Astillero

Julio Hernández López

Andrés Manuel López Obrador ha hecho de todo para tratar de justificar su inacción justiciera respecto a ex presidentes vivos, en particular en el caso del más alcanzable de ellos, Enrique Peña Nieto.

Cierto es que con toda oportunidad, como candidato presidencial (desde 2012, luego en 2018), el político tabasqueño fijó su postura de no perseguir a esos ocupantes de Los Pinos, bajo el razonamiento personal de que “su fuerte no es la venganza” y la consideración más amplia de que se perdería demasiado tiempo de construcción del futuro si se entrampaba en el pasado.

Pero el titular del Poder Ejecutivo federal está obligado constitucionalmente a cumplir con obligaciones institucionales, más allá de las posturas personales. No es cuestión de ánimos individuales sobre la venganza, sino el ejercicio del poder derivado del pueblo para llevar ante instancias judiciales a quienes tan escandalosa y dañinamente lastimaron la riqueza y la viabilidad nacional.

Tampoco es que una parte importante de la sociedad (la que llevó a Palacio Nacional a AMLO) demande venganza, entendida como irracionalidad punitiva o desahogo de pasiones corrosivas, sino justicia como producto de la legalidad, como cumplimiento civilizado de procesos que sancionen a los responsables de tales delitos tan exhibidos.

Tal exigencia ha sido nutrida por la insistencia de López Obrador, en sus conferencias de prensa, en describir los horrores de la corrupción del pasado reciente (en específico, Fox, Calderón y Peña; pocas veces y sin cargar la tinta, Zedillo; centralmente, Salinas), lo cual debería obligar a procurar el castigo de los grandes victimarios de la nación, no sólo el bombardeo retórico que resultaría la más cómoda y aceptable pena para tan gozosos e intocados ex presidentes.

El tema volvió a escena luego que ayer, en la mañanera, el Presidente de la República dijo haber cumplido con su responsabilidad al plantear una consulta pública que a fin de cuentas no obtuvo el número suficiente de votos para ser obligatoria. Llegó a culpar a los medios de comunicación por no haber difundido adecuadamente ese proceso.

El argumento tiene varias zonas imprecisas: el político con más popularidad nacional advirtió que no estaba de acuerdo con la posibilidad de sancionar a ex presidentes y ni siquiera votó en tal consulta, y la pregunta sobre el tema fue ajustada por la Corte debido a la extravagancia de preguntar a los ciudadanos si la máxima autoridad del país debía cumplir con la ley y proponer castigo a los grandes corruptos.

Tal redacción genérica no invitaba a votar porque inocuamente se refería a “acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal” (es decir, volver a la legalidad que no necesita consulta), para “emprender un proceso de esclarecimiento (esclarecer no es castigar, sino ilustrar, dilucidar) de las decisiones políticas (¿?) tomadas en los años pasados por los actores políticos (¿todos, cualquiera, desde un regidor suplente hasta un presidente?), encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Ayer mismo, en correspondencia con el señalamiento presidencial de que todo hecho presuntamente constitutivo de delito que se conoce en el Ejecutivo es enviado a la Fiscalía General de la República, en específico lo relacionado con Peña Nieto, la oficina a cargo de Alejandro Gertz emitió un boletín para informar que “en este momento, la FGR está desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales, en contra de Enrique P”.

“En los meses próximos”, según el boletín, “los avances” de la investigación sobre OHL y las implicaciones electorales y patrimoniales “permitirán judicializaciones” (nótese que no se usa el condicional “permitirían”, sino la seguridad del “permitirán”). En otros dos casos, se están “integrando las carpetas de investigación”. La TortuGertz sabida, ¿se activará en este caso o sólo se busca dar largas y seguir con la impunidad de los ex? ¡Hasta mañana!

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