Astillero

Julio Hernández López

Periódico La Jornada
miércoles 06 de abril de 2022

1.- El ejercicio revocatorio de mandato es un derecho avanzado de los ciudadanos, que puede ser ejercido en tiempos y formas claramente establecidos. No es una ocurrencia ni una celada; verlo o pensarlo así resultaría de una gran ignorancia jurídica y política.

Por el contrario, opositores al gobierno en turno, y quienes apoyan a éste, tienen una extraordinaria oportunidad democrática de relevarlo por la vía democrática, en el primer caso, o confirmar el apoyo, en el segundo.

Este tipo de ejercicios políticos tiene lógicamente dos posibilidades: rechazar o aprobar, culpar o exonerar, revocar o ratificar. Antidemocrático e irracional sería suponer que sólo puede considerar el flujo de un bando o lo inexorable de un resultado.

2.- Es absolutamente falso que “se rompe la legalidad” democrática al participar en el revocatorio, según eso porque se altera el periodo presidencial sexenal (en el caso de López Obrador, cinco años y 10 meses) y con ello se abrirían las compuertas jurídicas a una avenida releccionista.

Los senderos constitucionales para intentar reformas releccionistas, en el hipotético caso de que hubiera interesados en una propuesta así, no dependerían ni están condicionados por un ejercicio revocatorio, ni siquiera como antecedente “justificatorio”.

3.- No hay nada que prohíba a seguidores de un gobierno ser los promotores de un revocatorio. Cierto es que el sentido original podría considerar que deberían ser los opositores quienes impulsaran el referido ejercicio, pero a fin de cuentas se está frente a un proceso de índole política que puede tener distintos impulsos originales, variaciones e intenciones que, siempre dentro de la ley, deben desahogarse.

4.- El revocatorio del próximo domingo ha cumplido con todos los requerimientos constitucionales y legales, y ha sido avalado por todos los órganos de gobierno concurrentes: el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia Presidencia de la República.

Las diferencias operativas relacionadas, por ejemplo, con la disponibilidad presupuestal y la adecuada publicidad del proceso, incluso desde instancias legislativas o de gobierno (discusión ya resuelta por la Corte, en ambos casos), son temas importantes pero, habiendo sido legalmente zanjados y luego asumidos por los litigantes, se convierten en parte importante para eventuales ajustes legales, pero hoy no invalidan ni disminuyen en nada el citado ejercicio.

5.- Tener reticencia al revocatorio de mandato es un paso atrás en el difícil proceso de construir algo con posibilidades de ser llamado democracia en México. Sin entrar en detalles de lo que a juicio de este tecleador es una aberración histórica por parte de quienes se niegan a aprovechar el derecho constitucional a deponer a un presidente, al que dicen repudiar, el revocatorio debe ejercerse (cuando se cumplen los requisitos legales, como el caso) y consolidarse pues, como temen algunos de los opositores de hoy, pensando en su eventual regreso al poder, facultará a los ciudadanos para resolver de manera pacífica y organizada sus diferencias esenciales con la Presidencia de la República en turno y, en cuanto constituciones locales se ajusten a la federal en este tópico, con gobernadores de los estados.

Y 6.- Argüir, desde la oposición, que todo seguiría igual en caso de triunfar en el revocatorio es una torpeza evidente (en ese caso, ¿para qué seguir participando en otros procesos electorales?) y pretender que este no es un ejercicio ciudadano (cuando fue convocado por millones de personas y validado por las autoridades), porque Morena y la llamada 4T participan en la natural defensa de sus posiciones (¿los ahora opositores no lo hacen, no lo harían, en el plano legal?), puede significar sólo una coartada elaborada por la impotencia organizativa y el conocimiento exacto de su inviabilidad aritmética y política en estos momentos. ¡Hasta mañana!

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