Insisten ONG ante la CIDH en investigar nuevamente el caso de Ernestina Ascencio
febrero 25, 2021 | Norma Trujillo Báez

Al cumplirse 14 años de la muerte de Ernestina Ascencio, originaria de Soledad Atzompa, quien fue presuntamente violada por elementos del Ejército Mexicano el día 25 de febrero de 2007 y dejó de existir al día siguiente, las organizaciones que fraguaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se inicie una nueva investigación del caso aún no han sido notificadas si el Estado Mexicano ya dio respuesta a varias interrogantes para que la CIDH dé su análisis de fondo.

Patricia Benítez, vocera de los grupos Kalli Luz Marina, Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos y el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC (Cesem), que son las peticionarias para que la CIDH estudie el caso de Ernestina, dijo que aún no han sido notificadas por la Comisión sobre la existencia de una respuesta del Estado Mexicano, que solo se enteraron que después de la fecha fijada para el 3 de enero de 2021 para entrega del informe, el Estado Mexicano pidió una prórroga de diez días para presentar su postura.

Cabe recordar que el 4 de diciembre de 2020 se llevó a cabo la audiencia de la CIDH, en la que la representación del Estado Mexicano negó que se cometieran violaciones a los derechos humanos de la indígena de Tetlacinga, en el municipio de Soledad Atzompa, Ernestina Ascencio Rosario, quien presuntamente fue violada por militares.

Los funcionarios fueron entonces cuestionados por la comisionada Esmeralda Arosemena, quien preguntó: "¿Qué tan normal es que un presidente de la República se pronuncie en un caso en materia penal?", dado que en su momento, Felipe Calderón, siendo presidente del país, declaró que Ernestina murió por anemia; Arosamena preguntó también: "¿Qué tan normal es la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al hacer peritajes?", dado que entre el primer y segundo peritaje hay un vuelco enorme.

En la audiencia, la postura del Estado Mexicano fue ratificar ante la CIDH lo asumido por Calderón, entonces presidente de la República, y Fidel Herrera Beltrán, a la postre, gobernador, y lo señalado también en la investigación que hizo la CNDH. "El estado Mexicano ha dado atención y las investigaciones fueron subsanadas sin que existieran afectaciones a la señora Ernestina, no se cometieron violaciones a los derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ofrece a los familiares directos tener acceso al expediente, dijo Hernán Cortés Hernández, fiscal coordinador especializado de Veracruz, quien también desestimó el hecho de que sean las organizaciones sociales quienes estén pidiendo justicia y no los familiares directos.

Esta postura de la FGE causó críticas, y el 8 de diciembre de 2020, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su gobierno no cerraría carpetas de investigación, y afirmó que se reabriría el caso, sin embargo, las organizaciones que piden justicia por la indígena de la Sierra de Zongolica piden no una reapertura, sino una nueva investigación sobre la muerte de Ernestina.

Así, el 10 de diciembre de 2020, Alejandro Encinas afirmó que el Estado Mexicano haría una "solución amistosa" ante la CIDH, como parte de la respuesta dada por el presidente de México, pero a la fecha las organizaciones siguen sin saber qué respondió el Estado Mexicano ante los cuestionamientos que hicieron las comisionadas de la CIDH.

Esmeralda Arosemena, comisionada, pidió al estado hablar sobre la participación de la CNDH, quienes presuntamente cambiaron los peritajes, sobre el personal técnico forense que fue denunciado y sancionado por el manejo de ese peritaje, exponiendo las razones de ello. Pidió igualmente saber cómo se manejaban los procesos entre los peritos, cuando, aseguró, en un peritaje de violencia sexual se destruye los órganos internos de la víctima.

Julissa Mantilla, comisionada, agregó los cuestionamientos sobre por qué el cambio total de un informe a otro totalmente distinto, cómo van las investigaciones, si tienen la información de cuáles fueron las actividades del batallón, si tienen registro de otras denuncias de otro batallón, y solicitó que el Estado informe cuáles son los programas de capacitación de género a los batallones de militares, si hay estadísticas de violencia sexual en las fuerzas armadas, detallado por zonas geográficas, el número de intérpretes que hay en los batallones y si cuentan con otra información sobre otros casos más allá de la señora Ernestina.

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