El caso de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales (IVAI), Yolli García Álvarez, presa desde marzo del 2020, llegó a la comisión especial para analizar abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos en Veracruz.
En la sesión de este martes, el presidente de la “comisión”, Dante Delgado Rannauro, mencionó que después de haber sido oficialmente confirmada el 30 de diciembre, al 4 de enero de este 2022 ya cuenta con varias quejas, entre ellas la de Yolli García. “Todos los casos serán documentados, no habrá un solo caso donde sean apreciaciones subjetivas, ni dichos, sino efectivamente comprobados y comprobables. En el caso de José Manuel del Río no es un hecho aislado, hay múltiples violaciones que tienen que tener cauce legal y político”.
Dante Delgado dijo que la comisión está instalada de manera permanente y sesionará de acuerdo a los avances que se vayan obteniendo, “hemos recibido un sin fin de notificaciones, de carácter muy delicado.
Durante los trabajos de la comisión, la senadora Indira Rosales San Román leyó una carta enviada por la familia de Yolli García, ex comisionada del IVAI, en donde expusieron las violaciones a derechos humanos de que han sido objeto.
“Yolli García fue aprehendida y privada de su libertad el 26 de marzo del 2020, un día después de concluir su encargo, acusada de haber nombrado a personal del órgano interno de control del IVAI sin tener atribuciones para ello. Y el 22 de diciembre del 2020, fue acusada de un nuevo delito, acusándole que no haber dotado de presupuesto al órgano interno de control, trajo como consecuencia que no se nombrara al personal de esa área, es decir el mismo personal a que se le acusó de haber nombrado de manera irregular”.
En la carta se expuso que a pesar de que ninguno de los delitos de los que se le acusan es considerado grave ni amerite prisión preventiva, “lleva más de 630 días privada de su libertad, y sin la debida atención médica en el reclusorio de Veracruz”.
En la carta leída por la senadora, la familia de Yolli García expone que “los otros dos comisionados del IVAI fueron invitados a renunciar a cambio de liberar a Yolli García, lo que hicieron inmediatamente, pero en el mes de abril se vinculó formalmente y de forma indebida se le dictó prisión preventiva por seis meses, que actualmente se encuentra indefinida”.
Para la familia de Yolli García, “es evidente que fue para tomar el control del organismo garante de transparencia, porque ella y sus dos compañeros demostraron desde 2018 su independencia, al obligar a dependencias a entregar información que habían clasificado como reservada”.
“Yolli es una presa política más en Veracruz y su único delito fue haber incomodado al poder ejecutivo estatal al cumplir con sus obligaciones”, señalaron.
Dante Delgado aseveró que la comisión especial que se integró para revisar el caso Veracruz, ha recibido al menos 17 denuncias en los que se acreditan abuso de autoridad.
En el caso de Del Río dijo que hay un abuso de poder, porque no existe ninguna prueba que lo señale como autor intelectual. Y el juez de control Francisco Reyes Contreras reconoció que no existe ninguna prueba, “en su momento daremos a conocer el video de la audiencia, el juez no podía ni leer lo que acababa de escribir, y eso es delicado, sobre todo cuando personas que conocen el estado de derecho saben que hay responsabilidad en el abuso de autoridad”.
Dante Delgado dijo que la comisión está instalada de manera permanente y sesionará de acuerdo a los avances que se vayan obteniendo, “hemos recibido un sin fin de notificaciones, de carácter muy delicado”.
Ante medios de comunicación, se comentó que la comisión recibirá denuncias y casos, se espera que antes del mes de febrero se puedan acreditar las violaciones en contra de la dignidad y los derechos humanos de ciudadanos y presos políticos.
Se aclaró que la intención de la comisión es poder tener la información suficiente para conocer que procedería legalmente ante el actuar de las autoridades de Veracruz, “todo esto debe ser documentado, no debemos actuar por un sentido de apartarse del Estado de Derecho, seríamos poco éticos y profesionales”.
