Ultraje a la autoridad, delito de moda, acusan familiares
abril 05, 2021 | Fernando Inés Carmona

Orizaba, Ver.- Abigail Martínez asegura que ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen pruebas contundentes para vincular a proceso a ocho personas sustraídas de un estudio de tatuajes en Orizaba. Aun así, advierte, todo apunta a que el miércoles próximo serán vinculados a proceso por presuntos ultrajes a la autoridad.

Acusó que la Fiscalía prohibió a sus empleados entregar copia de la denuncia que por desaparición forzada se hiciera, "sería una prueba contundente para demostrar la ilegalidad de la detención". Este domingo se llevó a cabo una nueva protesta por su detención.

Los familiares de los ocho detenidos, y encarcelados en el penal de mediana seguridad de Amatlán de los Reyes acusan que el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado fabrican delitos para justificar la detención ejecutada el 30 de marzo.

En un documento llaman al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la SSP, y a Verónica Hernández Giadáns, fiscal general, a que se revise este caso. "Exigimos liberación inmediata de nuestros familiares desaparecidos y detenidos injustamente".

"Las familias de las personas que el 30 de marzo fueron sustraídas de un estudio de tatuajes ubicado en la calle Madero Norte de esta ciudad de Orizaba rechazamos las acusaciones que pesan sobre nuestros familiares. Reiteramos que son completamente inocentes y seguimos exigiendo su liberación inmediata. Repudiamos la forma en la que las autoridades han llevado el proceso de nuestros casos", manifestó la hermana de dos de los detenidos al leer públicamente un documento.

"Han omitido y negado que se trató de una desaparición y lo han manejado como una detención fincándoles delitos que nunca cometieron. Uno de ellos, ultrajes a la autoridad, al parecer el delito de moda en esta administración, pues cabe recordar que el 11 de marzo se reformó el Código Penal para que este delito fuera aprobado aunque la medida sea completamente inconstitucional.

"En el caso de nuestros familiares que permanecen detenidos La Toma en Amatlán, las autoridades han querido hacer parecer que estuvieron involucrados en un supuesto enfrentamiento contra la policía en la zona de Villa Unión, en Fortín, cuando ellos fueron privados de su libertad a plena luz del día y ante testigos en la calle Madero Norte de Orizaba.

"Llama la atención el hermetismo con el que en las primeras horas manejaron el asunto y la declaración de mismo gobernador horas después diciendo que se trataba de una detención, cuando existen al menos cinco denuncias en la Fiscalía Especializada de Orizaba por desaparición, denuncias de las que por cierto se negaron a proporcionarnos copia en la Fiscalía de Córdoba pues justamente son pruebas contundentes que podrían echar abajo sus acusaciones desde la primera audiencia que ya se llevó a cabo el viernes con una duración de 12 horas con un resolutivo de prisión preventiva para nuestros familiares que han pasado de víctimas a victimarios de una manera grotesca y vil, en lo que se trata de un montaje orquestado."

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