"Tiene implicaciones graves" descuento vía nómina aprobado por senadores: El Barzón
marzo 04, 2021 | Norma Trujillo Báez

La derogación de la figura del crédito de nómina de cobranza en la Ley General de Títulos de Cobranza y Operaciones de Crédito tiene implicaciones graves porque los patrones podrían firmar convenios con financieras para el descuento vía nómina de los trabajadores, y el mecanismo de financiamiento que se paga con descuentos directos del salario del trabajador ha sido durante años en Veracruz un negocio predatorio que ha propiciado sobreendeudamiento, usura y atropellos a los derechos humanos de los acreditados por la falta de transparencia, equidad y seguridad jurídica a favor de los prestamistas y en perjuicio del patrimonio de los asalariados, dijo Teresa Carbajal, coordinadora del Barzón de Resistencia Civil.

En conferencia de prensa, la coordinadora del Barzón de Resistencia Civil, comentó que el pasado 18 de febrero fue aprobada por la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma por adición a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito con la finalidad de crear la figura de "Crédito de nómina con cobranza delegada", y se anunció como una forma de proteger el derecho al crédito, fomentar la inclusión financiera y evitar abusos a usuarios.

"Sin embargo, después de un análisis jurídico, social y político nos damos cuenta de que la iniciativa responde a las cifras de cartera vencida y moratoria que aumentan por la crisis económica ante la pandemia y las entidades financieras buscan perfeccionar sus métodos de cobranza. El mayor beneficio será evitar procesos judiciales y con ello costos en la recuperación de sus capitales", dijo.

"Este modelo violenta el debido proceso, juicio justo, y la garantía de audiencia como máximo principio de seguridad jurídica y económica. Permitiéndose una especie de ‘embargo sin juicio’ sobre sus ingresos, orden que solo podría ser decretada por un juez. Además se obligaría a los trabajadores a demandar a su acreedor en caso de inconformidad ante algún abuso o atropello a sus derechos, con las consabidas consecuencias que un proceso implica para el deudor, en costos, tiempo, movilidad…".

Además, dijo, debe considerarse que por mandato Constitucional el salario es inembargable, al igual que las pensiones jubilatorias, por lo que la iniciativa resulta inconstitucional al privarnos de la posibilidad de llevar una vida libre y autónoma que nos permita el ejercicio de la democracia.

"El salario no se toca y no debe ponerse a disposición de intereses particulares o de grupos, porque es nuestra protección económica, un derecho fundamental que nos da seguridad jurídica, económica y acceso efectivo a la justicia".

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