Asesinatos de candidatos, sanguinario reacomodo del poder económico: EPR
junio 30, 2021 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- El país no está ni en paz ni tranquilo. Los 90 políticos asesinados en el pasado proceso electoral, más los acumulados por los hechos de Reynosa, Tamaulipas, y Michoacán, confirman que México transita por uno de los momentos más violentos de su historia. Veracruz es uno de los estados en donde la violencia no se detiene, manifestó en un comunicado el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

"Los ataques selectivos contra diferentes actores políticos de la lucha electoral es fuego amigo dirigido a sus propios lugartenientes, testaferros, caporales, empleados, lacayos, y uno que otro iluso que confía en la alternativa de la democracia burguesa y que, elección tras elección, lo único que logra es convalidar a anquilosados políticos de oficio, a clanes regionales que cambian de color partidista según los tiempos políticos, así como también para legitimar el régimen de explotación y opresión capitalista".

El texto plantea que los cerca de 90 asesinados en el país en el proceso electoral es un sanguinario reacomodo de los diferentes grupos de poder económico para el que usa el mismo argumento de gobiernos panistas y priístas de que tienen relación con el crimen organizado.

Afirma que en Veracruz, como en el país, la violencia ha sido denominador común en los procesos electorales, pero antes se obligaba a las masas trabajadoras a votar por el PRI, cuando en el pasado proceso electoral fue la entidad con más asesinatos políticos electorales.

El EPR acusa que el estado es una de las principales entidades en donde los crímenes de lesa humanidad son recurrentes, "prácticas del terrorismo de Estado que tienen continuidad con la anuencia, omisión o comisión de administraciones estatales en sucesión, que han estado en manos tanto de priístas como panistas que se traduce en impunidad e inmunidad para los perpetradores materiales e intelectuales".

Al respecto, hace referencia a la ejecución extrajudicial de 12 personas, en enero de 2021, cerca del Ejido Alto Uxpanapa, La Choapas, Todos maniatados, con ojos vendados, huellas de tortura y con tiro de gracia. De inmediato sale la sentencia oficial sobre el múltiple crimen: "Disputa entre ganaderos y trabajadores", "diferencias entre grupos de autodefensas".

Sin embargo, las víctimas pertenecientes a Cerro de Nanchital eran pueblo organizado que defendía el derecho a la posesión de la tierra, como el no permitir la deforestación y el abigeato. Afirma que fue un crimen político diluido en la acción perversa de una supuesta disputa entre pobladores locales.

También la represión a indígenas totonacas el 13 de marzo; la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se ensañó contra los manifestantes. Dicha corporación se ha destacado por su carácter represivo, responsable de innumerables crímenes. Es la misma corporación acusada de secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que opera desde El Lencero con la anuencia del Ejecutivo estatal, parte del andamiaje policíaco-militar.

Se refiere también al violento desalojo en la carretera Banderilla-Xalapa contra trabajadores de la educación, 14 detenidos y agresión a periodistas, en mayo bajo el argumento gubernamental de que "son charros" y de que en estos tiempos "se les atiende" por lo que ya no hay motivo para la protesta.

Concluye que los crímenes de lesa humanidad continua al mismo ritmo y cantidad que en administraciones pasadas, en las regiones Córdoba-Orizaba, Veracruz-Boca del Río y Coatzacoalcos-Minatitlán, siendo la Fuerza Civil, la Marina y el Ejército Mexicano los principales responsables de varios crímenes con la anuencia de los presidentes municipales en tiempos de la 4T.

Las fotos del día