jueves, mayo 19, 2022
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Exigen liberación y garantía de salud para Yolli “N”; consideran que es presa política

Organizaciones civiles y ciudadanos exigieron, a través de una carta, la liberación y garantía de salud para la ex comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli “N”, a quien califican como presa política desde hace 670 días.

La carta dirigida a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Secretaría de Seguridad Pública (SSP); de Salud y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros, refiere que el 16 de enero Yolli “N” fue ingresada al hospital civil por un problema cardiaco y ante el temor de que vaya a ser reingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo han pedido que permanezca en el nosocomio. Afirman que no existen condiciones en el Cereso para garantizar su salud pues incluso requiere de una cirugía de corazón, “Lo que hoy y en los últimos dos meses nos preocupa es que las autoridades responsables de garantizar su salud la reingresen al centro penitenciario y pongan en riesgo su vida por no existir las condiciones para garantizar su salud, sin seguimiento médico ni dieta adecuada para evitarle incluso una trombosis”.

Hay que recordar que Yolli “N” fue detenida en marzo de 2020 por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición e incumplimiento de un deber legal, y desde entonces permanece en el penal de Pacho Viejo, en donde a decir de los firmantes su condición cardiaca se ha ido agravando. En el desplegado también hacen referencia a que la imposición de prisión preventiva contra la ex funcionaria es una reacción desproporcionada del sistema de justicia y que además evidencia violencia política de género pues los dos comisionados hombres que también enfrentan procesos judiciales están en libertad. “Nos preocupa la deficiente atención que las autoridades estatales han dado a este caso, que evidencia la violencia política de género contra Yolli “N”, pues ha tenido por parte del sistema de justicia un trato diferenciado respecto de los dos ex comisionados hombres quienes también pertenecían al Pleno del organismo autónomo de transparencia.

Los tres entonces comisionados aprobaron por unanimidad las mismas decisiones colegiadas y a la fecha Yolli es la única que está en condiciones de reclusión, mientras que los ex comisionados llevan el proceso en libertad, como legalmente corresponde”. Hay que recordar que la Fiscalía General del Estado (FGE) señala a Yolli “N” tras la denuncia del titular del Órgano Interno de Control del IVAI, Alfonso Velázquez Trejo, por autorizar dos nombramientos y no contestar unos oficios de asignación presupuestal. A la ex comisionada se le dictó prisión preventiva justificada y tiene 670 días sin sentencia.

“Hoy, la CEDH, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la SSP, el Centro de Readaptación Social de Pacho Viejo, la Secretaría de Salud, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de Veracruz, tienen la ineludible responsabilidad de proteger el derecho a su libertad inmediata y la salud de Yolli “N”, asegurando su permanencia en el hospital y una atención médica de calidad con prontitud”, advierten. Las organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y activistas demandaron a la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, la Secretaría de Salud de Veracruz, el Centro Penitenciario de Veracruz, el Poder Ejecutivo estatal y a las instancias del Poder Judicial estatal, garantizar la salud de Yolli “N”, garantizar en lo inmediato su estancia en el hospital civil u otro nosocomio que garantice su salud y la oportuna recepción de los servicios de salud como la cirugía, cuidados y la atención que requiera. “Su vida depende de ello.

Hacemos responsables a estas autoridades sobre su estado de salud. Garantizar que el caso de Yolli “N” se lleve con apego irrestricto a la normativa internacional de respeto y garantía a los derechos humanos, con el objetivo de que lleve los procesos que se abrieron en su contra, en estado de libertad, conforme a lo que por ley corresponde, con lo cual se detendría la violencia política de género ejercida en su contra por casi dos años. Resarcir y reparar los daños causados desde su arbitraria detención y reclusión derivados de la violación a sus garantías de seguridad jurídica consagradas en los marcos internacionales, constitucionales y legales en el marco de derechos humanos; así como por la violencia de género ejercida en su contra”.

La carta está firmada por casi 100 personas, académicos, abogados, y coordinadores de organizaciones como Lucy Larrosa, coordinadora de Miranda Ciudadana Uruguay e Integrante de la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible; Luz Elena Martínez García, integrante de Fundación Diversas Coahuila AC y fundación Cambiando Vidas Cambiando Mentes; además, María del Carmen Nava Polina, politóloga y aperturista y comisionada de Transparencia de Ciudad de México, entre otros.

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