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Casos contra políticos mexicanos terminaron desestimados en EU

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Ese dinero robado luego se transfirió a compañías ficticias y “se usó para hacer inversiones y comprar casas y autos de lujo en todo Estados Unidos”, alega otra de las demandas contra otro grupo de Texas.

Para el verano de 2018, Babayan y Bandín habían dejado atrás su imperio inmobiliario de Texas y se mudaron abruptamente a Valencia, España, una soleada ciudad costera que, al igual que Veracruz, es conocida por sus naranjas. Los jueces estadunidenses normalmente no ordenan declaraciones en países extranjeros. Pero, con base en las sentencias de un juez de Texas, en agosto de 2018 uno de los socios de Buzbee, Christopher J. Leavitt, viajó al Hotel Blu Radisson Prado de Madrid para reunirse con la pareja y uno de sus abogados, Jas Brar, también de Houston. Después de que las presentaciones de cortesía fueran grabadas en una cinta de video, Leavitt le preguntó a Bandín: “Señor, vamos a tomar esta declaración en España porque usted ha sido acusado en México, ¿correcto?”.

La respuesta de Bandín fue escueta: “Me niego a responder esa pregunta bajo el consejo de mi abogado y acepto la Quinta Enmienda para proteger mis derechos”.

En otras preguntas, Leavitt pintó una imagen de la pareja como protagonistas importantes que ayudaron a crear compañías ficticias para Duarte tanto en México como en Texas que luego recibieron dinero sucio a través de facturas falsas enviadas a funcionarios del estado de Veracruz.

Bandín siguió dando la misma respuesta común: “Me niego a responder esa pregunta bajo el consejo de mi abogado y acepto la Quinta Enmienda para proteger mis derechos”.

Leavitt obtuvo la misma respuesta cuando preguntó si la pareja se había reunido con Yunes en una habitación de hotel en México, negoció un acuerdo de culpabilidad y luego acordó devolver los fondos antes de mudarse a Valencia.

La pareja todavía vive en Valencia, pero como el litigio se prolongó durante cuatro años, sus propiedades en los condados de Harris y Montgomery, casas y oficinas que hoy valen millones de dólares, han sido prácticamente congeladas. En 2020, la pareja le hizo una oferta a Buzbee para resolver el caso, según muestran los registros judiciales. Pero para entonces, Buzbee había perdido el contacto con sus clientes en Veracruz y las negociaciones se estancaron, según muestran los registros judiciales.

A pesar de los reclamos y documentos incluidos en las demandas civiles contra la pareja, el abogado Murray Fogler, socio de Brar en su bufete de abogados de Houston, dijo que sus clientes no enfrentan cargos relacionados con el lavado de dinero ni en Estados Unidos ni en México: “No tenemos conocimiento de que se hayan presentado cargos en ningún lugar contra mis clientes”.

A fines de abril, parecía probable que la demanda de Buzbee contra ellos en el condado de Harris fuera desestimada. Los esfuerzos por recuperar dinero en nombre del estado de Veracruz en Texas se estaban desmoronando.

Como resultado de las reformas electorales del estado, el mandato de Yunes como gobernador de Veracruz duró solo dos años. Su hijo se postuló para sucederlo por un periodo completo de seis años, pero perdió en julio de 2018 ante un miembro del partido fundado por el actual presidente de México, López Obrador. El nuevo gobernador inicialmente prometió continuar con las demandas en Estados Unidos, pero, en 2021 y 2022, Buzbee le había pedido a un juez en los casos restantes de Houston que lo dejara retirarse como abogado, citando falta de comunicación y “diferencias fundamentales” con el gobierno de Veracruz.

Después de su entrevista de enero de 2021 con el Observer, Buzbee pidió tiempo para responder preguntas adicionales y brindar información sobre el trabajo que había realizado en nombre de Veracruz y otros estados mexicanos. Ni él ni Leavitt respondieron a los correos electrónicos o llamadas telefónicas de seguimiento más adelante en 2021 o en 2022.

Los registros judiciales muestran que ya no representa a Veracruz en los casos que aún están pendientes en el condado de Harris. También se han desestimado las demandas contra casi todos los demandados que Buzbee nombró en su demanda de Miami en nombre de Veracruz.

Mientras tanto, Duarte permanece en prisión en México y las autoridades mexicanas continúan presentando cargos penales contra su esposa, Karime Macías Tubilla, quien fue arrestada en 2019 en el Reino Unido. Este año, un juez de primera instancia británico falló a favor de su extradición con base en evidencia de que Macías Tubilla ayudó a su esposo a saquear dinero del sistema DIF de Veracruz durante el tiempo que su esposo era gobernador, y que ella se desempeñó en un papel de liderazgo en gran parte honorífico en el DIF. Esa entidad es “responsable de brindar ayuda humanitaria a los miembros más pobres y vulnerables de la comunidad veracruzana”.

El 17 de febrero de 2022, una fiscalía británica anunció que “presunto estafador podría ser la primera persona extraditada a México desde el Reino Unido tras un fallo judicial gracias al trabajo colaborativo entre los equipos legales de los dos países”. El ministro del Interior del Reino Unido determinará el próximo paso.

Mientras tanto, ha habido más malas noticias sobre los propios intentos de México de recuperar el dinero lavado internamente por Duarte y otros asociados. El gobierno federal ha mantenido el control del rancho en el Valle del Bravo de México que incautaron, aunque Duarte negó ser el dueño, pero un juez mexicano ordenó al gobierno que devolviera otras 40 propiedades incautadas porque la condena por lavado de dinero de Duarte no estaba vinculada específicamente a esos otros bienes inmuebles valiosos.

La implosión de las demandas civiles en Estados Unidos significa que los veracruzanos han perdido otra oportunidad de recuperar los miles de millones de dólares robados durante la administración Duarte.

Demandas similares contra mexicanos se han estancado

En 2019, el bufete de abogados de Washington, DC, Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, presentó demandas en los condados de Cameron e Hidalgo en nombre del estado de Tamaulipas, y en Miami en nombre del estado de Quintana Roo. Las demandas, que hacían alegaciones similares a las que hizo Buzbee en nombre de Veracruz, han sido desestimadas.

Otra demanda que Buzbee presentó en 2020 en El Paso a nombre del estado de Chihuahua en un intento de recuperar fondos presuntamente lavados por su ex gobernador César Duarte Jáquez está en suspenso mientras un tribunal de apelaciones decide una cuestión jurisdiccional. Fiscales estadunidenses habían pedido a un juez que extraditara a Duarte Jáquez (sin relación de parentesco con Javier Duarte de Veracruz) a México para enfrentar cargos de corrupción. Pero Estados Unidos no ha acusado a Duarte Jáquez ni ha incautado propiedades que el gobierno de Chihuahua dice que compró en Texas, Nuevo México y Florida.

La demanda de Florida de 2021 presentada en nombre del gobierno federal mexicano es el único caso de lavado de dinero que parece estar avanzando. En ese caso, un abogado particular presentó una demanda en una corte estatal de Florida contra el exsecretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna, quien está acusado de lavar más de 250 millones de dólares en fondos públicos robados.

El Departamento de Justicia está procesando por separado a García Luna por cargos de narcotráfico.

Incluso, en 2021 y 2022, cuando Buzbee comenzó a solicitar salir del litigio que involucraba a Veracruz, nunca se retractó de las afirmaciones de que Javier Duarte había llevado a cabo una estafa de 3 mil millones de dólares, que la “conspiración global” para ocultar el dinero robado había estado “centrada aquí en Houston, Texas”, y que el dinero robado por Duarte pertenece legítimamente al pueblo del estado de Veracruz”, muestran los registros judiciales.

Pero en abril de 2022, cuando solicitó en una audiencia que le permitieran retirarse como representante legal de Veracruz en su último caso importante en el condado de Harris. Buzbee admitió que no había estado en contacto con su cliente durante más de un año, según muestran los registros judiciales. No está claro si Buzbee, trabajando durante cuatro años en esta búsqueda legal, ganó o perdió dinero, ya que no toda la información sobre sus esfuerzos es pública. En otra demanda de Veracruz citó “diferencias fundamentales que existen entre el abogado y el demandante. Estas diferencias fundamentales están protegidas por el privilegio abogado-cliente. En este momento, no hay un abogado para ser sustituido”.

*Este reportaje es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers. Fue producido en colaboración con Type Investigations. Esta es la cuarta parte de la serie Follow the Money.

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