En una adopción legal la Procuraduría de Defensa del Menor realiza el trámite administrativo, incluso asigna a un abogado para que lleve el trámite sin paga alguna, se cumplen con los requisitos a través de un portal de Internet; llevan sus documentos a la instancia correspondiente, los verifican, avalan, algunos documentos deben ser notariados; hacen una valoración psicológica y un estudio socioeconómico.
Se obliga a que haya una representación de Derechos Humanos, del Tribunal Superior de Justicia y de la Legislatura, posteriormente se determinan las reuniones de ley que son cada tres meses, cuatro por año en los periodos ordinarios y/o extraordinarios, también se pueden hacer cuantas veces quieran sesionar el concejo, se permite que haya observadores externos sin voz ni voto, pero observadores para que la ley, de adopción pueda ser lo más claramente posible.
El principio de sudsiedariedad maneja que el niño se quede en su lugar de origen, en su cultura. Durante el sexenio 2010-2016 Veracruz recibió una felicitación del programa de Naciones Unidas para el desarrollo, porque todas las adopciones se habían hecho a nivel nacional.
El año pasado se publicaron las reformas a la ley, hoy no solamente el DIF estatal y la Procuraduría Estatal de Protección es el órgano que determina las adopciones, también hay observadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura mediante la Comisión de Niñez y Familia.
Veracruz tiene la posibilidad de tener observadores y que el DIF tenga un banco de datos privados de los niños y niñas susceptibles de adopción, así como de los posibles padres.
Siempre que hay una adopción internacional, de acuerdo a la Convención de La Haya, relaciones exteriores es la instancia que participa y que debe de ratificar que la salida de un niño/niña, adolescente hacia otro país en adopción sea perfectamente legal.
Al igual que la Procuraduría federal de México, no hay forma de salir si el DIF nacional no interviene, no hay adopciones internacionales de ningún estado.
En Sonora, desmantelaron en 2017 una red de tráfico de menores, la Fiscalía estatal ha acusado a 16 personas de formar parte de esta trama y considera como principal sospechoso a Vladimir Arzate, de 30 años y trabajador de la Fiscalía Especializada en Protección de la Infancia.
En 2020, el presidente del Consejo Ciudadano por los Derechos Humanos Navolatense, Lamberto López López, denunció que se había registrado entre cuatro a cinco casos; en la sindicatura de Villa Juárez la policía municipal detuvo a un hombre, cuya cónyuge lo acusó de haber intentado vender a sus hijos, recalcó que los niños se están vendiendo entre 70 mil a más de 100 mil pesos. Entre menor sea el niño, más es su valor.
Por lo que hemos visto, el caso de María José no es aislado, la familia Monroy Enciso sigue luchando por encontrar a su hija ahora con 11 años de edad, Maribel dejó a un lado su profesión, sólo se dedica a buscar a su hija por medio de asociaciones civiles nacionales e internacionales, creó la página de Facebook “Buscando a María José Monroy Enciso”, también publica fotos e información de otras personas desaparecidas.
Las redes sociales han sido sus mejores aliadas, gracias a los ciudadanos que se han conmovido con el caso la foto de María José está circulando por Internet, las señas particulares son una mancha café en una de sus manos y una roja que aparece en su frente cuando hace esfuerzo. Hubo ciudadanos que ayudaron a que la ficha de búsqueda se escribiera al francés e inglés.
Maribel Enciso cerró diciendo: No hay un estudio bien hecho, se han robado a muchos bebés, fueron arrancados de los brazos de sus mamás, ví 2 casos que los recuperaron, los habían vendido en 15 mil pesos a la pareja. Al primer bebé no lo sacaron del país, el segundo fue una niña de 4 años, empezaba la alerta amber aquí en México y a ella la lograron encontraron en el Salvador.
