Equipo de cómputo de Pemex, obsoleto: ASF
mayo 11, 2021 | Agencias

Otorga Juan Pablo Gómez Fierro primera suspensión provisional a Ley de Hidrocarburos

Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa más grande del país, la tercera petrolera más rentable del mundo y que en 2019 ejerció 2 mil 251 millones de pesos en contratos relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), usa servidores y equipos de cómputo con sistemas operativos obsoletos y no actualiza los parches de seguridad de sus sistemas informáticos.

De acuerdo con un informe de la Auditoría de Superior de la Federación (ASF), esto la hace vulnerable a ataques cibernéticos, como el del 10 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente 6 mil equipos de la paraestatal –alrededor de 5 por ciento de sus computadoras y servidores– fueron hackeados por un grupo de delincuentes informáticos que después pidió como rescate 565 bitcoins, equivalentes a 4.9 millones de dólares, que el gobierno se negó a pagar.

En este caso, en el que se robaron cerca de 180 mil archivos, que incluyen contraseñas, bases de datos, programas de vigilancia, entre otros, la ASF encontró que la vulnerabilidad de los servidores secuestrados había sido corregida por el fabricante seis meses antes del hackeo, pero Pemex no actualizó sus equipos.

En una revisión hecha en el contexto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF señala que con la falta de gestión de las actualizaciones de seguridad y de otros controles, Pemex contribuyó al hackeo que ocasionó la pérdida de archivos, así como la interrupción de los procesos de negocio de la empresa, cuyas ventas ascendieron ese año a un billón 401 mil 917.2 millones de pesos.

Entre 2015 y 2019, Petróleos Mexicanos invirtió 11 mil 545 millones 579 mil pesos en sistemas de información e infraestructuras tecnológicas. Pese a ello, la ASF encontró que de los mil 182 servidores secuestrados hace año y medio, más de 76 por ciento tiene versiones de Windows a las que Microsoft ha dejado de dar soporte.

Y de las 11 mil 54 computadoras de escritorio y portátiles que fueron infectadas con un ransomware –software malicioso usado para el secuestro de información– 27 por ciento no tenían instalado el agente DLP (prevención de pérdida de datos), y 16 por ciento no tenía el ATP (agente de protección avanzada contra amenazas), lo que ya había sido advertido a la petrolera un año antes por la ASF.

En el año del ataque, Pemex destinó 2 mil 753 millones 448 mil pesos a costos relacionados con su personal de las áreas de TIC. Considerando que en 2019, 2 mil 512 empleados trabajaban en lo relacionado con informática y comunicaciones, el sueldo promedio en esta área de la petrolera es de un millón 39 mil pesos al año.

Para la ASF, Pemex carece de un adecuado control, manejo, evaluación, supervisión y validación del inventario de equipos de cómputo.

Todo esto "aumenta el riesgo de un incidente de seguridad informática que podría ocasionar un impacto negativo en los activos de información y procesos de negocio de la empresa".

Otorgan primera suspensión a Ley de Hidrocarburos

El juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional con efectos generales en contra de la Ley de Hidrocarburos, publicada el 4 de mayo, con lo cual esta norma no podrá tener ningún efecto, hasta en tanto se decida si se otorga la suspensión definitiva.

La decisión se dio al admitir a trámite un amparo promovido por las empresas Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil, y a Dalia Pilar Lamarque Picos.

Dicha ley regresó a Petróleos Mexicanos el control del mercado de combustibles, lo que, a juicio del titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le da a la empresa productiva del Estado una ventaja desleal.

Así lo sostuvo: "Este precepto otorga una ventaja competitiva para ciertos participantes del sector, circunstancia que vulnera el derecho fundamental de libre competencia económica y concurrencia tutelado por la Constitución. Aunado a que este tipo de ventajas también podrían abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética, lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el sector".

Gómez Fierro, quien también ha otorgado suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica y contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, dio a su decisión efectos generales, pues afirmó que de lo contrario "se permitiría un trato de privilegio para las quejosas, ya que serían las únicas permisionarias a las que no se les aplicaran los supuestos de revocación que se encuentran previstos en los artículos transitorios que, en apariencia, resultan ser inconstitucionales".

En el caso de hidrocarburos, la medida cautelar solo deja sin efectos los artículos 57, el cuarto y sexto transitorio del decreto.

Además, el juez requirió a la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, en su carácter de autoridad vinculada y quien tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de la política energética del país, que dentro del plazo de tres días publique en el Diario Oficial de la Federación el aviso de que la Ley de Hidrocarburos, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quedó temporalmente sin efectos debido a las suspensiones.

El artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos faculta al gobierno para realizar la "ocupación temporal, intervención o suspensión" de cualquier permiso o contratar a Petróleos Mexicanos para tomar control de las instalaciones y mantener la operación de las actividades previstas en el mencionado permiso.

Los transitorios permiten a las autoridades revocar los permisos que al 5 de mayo no cumplieran los requisitos de almacenamiento de hidrocarburos ordenados por la Sener, y en general, los que no cumplan cualquier otra disposición.

Esta suspensión provisional permanecerá por lo menos hasta el viernes próximo, cuando se efectuará la audiencia constitucional del juicio, y Gómez Fierro decidirá si la suspensión se hace definitiva, lo que significaría que la Ley de Hidrocarburos no se aplicaría hasta que el amparo se resuelva de fondo.

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