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El devastador Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) publicado el lunes pasado apunta a la responsabilidad de personajes de muy alta jerarquía del gobierno de Enrique Peña Nieto, incluyendo al propio Peña Nieto. El caso Ayotzinapa muestra sin misericordia el grado de corrupción y de connivencia de los más altos mandos de las instituciones de gobierno con empresas criminales. Lo que se deriva del contenido de la presentación que hizo el GIEI es la criminalidad tan profunda en la que incurrieron los gobernantes mexicanos al grado de comprometer la viabilidad del Estado mexicano. El neoliberalismo es un esquema criminal, sí, pero con perpetradores que tienen nombre y apellido y permean muy profundo en la burocracia institucional. Se entiende, son casi 40 años de decadencia institucional.

Con toda razón el enojo de los padres de los estudiantes desaparecidos. El Estado mexicano que les mintió sigue presente en este gobierno como pesado e invasivo remanente de corrupción. Muestra que hubo una muy amplia conspiración para ocultar la secuencia de los hechos y la cadena de mando que los perpetró. Muestra al gobierno de Peña Nieto como criminal. Es deseable que el sistema judicial y actúe en consecuencia porque en la desaparición de los normalistas estuvieron presentes una amplia gama de instituciones mexicanas.

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