Acto de justicia a la UV
febrero 20, 2021 |

Es sabido que en los últimos años, las universidades y en general el sistema de educación superior afrontan múltiples retos, particularmente el financiero y las complicaciones que, para su funcionamiento, modernización, actualización a las nuevas tecnologías y capacidad para responder a la demanda social, significa la falta de dinero. Todo ello ocasionado principalmente por el proceso privatizador que impusieron como dogma y método las administraciones neoliberales, para las cuales refrendar la obligación del Estado y garantizar la gratuidad de la educación no es relevante y es visto como una manera de dilapidar el dinero, pues es una inversión poco redituable, desde la lógica empresarial que ha allanado la administración pública. De este modo, prácticamente todas las universidades públicas del país atraviesan severos problemas que ponen en peligro su vialidad como centros de pensamiento y formación académica de las nuevas generaciones mexicanas, que poco a poco han visto cómo se limita y escamotea su acceso a la educación universitaria.

La Universidad Veracruzana ha sido víctima también de esas políticas públicas que anualmente habían venido reduciendo la disposición presupuestal para forzar una crisis institucional, y que los aspirantes rechazados a ingresar optaran por acudir a la infinidad de centros educativos privados que surgieron como alternativa de formación profesional. Por si algo faltara a esa carencia de disposición presupuestal, la máxima casa de estudios del estado escuchó durante tres sexenios las falsas promesas de políticos inescrupulosos, quienes aseguraban que el gobierno estatal se haría cargo de sus adeudos fiscales, lo que liberaría para fines de mejoramiento de su infraestructura o fortalecimiento de su planta académica, los recursos destinados a cubrir millonarias obligaciones hacendarias.

Ninguno cumplió y el de extracción panista hasta tuvo la desfachatez de anunciar públicamente que se haría cargo del adeudo. Pero luego de una larga batalla por buscar su salud financiera, la UV durante la administración de la rectora Sara Ladrón de Guevara recibió el respaldo formal del actual gobierno de la entidad a cargo de Cuitláhuac García, y la Legislatura aprobó este jueves el decreto que modifica los artículos 16, 18, 21 y 22 del Decreto número 826 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz y que en su artículo 18 "autoriza a la Universidad Veracruzana la ampliación de recursos presupuestales hasta por la cantidad de mil 682 millones 467 mil 895.76 pesos, para el estricto cumplimiento de los fines solicitados".

De esta forma, se liquida el adeudo histórico que la Universidad mantiene con el SAT por el pago del impuesto sobre la renta (ISR) retenido por sueldos y salarios de los trabajadores universitarios, correspondientes al periodo agosto 2014-mayo 2015, resultado de los importes que el gobierno del estado de Veracruz adeuda a nuestra casa de estudios por incumplimiento en el pago de las ministraciones solicitadas en administraciones estatales pasadas, originadas entre los años 2008 y 2016.

La UV informó que estos recursos permitirán cubrir a nombre y cuenta de la Universidad, tanto el importe del ISR señalado, así como las multas, accesorios, recargos y actualizaciones generadas por el gobierno del estado, como resultado de la falta de pago. Al contar con la liquidación total del adeudo con la autoridad fiscal federal, la Universidad contará, además, con la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, la cual ha limitado la participación de nuestra institución en proyectos federales para la obtención de recursos adicionales, y podrá atender, tanto los señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a las cuentas públicas 2014, 2015 y 2016, como la recomendación del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado de continuar con las gestiones de cobro. Con estos recursos se cumple con el porcentaje del presupuesto destinado por parte del gobierno del estado a la Universidad Veracruzana, de acuerdo con la autonomía presupuestaria que señala la Constitución Política estatal. No es poca cosa lo acontecido en la Legislatura pues la liquidación de dicho adeudo deberá traducirse en una Universidad fuerte, de acuerdo con la altura de las necesidades de la sociedad veracruzana.

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