La secretaria del Interior del Reino Unido, Priti Patel, autorizó la extradición a Estados Unidos del informador australiano Julian Assange, quien se encuentra recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde abril de 2019 y sujeto a acoso judicial por los gobiernos de Estados Unidos, Suecia y Gran Bretaña desde 2010. Washington lo reclama para juzgarlo por 17 cargos de espionaje y uno por supuestos delitos cibernéticos.
A pesar de que decenas de organizaciones internacionales han denunciado los atropellos, arbitrariedades y violaciones a los derechos fundamentales en el juicio que se realiza en contra del fundador de WikiLeaks –entre ellas, la Relatoría de la Organización de Naciones Unidas sobre la Tortura y Amnistía Internacional– y no obstante los llamados de diversas personalidades mundiales a que Assange sea puesto en libertad, un comunicado de la oficina de Patel afirma que la extradición “no puede ser opresiva, injusta o un abuso procesal” y que “tampoco se ha determinado que sea incompatible con sus derechos humanos, incluyendo su derecho a un juicio justo y a la libertad de expresión”.
La hipocresía y la falsedad de esas expresiones resulta evidente a la vista de las revelaciones sobre el espionaje ilegal que la estadounidense Agencia Central de Inteligencia llevó a cabo sobre Assange, en el curso del cual interceptó conversaciones entre éste y sus abogados, con la finalidad de debilitar las estrategias de defensa legal del acusado. No debe soslayarse, por otra parte, que en 2019 más de medio centenar de médicos de Suecia, Australia y el Reino Unido expresaron en un mensaje público a Patel su preocupación por el severo deterioro físico y mental que han causado en el informador las condiciones excepcionalmente severas de su reclusión.
Más allá de las aberraciones de la persecución en contra del fundador de WikiLeaks, la disposición del gobierno británico a entregar a Assange al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como el empecinamiento de los gobernantes de ese país en fabricarle delitos imaginarios –porque no cabe acusar de espía a quien no sirvió a potencia alguna, sino que trabajó para informar a la opinión pública internacional–, es claro que las maniobras entre Washington y Londres para consumar la farsa judicial constituyen un inequívoco mensaje de escarmiento para todo el gremio periodístico del mundo: el poder público de esas naciones no tolera ser exhibido en sus actos delictivos, en su corrupción y en su indecencia, y se vengará de quienes se atrevan a ponerlo en evidencia. Y, por añadidura, la determinación impone una intolerable limitación al derecho a la información de las sociedades.
Esto se constata en el caso del video intitulado Asesinato colateral, que grabó el homicidio de 12 civiles –entre ellos, dos periodistas de la agencia Reuters– en la Bagdad ocupada por las tropas estadounidenses en julio de 2007: la grabación, tomada desde un helicóptero, muestra el momento en que el grupo de peatones fue ametrallado por los tripulantes, quienes unos segundos más tarde perpetraron otro ataque sobre una familia iraquí que acudió en ayuda de los heridos. Los autores materiales, intelectuales y políticos de ese crimen no fueron llamados a cuentas nunca, pero quienes enteraron al mundo de ese hecho –la ex soldado estadounidense Chelsea Manning y el propio Assange– fueron sometidos desde entonces a un implacable acoso judicial que, en el caso del australiano, desemboca ahora en la aprobación para que sea extraditado a Estados Unidos.
No debe olvidarse, respecto a México, que Julian Assange brindó un servicio trascendente a la transparencia y a la información, al entregar a este diario miles de cables diplomáticos enviados al Departamento de Estado por la embajada y los consulados estadounidenses en nuestro país en los que se registró, así fuera de manera involuntaria, la descomposición del gobierno de Felipe Calderón y su indignante sumisión ante Washington, en el contexto de la Iniciativa Mérida.
La información correspondiente, publicada en estas páginas en el curso de 2011 y 2012, permitió ponderar algunos de los abismos a los que fueron llevadas las instituciones en ese periodo.
Finalmente, WikiLeaks ha anunciado que la defensa del informador impugnará la decisión de Patel. Cabe esperar que en la justicia británica haya más sensatez y decencia que en el gobierno de Londres y que Assange sea puesto en libertad en el menor tiempo posible. Ese sería el único buen final de este episodio tan alarmante como vergonzoso.
