Precisiones
agosto 03, 2021 |

Dicen los maledicentes –que no son muchos pero que tienen los medios para difundir sus ideas– que la consulta sobre el juicio a los ex presidentes fue un fracaso. No lo fue. Tuvo, en efecto, una participación de apenas algo más que el 7 por ciento del padrón electoral, lo que está lejos de alcanzar el 40 por ciento requerido para hacerla vinculatoria. Hay razones que lo explican: primero, el sistema completo de dominación y reproducción ideológica estuvieron volcados a desacreditarla como inútil y expendiosa.

El INE, tanto institucional como personalmente por parte de Lorenzo Córdova y fauna de acompañamiento, la obstaculizó desde el principio. Basta dar una ojeada a vuelo de pájaro a la prensa. Prácticamente toda la comentocracia y las posturas editoriales de los medios noticiosos se dedicaron a desvalorarla. Entre otras cosas con el peregrino argumento de que la ley se aplica, no se consulta. Lo que pasa por alto el detalle de que la ley, el artículo 108 constitucional, dice que un presidente "durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común", y el sistema completo de justicia junto con el estamento del pacto de impunidad configurado desde 1988 con el fraude de Salinas de Gortari se cuidó de que sus delitos no fueran graves. El fraude electoral, por ejemplo, o el manipular el presupuesto para dejar morir y drenar en el proceso de hacerlo a la principal empresa nacional, Pemex.

Entre casillas limitadas en número y sus ubicaciones complicadas se buscó en todo momento dificultar al ciudadano el ejercicio de su derecho.

En el sentido estricto no debería sorprender, el país fue gobernado por una pandilla de facinerosos abocados a beneficiarse sin importar los costos para el país y los gobernados. Los resultados de eso están a la vista: un país donde más de la mitad de la población vive en pobreza y parte importante de ella por debajo de los mínimos de bienestar más elementales. Todos los servicios de Estado destinados a compensar las desigualdades sociales, esto es salud, educación y alimentación fueron desmantelados casi por completo. Lo mismo pasó con las leyes e instituciones destinadas a proteger las empresas nacionales. O los escandalosos casos de devastación de las concesiones mineras otorgadas a depredadores globales con vínculos operativos con el crimen organizado. De ahí el inmenso número de luchadores sociales, defensores medioambientales y periodistas asesinados durante la noche neoliberal.

La mayoría de la población no votó, lo que no significa que la intención de su pensamiento político no apunte hacia enjuiciar a quienes la pusieron en condiciones de sobrevivencia. Basta con ver el endeudamiento público contratado con alegría e irresponsabilidad versallescas por esos cinco ex presidentes. Al tiempo, la nación retoma el rumbo del Estado de bienestar bajo una economía capitalista, pero con limitaciones y con responsabilidades punibles.

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