Obispos rechazan despenalizar la interrupción del embarazo
septiembre 10, 2021 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reiteró su rechazo a la despenalización del aborto en el país. Califica de incongruente la medida adoptada la que además es contradictoria.

No obstante, los obispos dijeron ser "conscientes que la cárcel no es una solución a la problemática de la mujer que aborta y más bien puede ocasionar su revictimización. Estamos a favor de la mujer y de la vida".

En el documento de la CEM, firmado por Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de este organismo, la Iglesia católica fijó su postura luego de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto.

"La Corte sostuvo –entre otras cosas– que es inconstitucional la tipificación del delito de aborto auto procurado o consentido mismo que establecía una pena de uno a tres años a la mujer que voluntariamente practicara su aborto o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de aquella. En el mismo sentido, extendió la invalidez a la sanción establecida para el personal sanitario que asistiera a un aborto voluntario, así como a la penalización del aborto que se practique dentro de las 12 semanas de gestación en caso de violación o inseminación artificial o implantación indebida".

Los obispos refirieron que habiendo estudiado el contenido de esta resolución y los argumentos expuestos, afirman que los problemas que enfrentan las mujeres y el estatuto jurídico del concebido no nacido son un tema complejo con aristas antropológicas, científicas, filosóficas y éticas que no es posible reducir a una resolución en un asunto judicial.

"Con dolor y consternación, consideramos que es imprescindible que todos los actores sociales –fuera de un clima de polarización ideológica y sin apegos a posiciones políticas– nos involucremos en una nueva y profunda reflexión que nos permita encontrar un camino común de solución a un problema multidimensional y multifactorial como el que nos ocupa", continúa el texto.

Mencionaron que ninguna mujer debe verse orillada a tomar la dramática decisión de recurrir al aborto, situación que en gran número de casos deja una profunda secuela de dolor. Recalcaron que la cárcel no es una solución a esta problemática y puede ocasionar su revictimización.

Así la iglesia refrenda un compromiso decidido y activo con aquellas iniciativas, programas y proyectos que busquen ofrecer los medios necesarios para que las mujeres construyan un proyecto de vida digno, de acuerdo con sus legítimas aspiraciones y se involucren activamente en todos los espacios.

En este sentido, más allá de las consecuencias jurídicas del fondo del fallo, consideraron que la resolución de la Corte exhibe un peligroso y desproporcionado contraste entre el contenido y límites de lo que denomina "derecho de la mujer a decidir" frente a "la protección constitucional del concebido no nacido".

Sin pretender agotar el contenido del asunto, agregaron que es delicado que el mismo proyecto aprobado reconoce que no existe referencia constitucional o convencional expresa del llamado "derecho de la mujer a decidir", pero que "el sustrato de esta prerrogativa lo constituyen la dignidad humana, la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vida privada, la igualdad jurídica, el derecho a la salud (psicológica y física) y la libertad reproductiva"

No es admisible que el análisis conjunto de estos conceptos lleve a la conclusión de que existe un derecho fundamental de la mujer a decidir y que éste consiste "en la posibilidad de acceder libremente a un procedimiento de interrupción segura del embarazo", al amparo de los artículos 1º y 4º constitucionales.

Si el sustrato de este denominado "derecho a decidir" se encuentra en estos principios, ¿bajo qué razón lógica se le desconocen al concebido no nacido? ¿Qué elementos objetivos existen para restringirle sus derechos y, en consecuencia, retirarle la protección del Estado?

Advertimos con grave preocupación que los razonamientos empleados se sustentan en parámetros de interpretación que –bajo la apariencia de progresividad– se traducen en la "constitucionalización del derecho a decidir" –tal y como lo señala el proyecto de resolución– desconociendo otros bienes jurídicos de igual jerarquía, cuyo valor intrínseco es independiente de las creencias religiosas o convicciones de cada persona.

No es congruente que –en una misma resolución– se lleve a cabo un ejercicio discursivo exhaustivo y una interpretación extensiva para abordar el llamado "derecho a decidir" y se aplique una visión restrictiva del derecho humano a la vida, expresamente reconocido en Tratados Internacionales, así como del estatuto biológico, antropológico y jurídico del concebido no nacido y la protección que merece, arguyendo que "no existe unanimidad en los criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual empieza la vida humana y el momento a partir del cual debe protegerse por el Estado, sustentándose afirmaciones encontradas entre sí".

Las fotos del día