Negación al acceso a la justicia, aberración del Estado
diciembre 03, 2020 | José Lima Cobos

Vivimos en un mundo al revés y el Estado mexicano, condenado en sedes internacionales por violación a los derechos humanos, en reiteradas ocasiones, es cómplices silencioso de los atropellos y crimines de lesa humanidad , cuando su actitud debería ser proclive a abrir los espacios para que , la justicia negada en sede interna, se acate de inmediato y no prolongar la agonía de las víctimas de esos nefandos crimines, que provocan desaliento y descrédito mundial.

Así, por ejemplo, cuando se ha precisado el derecho del justiciable, - después de ocho o diez años de esperar justicia- en resolución de una corte extranjera o conocido como tribunal internacional,- en sustento a lo que señala el artículo 133 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos- también llamada ley de leyes- que condena al estado que conscientemente ha firmado un tratado y queda sujeto a dicha determinación, significa que la única escapatoria es cumplir lo juzgado, sin embargo, nos topamos con triquiñuelas jurídicas que el condenado hace para retrasar su observancia , en su integridad, pues con argumentos baladís, como de no competencia, se rezaga la observancia de una sanción-.

Ese vicio, es producto de la corrupción ,que por tanto tiempo ha imperado en el país y que tal parece que no terminará nunca, pues como se ha estado viendo, los empresarios saqueadores y chupadores de la sangre y del esfuerzo de sus trabajadores, quiere seguir medrando, hasta lograr el total desgaste de quienes les sirven, en tanto se niegue el derecho a una vida digna , de ahí que el outsourcing, debe prevalecer , de lo contrario, se niega el estado de derecho que actúa como el embullo, "grande para mi y chiquito" para ti, limosna para el más miserable y" abundancia y alegría para la explotación y el encono.

Existe un paralelismo entre el cártel empresarial- expoliador y saqueador- con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados y jueces federales y los organismos autónomos constitucionales o jueces estatales, que se niegan a que se les aplique una ley que regula sus remuneraciones cuando las que perciben, es producto de un contubernio ominoso para confirmar , como lo afirma el fiscal federal Getz Manero "fuimos preparados para saquear los recursos de la nación", siendo que está en la constitución – artículo 127 constitucional, reformado desde el 2009- que precisa que nadie puede ganar más que el presidente de la republica, sin embargo, estos angelitos - juez y parte- no quieren someterse, y en base a sus conveniencias , sin hacer la ley, integran la trampa, y el ministro Pérez Dayan, a quien toca conocer la controversia constitucional , violando la expresa prohibición del articulo 64 que reglamenta esa acción concede la suspensión , esto es, "siendo la constitución sagrada, es la ley de leyes, en que el pueblo vincula sus libertades y confía a la justicia federal, con la misión no solo de guardarla, sino de decir a los demás poderes: la constitución es nuestra ley y la mía; ni vosotros ni yo podemos violarla".

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como nadie debe respetar y hacer que se respete la constitución, mal se ve que se actúe en forma tan incongruente en cuanto a las remuneraciones en que se transgreda la constitución , pues debe ser ejemplo de legalidad y honestidad plena y así como se reconoce la resolución del colegiado diez de Tamaulipas, sobre el caso de Ayotzinapa que condena a que se llegue al fondo de ese crimen nefando, más aún en el caso de Atenco- área destinada para la construcción de majestuoso aeropuerto, reflejo pleno corrupción extrema,- llevó al gobierno a que, cerca veinte mujeres fueran torturadas y violadas y además de campesinos vejados, donde existe condena de la Corte Interamericana de Derechos humanos para que se castigue a los responsables y que, es ahora ,en que la fiscalía general de la República adopta una actitud reticente para no proceder contra todos los involucrados, ello en razón de que, con independencia que hay cosa juzgada, no se quiere que estos acontecimientos se repitan, y en consecuencia hay jueces, magistrados y ministros de la suprema Corte que deben investigarse para conocer la verdad y que jamás se repitan estos casos, de otra suerte, el país seguirá sufriendo las aberraciones de suyo condenables.

Si existen nombres y apellidos de quien o quienes actuaron criminalmente-por acción u omisión- y ya están condenados , entre otros Peña Nieto y Medina Mora, gobernador del estado de México y director de la dirección federal de Seguridad, respectivamente, también aún viven los jueces, magistrados y 10 de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron responsables al no respaldar lo sostenido por el ministro jubilado Genaro Góngora Pimentel donde se sostiene el mismo criterio con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara internacionalmente responsable al estado mexicanos, por ello, si ya hay sentencia condenatoria, para la no repetición de esa aberraciones, tiene que irse al fondo, de manera que no se vea que se hace la voluntad en los bueyes de mi compadre, sino que todos tienen que responder para que se acredite que no existen contemplaciones y menos complacencias.

Mayúscula responsabilidad tiene la Fiscalía general de la republica, que tendrá que demostrar su autonomía e independencia y si no procede a realizar una investigación profunda, que se llegue al esclarecimiento de la verdad, porque si diez ministros de la corte votaron para que no se castigara a los responsables de esos actos y hechos criminales, sin duda que la mano negra del presidente Fox, está enlodada, pues los actos fueron tan evidentes que no hay duda que son muchos los responsables.

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