Las disonancias entre la 4T y el INE llegaron al punto de la ruptura con la demanda penal de la Cámara de Diputados contra Lorenzo Córdoba y fauna de acompañamiento. Entre los observadores más o menos desparasitados parece haber una percepción generalizada de que esto es un capricho del Presidente para efectos de su egoteca. Una forma costosa de regodeo personal.
Es una apreciación chabacana y miope de la intención política del ejercicio de revocación. En algunos casos será sincera; en otros, muy conscientes de las implicaciones a largo plazo. La intención en la realización del ejercicio es crear institucionalidad. No hay otra forma de hacerlo más que aplicarla a sí mismo. De no hacerlo sería ilegítimo, débil, cualquier sucesor que dude de su entendimiento con el interés público mayoritario lo echaría por tierra con una nueva modificación constitucional.
La 4T y el Presidente están obligados a aplicarse el ejercicio a sí mismos. No hay otra forma de darle legitimidad y generar institucionalidad. Tiene sentido, seis años son muchos para sufrir las consecuencias de una mala decisión. Para el tercer año los gobernados ya tienen una idea bastante aproximada de sus fobias o filias gubernamentales. Perfecto tiempo para validar el mandato sexenal. De otra forma se condena a los gobernados a sufrir por otros tres años a la permanencia de un gobierno que no los favorece, o con el que están ideológicamente en desacuerdo, o nomás porque les cae gordo porque aspira las eses.
No verlo pareciera inocente; o francamente interesado.
