FALANGES: Sobre el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas: entre la política ficción y el deber legal
noviembre 23, 2020 | Luis Adalberto Maury Cruz

¿Qué es el gobierno abierto? El gobierno abierto se articula con el derecho a la información pública, que es un derecho humano y la obligación de informar de todo sujeto obligado, pues es su deber legal.

La información pública, que es la base de la transparencia y de la rendición de cuentas, es con frecuencia el dicho que oscila entre un Cantinflas y una narración de lo inexistente. La información pública por ley debe ser verdadera, pertinente y en lenguaje ciudadano. ¿Conoce algún funcionario que le haga la competencia a Cantinflas?

El derecho a la información pública se encuentra contemplado de forma expresa el Artículo 6º párrafos dos y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión."

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios."

En los portales de transparencia de los sujetos obligados de las entidades públicas, de los tres niveles de gobierno, de los tres poderes y de los órganos autónomos, no generan el libre acceso a información plural y oportuna.

Organismos garantes, como el Instituto Veracruzano de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IVAI) o el Sistema Anticorrupción (SEA) son notoriamente corruptos y violadores del derecho humano a la información pública y a la participación política, pues no generan una trasparencia proactiva y encubren actos de corrupción como el nepotismo fragrante por todos conocidos o inconstancias en el manejo de recursos públicos como los señalado por la Auditorio Fiscal de la Federal en el sector salud y en particular en la Secretaria de Salud de Veracruz.

Todo sujeto obligado no puede omitir obligaciones comunes como: 1) Marco normativo, estructura orgánica, facultades, metas y objetivos, 2) Indicadores, directorio, remuneración y viáticos, 3) Condiciones generales de trabajo, 4) Información financiera, informes de las auditorías 5) Montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes se les asignó recursos públicos, 6) Concesiones, contratos, convenios, licencias, 7) Información de adjudicación directa y licitación, 8) Estadísticas del cumplimiento de facultades, 10) Avances programáticos o presupuestales, y estado financiero; 11) Padrón de proveedores y contratistas; 12) Convenios de coordinación con el sector social y privado, 13) inventario de bienes; 14) Mecanismos de participación ciudadana; 15) Información sobre la población, objetivo y destino; entre otros. Sin esto no hay gobierno abierto.

Todos estos en portales de transparencia de los sujetos obligados en formatos amigables y en lengua ciudadano. Es decir, con el minimo de formalismos y recovecos técnicos, siendo simple, claro, llano y sucinto.

En México esto tiene su fundamento en los artículos 1º párrafo tres, 6º párrafo dos y tres, en el 109, Fracción III, del Código patrio; en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en particular en las 48 obligaciones comunes de los sujetos obligados establecidas en su Artículo 70.

Con frecuencia los sujetos obligados en sus portales de transparencia tiene marco normativo, estructura orgánica, facultades, metas y objetivos no actualizados; no presentan indicadores, directorio, remuneración y viáticos desglosados por servidor público; es nula la información financiera, informes de las auditorías; son ausentes o falaces los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes se les asignó recursos; no hay claridad en las concesiones, contratos, convenios, licencias, adjudicación directa y licitación....

Los órganos garantes sumidos en escándalos de corrupción, ineficiencia y descredito. Por ejemplo los ya conocidos en SEA que van desde acoso sexual, nepotismo, plena ineficiencia y contubernio.

Ni el IVAI, ni el SEA generan la cultura de la transparencia, ni la rendición de cuenteas, haciendo imposible el gobierno abierto. pues, no hay mecanismos reales de participación ciudadana, ni siquiera se protegen los datos personales en las dependencias públicas; baste recordar que a su ingreso se requiere un registro, el cual es con frecuencia en simples hojas sueltas en donde se depositan datos personales, careciendo de los avisos de privacidad y de registro de tales datos, incurriendo en irregularidad admirativa y en ocasiones es base para delitos relacionados con el tráfico ilegal de datos personales.

Estas obligaciones son el elemento sine qua non para la rendición de cuentas, pues sin transparencia no hay gobierno abierto. Esto sería una violación del derecho humano a la información pública, a la protección de todos personales y a la participación política.

Como se ve no hay gobierno abierto. Una comparecencia planchada y aun siendo critica no es rendición de cuentas. Es un desfile con frecuencia de funcionarios ineptos en medio de diputados comprados. La rendición de cuentas supone mecanismos reales de participación social y fiscalización ciudadana, que deben garantizar los organismos garantes, pero estos son política ficción.

Si se quiere un gobierno abierto se debe emplear los recursos tecnológicos actuales para una transparencia proactiva, la rendición de cuenta y el combate a la corrupción, incentivar el escrutinio, la crítica y el lenguaje ciudadano. En fin, ¿usted qué piensa?...

lmaury_cruz@hotmail.com

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