Estado mexicano, sin responder petición de la CIDH en el caso Ernestina Ascencio
febrero 27, 2021 | Norma Trujillo Báez

Al cumplirse ayer 14 años de la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, las peticionarias del estudio a fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la muerte de la indígena de Soledad Atzompa, quien acusó a los militares de haberla violado, señalaron que al prevalecer contradicciones y silencio posterior por parte de la actual administración del Gobierno de México han solicitado a la CIDH la emisión a la mayor brevedad posible, del Informe de fondo, determinando las violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el Estado mexicano y le formule las recomendaciones tendientes a garantizar a las víctimas y al conjunto de la sociedad, la verdad y la justicia integral que el Estado ha negado reiteradamente.

El Estado mexicano no ha respondido las preguntas que le hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Ernestina Ascencio Rosario, indígena de 73 años que habría sido violada sexualmente presuntamente por militares que mantenían un campamento en Soledad Atzompa el 25 de febrero de 2007 y un día después vendría su muerte a consecuencia de la violación.

El perito Pablo Mendizábal realizó la necropsia y aseguró que había sido violada por tres personas, tras analizar los rastros de líquido seminal; sin embargo, el 13 de marzo de ese año el presidente de la República, Felipe Calderón, dijo que Ernestina murió por una úlcera y que no había rastros de que fuera violada, luego de un acuerdo con el exgobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Las organizaciones que han llevado el caso a la Corte: el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara y Kalli Luz Marina, señalan que el Gobierno de México mantiene una postura de silencio y contradicción.

El 4 de diciembre del año pasado se realizó una audiencia ante la CIDH en la que la Fiscalía General de Veracruz (FGE) y representantes del Gobierno de México afirmaron que la muerte de Ernestina Ascencio se debió a anemia aguda derivada de sangrado de tubo digestivo, y no a los daños ocasionados por la violación tumultuaria. El 10 de diciembre de 2020 el Gobierno federal aseguró que no compartía la postura de la FGE y reabriría el caso, además de que presentaría su propia postura ante la Corte. Las organizaciones señalaron que el Estado debía responder las cuestiones formuladas por la CIDH durante la audiencia, pero lo que se presentó fue una solicitud de 10 días de prórroga para remitir la información, la cual le fue concedida el día 7 de enero del presente año, venciendo el 17. A un mes de vencimiento del plazo para que el Estado remitiera a la CIDH las respuestas y propuesta comprometidas, las cuales no han sido recibidas por las peticionarias, aunque sí otros documentos de trámite". Por lo que demandaron garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para Ernestina y sus familiares; así como la no repetición de estos hechos contra mujeres indígenas, en la región de Zongolica y en ningún otro lugar en el país.

Las organizaciones exigen adopción de medidas tendientes a honrar la imagen y la memoria de la señora Ernestina de manera adecuada a su cultura y en acuerdo con su familia. Exigimos que se otorgue reparación integral en el contexto cultural y comunitario, de las consecuencias ocasionadas a la familia de la señora Ernestina Ascencio Rosario, de acuerdo con los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de manera que recuperen su tranquilidad y repare los daños que la perdida de la señora Ascencio haya causado en sus vidas.

Además, diseñar e implementar de manera progresiva los derechos económicos, sociales y culturales en las mujeres y pueblos indígenas, en particular, que se garantice el derecho a la salud integral e intercultural, con especial atención en la traducción e interpretación en las lenguas indígenas. "Exigimos que se adopten medidas estructurales de garantía y respeto de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, vulnerados con hechos tan atroces como los sufridos por la señora Ernestina Ascencio, asegurando que no lo vuelva a vivir ninguna mujer indígena, que ningún territorio indígena sea ocupado por militares y el retiro de la Guardia Nacional de los territorios indígenas en el país, a menos que las propias comunidades soliciten su presencia".

También demandaron que cese la persecución y se brinde protección, reconocimiento y reparación del daño ocasionado, a sus familiares y a las personas que a través de los años han defendido la verdad y la justicia ante lo ocurrido, entre ellos, periodistas, servidores públicos y defensores de derechos humanos.

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