Desde 2012, Congreso federal no ha reformado la Ley General de Aguas
febrero 16, 2021 | Norma Trujillo Báez

Comunidades de Quintana Roo y Veracruz presentan demandas de amparo pidiendo se emita la Ley General de Aguas incorporando criterios amplios sobre participación y el manejo integrado de las cuencas. En el caso de Veracruz señalan que "es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible y culturalmente adecuada; el proyecto de vida de las y los quejosos da cuenta de la importancia de contar con una normatividad que incorpore estos elementos".

El 8 de febrero de 2012 se modificó el artículo 4° de la Constitución a fin de incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento. En el artículo Tercero Transitorio del Decreto se estableció un plazo de 360 días para que, a partir de la fecha de publicación de estas modificaciones a la Constitución, el Poder Legislativo federal emitiera la Ley General de Aguas, lo cual no ha ocurrido hasta el día de hoy.

El amparo presentado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Séptimo Circuito en Veracruz establece que "es urgente la expedición de un marco jurídico que garantice el derecho al agua de manera sostenible y culturalmente adecuada; el proyecto de vida de las y los quejosos da cuenta de la importancia de contar con una normatividad que incorpore estos elementos".

Lo anterior se refiere a que en la cuenca del río La Antigua –que corre desde el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba, en el centro de Veracruz, hasta su desembocadura en el Golfo de México– las personas y comunidades indígenas, campesinas y rurales que habitan en esta región realizan actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la pesca y el turismo, al tiempo que han construido en su territorio un patrimonio intangible compuesto por los saberes ancestrales, rituales y tradiciones culturales y espirituales que están vinculadas con el agua.

Es así que para ellos la constitucionalidad de la legislación en materia de aguas depende de que la perspectiva y manejo indígena y campesino, así como la gestión integrada de la cuenca, sean plasmadas en ella.

Tanto el amparo presentado en Quintana Roo como el de Veracruz solicitan, respectivamente, a la autoridad judicial ordenar en la sentencia a las autoridades responsables –en este caso el Poder Legislativo federal– cumplir de manera cabal con su obligación y legislar sobre el derecho humano al agua, emitiendo la Ley General de Aguas.

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