sábado, mayo 28, 2022
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Canacintra promueve discusión en materia eléctrica centrada en bienestar de usuarios

Orizaba, Ver.- La iniciativa de reforma eléctrica se convirtió en una densa nube que amenaza la economía nacional, de hecho, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) advierte que de aprobarse la enmienda constitucional al país se le restará competitividad con sus socios comerciales Estados Unidos y Canadá, según refiere el vicepresidente de la delegación en Orizaba, Juan Vega López. 

En medio de la discusión causada por la pretendida reforma eléctrica, impulsada desde la presidencia de la República, los empresarios de esta cámara empresarial señalan que es importante “respaldar una discusión en materia eléctrica sustentada en las necesidades del país y no en criterios meramente políticos”. 

La iniciativa de decreto para reformar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, “relativos al sector energético, tiene que garantizar un marco jurídico constitucional que responda a los retos de hoy y las próximas décadas. Si partimos de datos errados y realidades inexistentes, cualquier modificación legal estará destinada al fracaso”. 

En Canacintra “estamos en contra de que se impulse una reforma constitucional como parte de un legado político, y no como un marco legal que realmente favorezca al pueblo de México. Existen todos los elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos y sociales que nos permiten estar preparados para contar con un sector energético fuerte, que dé certeza a la inversión, a la competitividad, la sostenibilidad y responsabilidad social”. 

Por ello, agrega, “se llama al debate, que se dé con argumentos reales y no bajo diagnósticos elaborados con verdades a medias, orientados a favorecer posiciones ideológicas. Lo que está en juego es lograr una reforma que garantice la suficiencia, certeza, condiciones y abastecimiento que favorezcan a todos. Se trata de establecer un marco legal que asegure nuestra viabilidad como país”. 

Señaló que el sector público y privado han logrado importantes avances para impulsar un rubro que es pilar para la economía mexicana, el papel que ha jugado la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los órganos reguladores, los centros de investigación tecnológica del sector y la coordinación entre la empresa pública y privada son de destacar. 

Como todo sector industrial, prosigue, “es lógico que exista una evolución dentro del sector energético, tenemos que evaluar lo que ha funcionado y subsanar donde nos hemos quedado cortos o se ha fallado, pero pretender marginar a la inversión privada como eje de la solución sería como querer correr un maratón con una pierna atada”. 

En la cámara “proponemos tres elementos estratégicos que deben conducir el debate: primero, la necesidad de garantizar certeza legal y el derecho de participar libremente en los mercados lícitos. Respetar el derecho de inversionistas y de los trabajadores de la iniciativa privada, sin la amenaza de cancelar los permisos que fueron firmados bajo la normativa vigente. Y también, “alcanzar una reforma que incorpore un profundo análisis del sector. Equivocar o manipular datos conlleva un enorme peligro. Tan solo unos ejemplos: algunos sostienen que mantener una reserva del 15 o 20 por ciento es suficiente para operar el Sistema Eléctrico Nacional; igual aseguran que eliminar contratos privados permitirá desarrollar proyectos de alta eficiencia energética; que se puede ignorar la necesidad de las redes eléctricas inteligentes, los sistemas de hidrógeno y la producción de energías limpias. Incluso hay quienes dicen que lo que está en riesgo es la rectoría del Estado”. 

Estos argumentos, “obedecen más a una narrativa política que a una realidad técnica. Es importante no sacrificar a la planta productiva privada en aras de las empresas públicas, ambas se necesitan y son complementarias, adquirir energía más barata y suficiente es lo que impulsa la competitividad y la subsistencia de millones de empresas, especialmente de pequeñas y medianas, lo que además se traslada a todos los consumidores”. 

El análisis debe centrarse en un marco regulatorio que dé certeza legal, propicie inversiones, cree empleos, precios justos y competitivos para el combustible y la electricidad, por ello, “es importante responder a la realidad actual y anticipar los retos futuros. Ni empeñarse en la defensa ciega de lo que hoy tenemos, ni defender una reforma que quiera regresar a un modelo que sirvió en la segunda mitad del siglo pasado, pero que hoy implicaría grandes daños a la economía, a la gente y a los compromisos internacionales que tenemos con las energías limpias”. 

Una reforma constitucional “como mandato es demasiado importante como para no lograr un debate de altura, que garantice la convivencia, que concilie intereses de todos y vea por un mejor futuro para los mexicanos; estamos en contra de que se impulse una reforma constitucional como parte de un legado político, y no como un marco legal que realmente favorezca al pueblo de México”.

La recuperación económica después de la pandemia de covid-19 y la complejidad de la economía mundial, requerirá todas las herramientas y recursos disponibles.

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