La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) valoró estigmatizante y sin perspectiva de género la postura del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego de que rechazó la recomendación 51VG/2022, emitida por actos de tortura y agresión sexual y abuso sexual en el caso de July “N”, vinculada al homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid.
En un comunicado, el organismo no gubernamental recordó que su función no sigue una agenda política, ni busca incidir en la responsabilidad penal o no de la víctima en los hechos que se le imputan, sino solo dar a conocer las graves violaciones a sus derechos humanos que han sido cometidos en su agravio vulnerando gravemente su dignidad humana y que justamente se profundizan aún más por la violencia sexual perpetrada por ser mujer.
La CNDH expuso que al emitir dicha recomendación 51VG/2022 busca que la víctima, además de acceder a una reparación integral del daño por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su agravio, se le proteja y garantice su derecho de acceso a la procuración de justicia.
Lo anterior, conforme a las evidencias recabadas en el expediente de queja, a fin de que las investigaciones ministeriales que dieron lugar con motivo de los hechos de los que fue víctima sean analizadas conforme a un enfoque diferencial y con perspectiva de género a fin de que tales conductas no queden impunes.
“Este organismo lamenta la postura y declaraciones estigmatizantes y sin perspectiva de género de las autoridades del estado de Veracruz involucradas, quienes dentro de su ámbito de competencia tienen el deber de realizar las acciones conducentes para que tales conductas no vuelvan a repetirse en un marco de respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los más altos instrumentos nacionales e internacionales en la materia”, expuso.
“Esto, toda vez que la situación jurídica de la víctima está siendo conocida por la autoridad jurisdiccional competente y, conforme al principio de presunción de inocencia, no debe criminalizar a ninguna persona sobre su posible comisión en hechos con apariencia de delito sino hasta que reciba una sentencia, además de que con tales declaraciones y posturas pueden estar desvirtuando las posibles conductas que vulneran sus derechos humanos, cuyo ámbito es distinto al jurisdiccional”.
Al vencer el plazo para responder la recomendación, el gobernador advirtió que rechazaría la recomendación y dijo: “Pensamos que los argumentos no son suficientes para atender la recomendación; sin embargo sí vamos a actuar, no por la recomendación, sino porque así lo instruí directamente yo desde antes”.
La CNDH observó al gobierno de Veracruz por la comprobación del indebido actuar del personal adscrito al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado, al constatarse que se acreditaron violaciones a los derechos a la seguridad jurídica y a la legalidad en agravio de la víctima.
Al ingreso de July “N” al mencionado Cereso fue revisada por una enfermera y no un médico, por lo que en el acta de ingreso no se asentó que había sido víctima de tortura y violación sexual.
Aunque en la entrevista con personal de sicología del centro manifestó haber sido víctima de violencia sexual, esto no se denunció ni se notificó a superiores para proceder legalmente. En el caso de la Fiscalía, la CNDH tiene evidencias de que nueve personas servidoras públicas, adscritas a la Fiscalía General del Estado de Veracruz participaron en la detención y posterior traslado de July “N” de la Ciudad de México a Veracruz.
En la recomendación se señala: “Para este organismo nacional quedó acreditado que la persona agraviada fue víctima de tortura sexual por parte de elementos de la policía ministerial de esa Fiscalía, por lo que la falta de evidencias médicas o certificaciones adecuadas no realizadas a la víctima no deben constituir un elemento primordial para demostrar que tales actos no sucedieron”.
