestro aumentaron rápidamente. El estado se convirtió en uno de los más peligrosos para los reporteros, según el Comité para la Protección de los Periodistas, que registró 17 asesinatos de periodistas durante el mandato de Duarte.

Durante su tiempo en la oficina pública, Bermúdez Zurita y su esposa Sofía Mendoza Hernández invirtieron en al menos cinco propiedades: casas en suburbios y oficinas en corredores frondosos y arbolados en los condados de Harris y Montgomery. En 2016, Bermúdez Zurita renunció después de que el medio nacional de noticias de México Aristegui Noticias reveló que él y su esposa habían acumulado propiedades en Texas por un valor aproximado de 2.4 millones de dólares, mucho más de lo que podía pagar con su salario del gobierno.

En febrero de 2018, Bermúdez Zurita ocupaba el puesto más alto de un grupo de 31 policías acusados públicamente por un juez mexicano de estar involucrados en la desaparición de 15 personas entre abril y octubre de 2013. En 2017, Bermúdez Zurita también estuvo brevemente encarcelado en México por un cargo penal de abuso de autoridad, pero un juez ordenó su liberación. Negó haber actuado mal en ese momento: Bermúdez Zurita tuiteó que nunca había violado ninguna ley y que “todas mis propiedades son producto de mi trabajo como servidor público, ingresos fuera del gobierno, y créditos”.

Bermúdez no pudo ser contactado para hacer comentarios sobre esta historia y no está claro dónde vive hoy.

De hecho, cuando Buzbee intentó demandar a la pareja por lavado de dinero en 2018, nunca pudo encontrar y entregar los documentos judiciales a Bermúdez Zurita o a su esposa. Por lo tanto, se desestimó la acción civil iniciada en su contra.

Otro ex funcionario de Veracruz que Buzbee demandó fue José A. Mansur Jr., un expatriado cuya familia aún vive en el área de The Woodlands. Su familia es propietaria de un equipo de beisbol, entre otras inversiones. Los Mansur también tienen una impresionante cartera de bienes raíces en EU, inversiones que comenzaron a hacer antes de que Duarte se convirtiera en gobernador de Veracruz. Como muchos otros mexicanos adinerados, los Mansur compraron propiedades en The Woodlands antes del ascenso al poder de Duarte.

José A. Mansur Jr. regresó a México para servir en la administración de Duarte durante aproximadamente un año como su subsecretario de Finanzas, pero se fue en marzo de 2012. Más tarde dijo en la corte que renunció “debido a las diferencias entre él (sic) y el entonces gobernador Duarte y el secretario de Hacienda de Veracruz”.

Una de las demandas de Buzbee de enero de 2018 nombró a Mansur Jr. y tres empresas de Texas administradas por miembros de su familia como presuntos lavadores de dinero, pero, en 2021, un juez desestimó el caso en su contra basándose en una moción que argumentaba que Buzbee “no tenía pruebas” para respaldar sus afirmaciones.

Este año, Mansur interpuso una reconvención contra el estado de Veracruz e hizo serias denuncias sobre Yunes, el gobernador que contrató a Buzbee.

“En junio de 2018, Yunes habló una vez directamente con Mansur y tres veces directamente con el padre de Mansur”, escribió el abogado de Mansur en el expediente judicial. “En esas reuniones, Yunes amenazó con arrestar a Mansur y sus familiares en México y encarcelarlos por cargos que Yunes admitió y sabía que eran falsos. Yunes le dijo a Mansur que si Mansur no hacía que su familia entregara algunas de las propiedades de Woodlands, Mansur y otro miembro de la familia serían arrestados y encarcelados; empero si esas propiedades fueran transferidas al representante designado de Yunes, entonces Mansur y su familia serían absueltos de todo delito en México y esta demanda sería desestimada”.

Un juez ordenó un juicio sin jurado este verano para resolver los problemas legales que aún afectan las propiedades familiares. En documentos judiciales, el abogado de Mansur dijo que, como resultado del litigio, su cliente ha tenido problemas para encontrar empleo, las empresas familiares han tenido dificultades para encontrar compradores de bienes raíces y que “a Mansur y a miembros de su familia se les ha pedido que renuncien a ciertos puestos de honor”.

“Lo que es realmente más dañino que cualquier otra cosa es la notoriedad”, dijo el abogado de Mansur, Dennis Sánchez, quien reside en Brownsville. “Tu nombre aparece en el periódico… porque el gobierno mexicano te acusa de lavar fondos obtenidos ilegalmente. Eso arruina tu carrera si estás limpio”.

Sánchez dijo que Mansur es víctima del “enfoque de escopeta” que Buzbee y Veracruz tomaron con las demandas.

De hecho, a partir del 15 de abril de 2022, todos los casos contra las personas acusadas por Buzbee de lavado de dinero para Duarte en el condado de Harris fueron desestimados.

Para entonces, el único reclamo pendiente era contra una pareja: José Antonio Bandín y su esposa Mónica Babayan, quienes también buscan la desestimación de los casos en su contra, alegando que “no hay evidencia” de que ellos o sus empresas estuvieran involucrados en el lavado de dinero para Duarte.

José Antonio Bandín y su esposa Mónica Babayan vivían en Texas y dirigían sus negocios desde un espacio comercial virtual en un edificio de oficinas de ladrillo y vidrio rodeado de pinos en 8350 Ashlane Way en The Woodlands, la dirección de casa de varias empresas virtuales ubicadas en las espaciosas suites.

Según las denuncias y denuncias presentadas por Buzbee, la pareja, originaria de México, conoció al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a través de un miembro de la familia Mansur.

En 2012 y 2013, Bandín y Babayan establecieron más de dos docenas de compañías de responsabilidad limitada o LLC en Texas y compraron propiedades que figuran bajo varios nombres de compañías, según muestran los registros estatales. La mayoría de sus empresas recibieron el nombre de las direcciones de los lugares que poseían, como 18 Shallowford Place, LLC, que lleva el nombre de una casa suburbana de cinco habitaciones que ahora vale más de 800 mil dólares, según los registros fiscales.

En varias de las demandas civiles de Buzbee, la pareja figuraba como parte de una red de cómplices que ayudaron a establecer compañías ficticias y permitieron que el ex gobernador lavara millones: “Después de mucho trabajo de investigación, las autoridades de Veracruz revelaron una conspiración global, que abarca varios continentes, pero con sede en Houston. Esta conspiración involucró a cientos de individuos y entidades, todos involucrados en un solo propósito: el robo de fondos que legítimamente pertenecen a Veracruz y su gente”, alegó una de las cuatro demandas de Texas que nombraban a sus LLC o a ellos como individuos.

*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Fue producido en colaboración con Type Investigations. Esta es la cuarta parte de la serie Follow the Money.

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