Buscan Semarnat y Conagua restablecer decretos de EPN
enero 20, 2021 | Norma Trujillo Báez

Tras el amparo otorgado a favor de pobladores pertenecientes a comunidades de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua en contra del "Decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua", en el que se dictaba que no se pueden otorgar concesiones para megaproyectos a las empresas, no podrán disponer del agua para hidroeléctricas ni para cualquier otro uso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) interpusieron un recurso de revisión para que sigan vigentes los decretos promovidos por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Hoy se cumplen siete años que los pobladores de Jalcomulco, integrados en la asociación Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (Pucarl), bloquearon la entrada a la empresa brasileña Odebrecht y se crearon los centinelas del río, que día y noche cuidan la entrada del predio en donde quieren instalar una minihidroeléctrica en el río Los Pescados de la cuenca de La Antigua, señalaron que seguirán defendiendo su río y luchando para que el agua siga siendo de uso de las comunidades y no de empresas.

Alejandro Gallardo, integrante de Pucarl, lamentó que Conagua y Semarnat vayan en contra de las poblaciones y que ahora sean las inconformes sobre el amparo que les otorgó la justicia federal y lejos de apoyar a las poblaciones defiendan a las empresas y el decreto del expresidente que abre toda explotación al agua.

Cabe recordar que el amparo fue otorgado el mes de mayo pasado por el Juzgado Décimo Octavo en el estado de Veracruz, a favor de diversas personas pertenecientes a comunidades de las cuencas de los ríos Actopan y La Antigua en contra del "Decreto por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas Río Actopan y Río La Antigua, de la Subregión Hidrológica Papaloapan A, de la Región Hidrológica número 28 Papaloapan, y se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas", así como de los "Lineamientos para incluir volúmenes no comprometidos de aguas nacionales superficiales en los 10 decretos de reserva de aguas, publicados el 6 de junio de 2018 a través de la Programación Hídrica".

Con el amparo, el Juzgado ordenó a las autoridades, dejar insubsistente el decreto sobre el retiro de la veda, abstenerse de aplicar los Lineamientos en las cuencas hidrológicas de los ríos Actopan y La Antigua.

En caso de que las autoridades insistan en implementar las modificaciones al estatus de protección actual de las cuencas hidrológicas de los ríos Actopan y La Antigua, las autoridades provean lo necesario a fin de que se lleve a cabo la consulta pública a las comunidades equiparables a través de medios idóneos, en donde se incluyan a los aquí quejosos, entre otros; realizar los estudios técnicos necesarios a que alude la Ley de Aguas Nacionales, los cuales deberán realizarse con base en datos actualizados, acorde con la realidad de las cuencas y teniendo en consideración las necesidades de las comunidades originarias, subsanando las omisiones apuntadas; y una vez realizada la consulta, y publicados los estudios técnicos correspondientes, la Conagua y Semarnat pordrán resolver con libertad de jurisdicción sobre la emisión de dicho Decreto.

Contra la mencionada sentencia, sostiene Alejandro Gallardo, tanto Semarnat como la Conagua interpusieron recursos de revisión, en los que defendieron el Decreto y los lineamientos impugnados. Por un lado, el recurso de revisión presentado por Semarnat fue desechado porque no fue firmado por la autoridad.

Sin embargo, el recurso presentado por Conagua apenas será turnado al Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Boca del Río, para decidir sobre su admisión y eventualmente si la sentencia dictada por el Juez se apega a lo establecido en la Ley de Amparo. Ante ello, dijeron los integrantes de Pucarl siempre hay un riesgo que empresas puedan llevar a cabo sus proyectos sin que las poblaciones estén conformes.

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