Desplazados por la presa Cerro de Oro en 1988 piden ayuda a AMLO
marzo 31, 2021 | Norma Trujillo Báez

Pobladores de Oaxaca que fueron reinstalados en tierras veracruzanas como parte del desplazamiento forzado al construirse la presa Cerro de Oro, se manifestaron en las instalaciones locales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para exigir una revisión y mantenimiento de la presa para evitar una catástrofe en la cuenca del Papaloapan y exigieron el pago el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) porque no se han pagado las indemnizaciones correspondientes.

Los manifestantes exigieron que les cumplan lo que les prometieron: tierra y servicios, cuando las familias fueron reinstaladas en tierras de Veracruz, al construirse la presa Cerro de Oro, formalmente llamada Presa Miguel de la Madrid, es una presa ubicada en el cauce del Río Santo Domingo en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca; fue inaugurada en 1988 por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado.

El 4 de abril de 1978, el presidente Luis Echeverría Álvarez firmó el decreto expropiatorio de tierras de diversos núcleos agrarios de población indígena chinanteca para la construcción de la presa Cerro de Oro en el estado de Oaxaca a fin de concentrar el agua de los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacán.

La presa fue inaugurada en 1988 y se justificó su construcción para impedir las inundaciones de la parte baja del río Papaloapan y la creación de un distrito de riego además de aumentar la capacidad de generación eléctrica de la presa Miguel Alemán.

Sin embargo, para la construcción de la presa se tuvo que reubicar la comunidad chinanteca de Arroyo Tambor en la región veracruzana de Uxpanapa entre 1976 y 1991. Los ejidatarios afectados por la construcción solicitaron 86 hectáreas de tierras en restitución del terreno ejidal expropiado para el vaso de la presa.

La oferta de indemnización consistía en construir 15 poblados con todos los servicios básicos y casas con solar para las familias reubicadas, así como una carretera con tres puentes para atravesar los ríos; dinero por la expropiación de sus tierras y por el valor de sus casas en La Chinantla, así como implementación de programas productivos con asesoría y capacitación.

Pero, de acuerdo con los manifestantes, viven en condiciones de pobreza, hay comunidades sin agua, sin los satisfactores necesarios para vivir bien, "no han cumplido los gobiernos", por ello, piden la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que les hagan justicia, tras varios sexenios de olvido.

Existían cuarenta y un decretos expropiatorios respecto del municipio de San Lucas Ojitlán a favor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con cargo a la Conagua, de los cuales diez se encuentran ejecutados y treinta y uno no cuentan con antecedente de ejecución toda vez que el Fifonafe no había realizado el pago de las indemnizaciones correspondientes.

También los manifestantes reclamaban el pago de indemnizaciones del Fifonafe, pues se contempla que el gobierno federal "no ha indemnizado a más de 100 indígenas chinantecos y mazatecos de municipios de la Cuenca del Papaloapan por el uso de sus tierras para la construcción de las presas Miguel Alemán Valdés y Miguel de la Madrid".

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