Presenta Orfis denuncias contra ex funcionarios por daño patrimonial
febrero 19, 2021 | Agencias

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presentó cuatro denuncias penales contra ex funcionarios panistas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por presunto daño patrimonial en los años 2017 y 2018, al igual que contra personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) por mal manejo financiero en el periodo de Jorge Winckler Ortiz, al adjudicar una obra pública de manera directa.

La auditora general, Delia González Cobos, afirmó que como parte de la nueva revisión que ordenó el Congreso local se detectó un daño patrimonial adicional a la Cuenta Pública 2018 por un monto de 3 mil 54 millones de pesos. También mencionó que en el ejercicio del año 2018 se interpuso una denuncia contra funcionarios del municipio de Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, hijo del ex gobernador, por el mal manejo de recursos públicos.

Fueron reiteradas las preguntas de diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Institucional (PRI) sobre las querellas presentadas por el presunto desvío de fondos entre 2017 y 2018, periodo de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, dejando de lado el retraso en la fiscalización de 2019, luego de que se amplió el periodo de entrega 10 meses.

La diputada Mónica Robles Barajas, primera en cuestionar al respecto, pidió detalle de las denuncias presentadas en 2018, luego de la nueva revisión que ordenó el propio Congreso. En respuesta, la funcionaria del Orfis mencionó que una de las denuncias corresponde al Sistema de Videovigilancia por más de mil 44 millones de pesos; además, se denunció al municipio de Veracruz por no justificar el manejo de 10 millones 399 mil pesos; así como al Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara por irregularidades del orden de los 22 millones 504 mil pesos; así como a las autoridades de Playa Vicente por no justificar el manejo de 472 mil 877 pesos.

"Lo que hace un total de mil 77 millones 840 mil 775 pesos con 53 centavos". Sin embargo, aclaró que ahora está en la competencia de la Fiscalía General del Estado el brindar avances sobre las investigaciones y la sanción a los responsables de malos manejos.

"Sale de nuestra esfera de competencia la labor que tiene una autoridad fiscalizadora de vigilar los procesos judiciales, nosotros actuamos con ellos en la medida que integramos expedientes, les hacemos llegar documentación y estamos atentos y vigilantes que el proceso judicial siga, pero no está en nuestras manos la resolución", insistió a la diputada del distrito de Coatzacoalcos.

Denuncias por más de 50 mil mdp; Orfis solo detecta 3 mil mdp

Otro que cuestionó sobre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue el diputado del PRI, Antonio García, a quien le enlistó otras cuatro querellas. Además del Sistema de Videovigilancia, le explicó, se denunció a quien resulte responsables por la reestructuración y liquidación de la deuda pública, luego de que se detectaron fondos de reserva que no aparecían en los fideicomisos por 8 mil millones de pesos; otra es por 18 mil 650 millones por la simulación de registro contable de la Cuenta Pública Consolidada del Ejecutivo del 2018.

La tercera fue por simular el registro de la Cuenta Pública por 27 mil 455 millones que se presentó en junio del 2019; y la última contra la propia FGE, en el periodo de Jorge Winckler, por la adjudicación directa de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.

No cuadran los números entre ASF y Orfis

Justificó que los datos de presunto daño patrimonial entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano de Fiscalización no cuadran debido a que no tiene los mismos tiempos para la revisión, y cuando el ente federal da a conocer los resultados no se permite la solventación de observaciones. En cambio, el Orfis da cuenta del resultado de las auditorías después de que los entes fiscalizables justificaron el manejo financiero de los recursos.

Por eso, aseguró, en 2017 la ASF reportó un presunto daño patrimonial por mil 500 millones, mientras que el Orfis reportó mil 400 millones; para el 2018, la ASF encontró irregularidades por mil 800 millones y el Orfis por 3 mil 600 millones, adicionales a la primera revisión.

Presenta informe de gobiernos de Yunes y Duarte

La auditora general del estado, Delia González Cobos, afirmó que a la fecha se acumulan un total 199 denuncias penales por daño patrimonial de 33 mil 377 millones de pesos en administraciones del PRI y PAN.

Su informe de resultados se concentró en dar a conocer datos de cuentas públicas de años anteriores, que ya fueron aprobados y fiscalizados por diputados locales, debido a que el órgano no ha entregado el informe correspondiente al 2019, luego de que se validaron tres ampliaciones en la fecha de entrega del resultados de las auditorías, a consecuencia de la pandemia del virus SARS-CoV-2.

La titular del Órgano de Fiscalización Superior justificó el retraso al mencionar que para la revisión del 2019 no contrataron despachos externos para auditar a los entes y se determinó ampliar las revisiones de auditoría técnica a la obra pública, por servidores públicos del Orfis. Sin embargo, se contrató 80 auditores, lo que generó un gasto de 6 millones 467 mil pesos.

Para revisar esa cuenta se planearon 830 auditorías, de esas 310 son presupuestales, 225 técnicas a la obra pública; 60 de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera; seis integrales (legalidad y sobre el desempeño); 169 revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, y 60 evaluaciones de participación ciudadana.

Respecto al 2017, año en el que la entidad veracruzana era administrada por el panista Miguel Ángel Yunes Linares, la titular del Orfis mencionó que notificaron a 340 órganos internos de control 3 mil 140 observaciones administrativas y 2 mil 019 recomendaciones, a las cuales 316 órganos internos de control dieron cumplimiento.

Sobre el seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial se iniciaron 129 procedimientos de investigación, de los cuales se emitieron: 40 acuerdos de conclusión y archivo, 19 informes de presunta responsabilidad administrativa y 59 se encuentran en proceso de investigación. Además, se interpusieron 31 denuncias penales que en su conjunto suman un daño patrimonial de 783 millones 534 mil 691 pesos.

Como resultado de esta nueva valoración de la Cuenta Pública 2018 se reiteró que en materia financiera y técnica a la obra pública se revisaron 97 entes estatales fiscalizados, y en 43 se determinó un presunto daño patrimonial por 3 mil 054 millones de pesos.

De 212 municipios fiscalizados, en 131 se determinó un presunto daño patrimonial por 300 millones 109 mil pesos. En materia de deuda pública y obligaciones se determinaron irregularidades de presunto daño patrimonial por 125 millones 490 mil pesos, correspondientes al Ejecutivo del estado.

Además, de la auditoría en materia de deuda instruida por el Congreso local se determinó presunto daño patrimonial por 183 millones 471 mil pesos; y de los 227 entes municipales, en cuatro se determinó un presunto daño patrimonial por 4 millones 423 mil pesos.

Se notificó a 340 órganos internos de control 4 mil 198 observaciones administrativas y 3 mil 621 recomendaciones; a lo cual 299 órganos internos de control dieron cumplimiento.

Se iniciaron 181 procedimientos de investigación, de los cuales se emitieron 15 acuerdos de conclusión y archivo, y hasta ahora se han interpuesto cuatro denuncias penales por un daño patrimonial de mil 077 millones 840 mil pesos.

Los entes fiscalizables para hacer la solventación presentaron reintegros a sus cuentas bancarias por fondo observado, por un total de 40 millones 787 mil pesos.

Sin fecha de entrega de Cuenta Pública 2019

La entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019 y 2020 se va a empalmar y se busca que el Congreso la pueda aprobar de manera conjunta, afirmó la titular del Órgano de Fiscalización Superior.

En la sesión de preguntas y respuestas durante su comparecencia ante diputados locales evitó dar una fecha exacta para el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019, luego de que se dieron tres prórrogas a la fecha que marca la ley, sin embargo, destacó que han avanzado 85 por ciento en la integración del documento.

Fue reiterado el discurso de la auditora al señalar que la contingencia sanitaria obligó a replantear la forma de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, y destacó que cuatro trabajadores del órgano murieron a consecuencia del virus SARS-CoV-2, mientras que otro 25 por ciento forma parte de grupos de riesgo, por lo que fueron confinados a casa.

La primera pregunta que formuló el presidente de Comisión de Vigilancia, Éric Domínguez, fue cuándo se iba a presentar el informe, pues el Orfis tiene hasta el 31 de julio para entregarles el resultado de las auditorías 2019.

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