El año pasado el tema de la revocación/ratificación del mandato determinó en buena medida la discusión pública por el largo forcejeo entre el INE y el gobierno. La oposición que durante tres años ha intentado malograr o por lo menos socavar el sentido de las decisiones gubernamentales puso especial énfasis en este tema.
Tiene sentido, la derecha y su fauna de acompañamiento de partidos apenas significativos sabe que, de instaurarse el ejercicio como una práctica democrática, estarán –en caso de recuperar el poder– sujetos con mucho más rigor al mandato de los gobernados; consecuentemente, no podrán revertir así como así las políticas y restauraciones institucionales hechas durante este gobierno.
No es menor el asunto, la 4T es bastante más que un concepto propagandístico. Implica abandonar por completo un modelo de Estado dirigido al beneficio preferente de los intereses privados –financieros, industriales e inmobiliarios– para priorizar el interés público y corregir las distorsiones del sistema de distribución, el mercado.
Todo indica que la acción boicoteadora del consejero presidente Lorenzo Córdova ha fracasado si nos atenemos a las sentencias del Tribunal Federal Electoral y de la SCJN; el INE está obligado a realizar el ejercicio con los recursos que tiene, lo que implica varios movimientos administrativos internos para que no lo acusen de desvío de recursos públicos toda vez que son etiquetados. Pero no es ese el motivo de la resistencia del INE y del estamento conservador.
La verdadera razón de la resistencia conservadora es no dejar como precedente que, en caso de recuperar la titularidad de la administración pública, tengan que validar a la mitad del periodo de gobierno el sentido y enfoque de su mandato porque, de hacerlo y en caso de que en sus primeros tres años de gobierno abandonaran el modelo de Estado benefactor, el pueblo los largaría del poder. Seis años es un periodo demasiado largo para encajar las consecuencias de una mala decisión.
Es un ejercicio que nada tiene que ver con la vanidad, como han querido hacer parecer, tiene que ver con que la soberanía reside en los ciudadanos y que si un gobierno no atiende al interés de los gobernados, entonces puede ser removido sin tener que soplarse tres años más de pesadilla. Para nunca más tener que padecer seis años en el gobierno a un sociópata como Calderón o a un imbécil como Peña Nieto. Con tres son suficientes para saber de qué lado van las intenciones del gobierno en turno.
