Familiares de presuntos autodefensas detenidos se encadenan en protesta
enero 27, 2021 | Agencias y Sayda Chiñas Córdova

Veracruz, Ver.- Gran movilización de corporaciones policiacas estatales y federales se registró en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de la colonia Vista Mar de la ciudad de Veracruz luego de que un grupo de supuestos autodefensas irrumpió en oficinas del juez Armando Virgen Alcalá, quien vinculó a proceso a David "N" e Iván "N" por los probables delitos de portación ilegal de armas y ultrajes a la autoridad.

Los hechos se registraron la mañana del martes en estas oficinas donde inicialmente Magdalena Dionisio Carcano y Dalia Cristina Rodríguez, mamá de David "N", Bicho, y esposa de Iván "N", respectivamente, se encadenaron afuera del recinto para exigir la liberación de sus familiares, quienes fueron trasladados a un penal de Chiapas tras ser vinculados a proceso a mediados de diciembre pasado.

Magdalena Dionisio Carcano pidió a los integrantes de los grupos de autodefensas que se sumen a la lucha para exigir la liberación de su hijo, ya que consideró que lo han dejado solo.

Además, la mamá de David "N" insistió en la inocencia de su vástago: "Fueron agarrados injustamente, son inocentes, ni siquiera nos dijeron por qué; solo los trasladaron, no hay un motivo por el que se los hayan llevado".

Durante la protesta, los autodefensas refirieron que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción y una queja ante el Consejo de la Judicatura en contra del juez Armando Virgen Alcalá por supuestas irregularidades y omisiones que cometió en el caso de David "N" e Iván "N".

Al paso de los minutos, los autodefensas decidieron ingresar al Centro Integral de Justicia para protestar en la oficina del juez sin que personal de seguridad se los pudiera impedir.

A unos 20 minutos del ingreso de estas personas a las instalaciones judiciales comenzaron a llegar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública; poco después arribaron otros motopatrulleros, policías ministeriales, elementos de la Guardia Nacional incluso granaderos y finalmente de la Fuerza Civil.

Al enterarse de la movilización policiaca, los autodefensas abandonaron las oficinas acusando que eran víctimas de represión y que se retiraban no por temor sino por dar concluida la protesta.

Al final, los elementos policiacos resguardaron las instalaciones sin que se registraran enfrentamientos o detenciones por la irrupción en el Centro Integral de Justicia.

Interponen queja ante CNDH por supuestos abusos en detención

Familiares de los nueve detenidos en Las Choapas y Minatitlán, presuntamente involucradas en el asesinato de 12 personas, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por abuso de autoridad y ultraje contra la policía ministerial y estatal.

Ana Reyes, familiar de uno de los detenidos, informó que sus abogados les recomendaron presentar la queja ya que el operativo en los dos municipios se hizo en medio de mucha violencia y que fueron golpeados al momento de arrestarlos.

Detalló que los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) ingresaron a los domicilios rompiendo puertas y golpeando a todos los que estaban en la casa y que incluso encañonaron a menores de edad.

Los familiares permanecen en la Unidad Integral de Justicia, cerca del Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos (Cereso), donde fueron trasladados, pero los mantuvieron incomunicados en la base de la policía ministerial de Minatitlán por varias horas.

Los detenidos son Juan Alfredo "N", de 56 años, Juan Yahir "N", de 21 años; José Rodolfo "N", de 23 años; Bonifacio "N", de 57 años; Esteban "N", de 23 años; Fredy "N", Hugo "N", Mario "N" y Rodolfo "N".

Los inconformes argumentan que nunca les presentaron una orden de cateo ni de presentación de los ahora aprendidos, además de que los policías no se identificaron. Todos ellos presentaron algunos datos de prueba que avalan donde se encontraban cuando se dieron los asesinatos de las 12 personas en Las Choapas, además de documentar los destrozos en sus hogares y negocios.

Abogados de los detenidos indicaron que la Fiscalía no les ha permitido acercarse a sus clientes por lo que promovieron un amparo por las violaciones al código de procedimientos ministeriales, pues no fueron presentados ante las autoridades en tiempo y forma.

Los familiares de estas nueve personas señalaron que tienen miedo de represalias por las manifestaciones y acciones legales que han emprendido.

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