Ya se ha dicho en otras ocasiones en este espacio editorial que el Instituto Nacional Electoral está convertido en el ariete de los nostálgicos del conservadurismo neoliberal. Después de todo y bien visto, tiene sentido. Aquello que se había vendido como el instrumento perfecto de la certidumbre electoral y de la transición a la democracia –el IFE– en la elección de 2000, poco más de dos décadas después está convertido en un instrumento de sabotaje –dentro de la estructura del Estado mexicano– de todo lo que sea contrario al modelo de Estado y de gobierno neoliberales porque, al final del día, la intención de la institucionalidad creada en el neoliberalismo es preservar el modelo neoliberal.
La ciudadanización que sirvió para lavar cara al modelo profundamente anticiudadano, pero nada más y por poco tiempo. V. Fox lo manipuló para atajar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, y Calderón no tuvo pudor en colocar ahí a Luis Carlos Ugalde, también para manipular la elección; y hoy el papel de Lorenzo Córdova es clara y deliberadamente confrontado por un ejercicio que no desean institucionalizar: la consulta sobre revocación o confirmación de mandato del Presidente de la República. Saben que, de hacerla en esta administración federal, quedará como un derecho ciudadano muy difícil de cancelar.
Esa es la verdadera y única razón de la resistencia del INE.
Ahora, con todo y las resistencias sistémicas de las instituciones creadas por el neoliberalismo, las cosas van avanzando. No parece probable que las autoridades del INE logren atajar la creación de un nuevo derecho ciudadano, pero es muy claro que la intención de sus autoridades es la del resto de instituciones del neoliberalismo creadas para hacer aceptable la ilusión de una democracia… de plástico. Los legitimadores ciudadanos son innecesarios cuando las instituciones del Estado defienden directamente el interés de los gobernados.
