Detecta Orfis anomalías en ciudades judiciales
julio 23, 2021 | Agencias

Recursos por más de 141 millones de pesos, sin respaldo; opacidad en estados financieros

Una auditoría a la gestión financiera en la construcción de 17 ciudades judiciales alertó de recursos por más de 141 millones de pesos sin respaldo, irregularidades en los contratos de terrenos, falta de expedientes técnicos, falla en los registros contables y opacidad en los estados financieros.

También se detectaron recursos por 129.9 millones de pesos que fueron ingresados al Fideicomiso Maestro de Ciudades Judiciales de los cuales se desconoce el origen y no están registrados contablemente.

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) hizo 15 observaciones a la gestión financiera de las ciudades judiciales y envió el oficio OFS/AG_ST/11130/12/2020 a Joana Marlen Bautista Flores, directora general de administración del Consejo de la Judicatura del estado para solventar los señalamientos.

La auditoría de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera es parte de la cuenta pública 2019, el último año de gestión de Edel Álvarez Peña como presidente.

La construcción de 21 ciudades judiciales fue adjudicada a través de una asociación público-privada en 2017 a un consorcio integrado por varias empresas, encabezadas por la familia Ruíz Anitua, originaria del Puerto de Veracruz, quienes también son los concesionarios de las casetas de cuota de La Antigua y Plan del Río en la carretera Xalapa-Veracruz.

El decreto original para las ciudades judiciales fue firmado en 2017 y modificado en 2018 para la construcción de 21 ciudades judiciales. El contrato detalla que se pagarían 19.7 millones de pesos por 300 meses, para dar un total de 5 mil 916 millones de pesos por el total del contrato.

En mayo de 2018 se declaró ganador de los contratos individuales para la planeación y ejecución de la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de dichas ciudades judiciales al consorcio conformado por Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.

Para este contrato el grupo corporativo creó la empresa Desarrolladora CJI S.A.P.I. de C.V. y contrataron 12 créditos por 849 millones de pesos.

En 2018 ya había una auditoría de legalidad a los contratos de la asociación público-privada que señaló otras observaciones.

Recursos que no se comprueban

Para la construcción de las ciudades judiciales se creó el fideicomiso maestro F3749. La auditoría detectó que entre agosto y diciembre de 2019 se hicieron erogaciones por 131.3 millones de pesos de la cuenta del fideicomiso por concepto de reembolso de excedentes, de las cuales se desconoce su aplicación, pues no se presentó evidencia documental que justifique y soporte las erogaciones. También se detectó que en la cuenta bancaria del fideicomiso se recibieron recursos adicionales a la constitución de fondo de reserva de 18 ciudades judiciales por 129.9 millones de pesos por concepto de derecho de cobros, de los cuales se desconoce su origen, pues no se presentó evidencia documental que justifique y soporte estos ingresos.

La auditoría señaló que en noviembre del 2019, el Poder Judicial hizo de una cuenta de BBVA Bancomer cuatro transferencias al banco Invex por concepto de adecuación y preparación de terreno y obra de cabecera en cuatro ciudades judiciales por un monto de 10.4 millones de pesos, pero no se presentó evidencia documental ni probatoria para respaldar estas transferencias. Las ciudades judiciales involucradas son Martínez De la Torre, Tuxpan, Medellín y Papantla.

Terrenos no cumplen con especificaciones técnicas

En el rubro de registros contables, presupuestales y conciliación de saldos se observó –por ejemplo– que en terrenos para la construcción de inmuebles de las Choapas y Minatitlán, no existe evidencia de que se hayan registrado contablemente.

Tampoco se presentaron avalúos de los terrenos adquiridos por contrato de compraventa para llevar a cabo los proyectos de asociación público-privada, situación que no permitió verificar que el valor de la adquisición de los inmuebles no superara el valor de los avalúos.

Los terrenos que fueron adquiridos entre julio de 2018 y julio de 2019, en el caso de Naolinco, Chicontepec, Perote y Coatzacoalcos, se pagaron casi 35 millones de pesos por estos terrenos. Uno de ellos, el más caro, se compró por 30 millones a través de un contrato de compraventa en la reserva de dominio del Instituto de Vivienda del Estado.

La auditoría también advierte que el Poder Judicial adquirió a través de donaciones y contratos de compraventa 20 inmuebles, de los cuales 12 no cumplen con el mínimo del área requerida para la construcción de las ciudades. Por ejemplo, el área requerida para la ciudad de Minatitlán es de 4 mil 793 metros, pero el terreno solo es de 772.5, el mismo caso es para Ozuluama, donde se requieren 2 mil 495 pero el área comprada solo tiene mil 113.

Tampoco hay evidencia de que el Poder Judicial tenga registradas contablemente las cuentas bancarias de los proyectos correspondientes a los contratos individuales de las asociaciones público-privadas de las ciudades judiciales, y no presentó estados de cuenta de enero a diciembre de 2019.

Cambio de sede de Nogales a Perote no se justificó

Sobre la adjudicación del proyecto, el Orfis observó que el 5 de mayo de 2019 se adjudicó a la empresa desarrollada CJI S.A.P.I de C.V., la construcción de la ciudad judicial de Perote por 51 millones de pesos.

Sin embargo, unos meses antes, en mayo de 2018, el Poder Judicial notificó al contratista la intención de sustituir el municipio de Ciudad Mendoza por el de Nogales. Unos meses después en febrero del 2019 se pidió modificar el municipio de Nogales por el de Perote.

Sin embargo, no se presentó un dictamen de expertos sobre la necesidad y beneficio de transferir de ubicación la ciudad judicial ni tampoco presentó evidencia sobre la integración del expediente técnico del proyecto de Perote. Esta modificación debió ser notificada al Congreso local.

Contratista no comprobó aportación por más de 130 mdp

El Poder judicial no presentó evidencia de que el contratista haya aportado en efectivo mediante transferencia al fideicomiso de administración o el equivalente en obra, el importe requerido para llevar a cabo la realización de las obras de cabecera necesarias por más de 20 millones de pesos para la construcción de 17 ciudades.

No se presentó evidencia de que el contratista haya entregado y mantenido vigente las garantías de aportación de capital de riesgo para los proyectos de la asociación público- privada para la construcción de 10 ciudades judiciales. El monto a garantizar era de alrededor de 110 millones de pesos.

Tampoco proporcionó evidencia de que los inmuebles se hayan realizado en los 6 meses posteriores a la firma del contrato para el caso de 17 ciudades judiciales con un monto de contrato de mil 53 millones de pesos.

La auditoría señala que no hay evidencia de que el Poder Judicial haya realizado la primera ministración de las participaciones y que estas hayan ingresado al patrimonio del fideicomiso maestro de los contratos individuales de asociación público- privada.

Opacidad en el gasto y los contratos

La auditoría también señala que la asociación público-privada del Poder Judicial no fueron inscritas en el Registro público único de la SHCP, ni en el registro de deuda pública estatal.

Además, el Poder Judicial no ha hecho públicos los instrumentos jurídicos de los proyectos de las asociaciones público privadas ni los reportes semestrales del ejercicio 2019 de los avances que guardan las ciudades judiciales.

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