La Corte Penal Internacional revisa el análisis preliminar sobre la procedencia de juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El primero sería principal responsable de la política pública de la “guerra” contra el narcotráfico. La Fiscalía del organismo podría resolver en una primera instancia que el actual gobierno mexicano sea el que lo someta a la justicia
Hace una década que más de 20 mil mexicanos firmaron y aportaron motivos probados para que la Corte Penal Internacional enderezara una causa contra los funcionarios, militares y narcotraficantes mexicanos por crímenes sistemáticos contra la humanidad entre 2006 y 2012. Asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa, entre otros delitos de lesa humanidad. El de Calderón fue un sexenio genocida donde sistemáticamente hubo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra (como el caso de Ernestina Ascencio) y crimen y agresión sistemática contra la población. Ya se ha dicho en este espacio editorial que en seis años de calderonato hubo más muertes violentas por tortura y desapariciones forzadas que en 17 años de dictadura pinochetista.
Genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, de todo hubo con Calderón.
Al quinto año de gobierno sumaban 200 mil muertos, desaparecidos, secuestrados y violentados en sus derechos humanos por la guerra contra el crimen organizado. Pero era mentira, nada menos que su secretario de Seguridad Pública era cómplice del más poderoso cártel criminal. El orquestador e instrumentador de la guerra.
Ha habido tiempo suficiente para revisar esta y otras acusaciones respaldadas con evidencias.
La comisión que elabora el análisis preliminar debió ya haberlo turnado a la Fiscalía de la Corte en donde se determinará si hay crímenes internacionales de lesa humanidad y crímenes de guerra. De confirmarse, ese tribunal internacional solicitará a las autoridades del Estado mexicano que enjuicie a los responsables. Serán la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de México los que deberán actuar en consecuencia.
Si nos atenemos a los tiempos habituales de la Corte Penal Internacional, tal dictamen debe estar por suceder. Aún hay tiempo que suceda en este sexenio. Tiene sentido entonces la encuesta sobre el juicio a los ex presidentes. Juzgar a Calderón no solo es juzgar a un sociópata, es juzgar un modelo de Estado que privatiza las ganancias y democratiza los costos.
